“Es un pago de favor, netamente, porque un cargo que fue honorario siempre lo meten medio entre gallos y medianoche, porque medio que no querían que se publicitara, y no lo trataron, no lo discutieron, sólo levantaron la mano”, afirmó a la diaria el diputado frenteamplista y presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Nicolás Lorenzo, respecto del aditivo a la Rendición de Cuentas que instala el cobro de un sueldo para la presidencia del Fondo de Solidaridad (FDS), y que fue aprobado en Diputados por la coalición de gobierno el 19 de agosto.
Según dijo, el aditivo “lo presentaron en el momento” y el Frente Amplio (FA) tomó conocimiento del asunto en esa instancia, aunque “se comentaba que se iba a presentar por parte del Partido Colorado”. Concretamente, fue desde el sector Ciudadanos a iniciativa de la diputada María Eugenia Roselló, que luego “negoció” con el Partido Nacional. “Si dieran alguna justificación de algo del cambio... pero no la hay, entonces es un pago de favor”, remarcó el diputado.
El FDS es integrado por la Comisión Honoraria Administradora, la Gerencia General y cinco gerencias de áreas, entre ellas las de becas y de administración y finanzas. Las gerencias son las únicas que reciben sueldo e, históricamente, los ocho miembros de la comisión han sido honorarios. El sueldo que dispone el aditivo es exclusivamente para la presidenta, actualmente la contadora Rosario Cerviño, que forma parte de este último grupo, y de aprobarse en la Cámara de Senadores pasaría a cobrar casi $135.000 nominales que saldrían del presupuesto del FDS.
Cerviño tiene un vínculo de cercanía con Roselló. De hecho, cuando fue designada para la presidencia del Fondo, Roselló escribió en su cuenta de Twitter: “Una gran alegría porque la conozco, es conocedora del sistema y es la primera mujer en asumir el cargo. Felicidades Rosario”.
“El FA está en contra, no estamos de acuerdo con ese tipo de regalías. El gobierno busca una forma de pagar favores políticos con sueldos muy abultados: este es de $135.000, y sin embargo por el otro lado te recortan políticas sociales. Es una señal clara del rumbo del gobierno, que es proteger a sus cargos políticos y pagarles muy buenos sueldos”, manifestó Lorenzo.
En ese marco, dijo que dialogó al respecto con el senador de su misma fuerza política, Alejandro Sánchez, y “van a ver si pueden hablar en la Cámara de Senadores de que eso no prospere”, aunque aparentemente “tiene los votos” de la coalición. “Son cosas que a nosotros un poco nos frustran, porque lo que hacemos es denunciar y votar negativo, pero los votos los tiene el gobierno”, concluyó.
Desde adentro
Ante la aprobación del aditivo en la Cámara de Representantes, la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) se pronunció a través de una carta pública y rechazó el otorgamiento del sueldo.
Duilio Amándola, representante de AUDU en el FDS, dijo a la diaria que “nosotros estamos en la obligación de defender los aportes de nuestros profesionales y que además estos aportes genuinamente vayan al otorgamiento de más becas, que es el objetivo”. En la misma línea, afirmó que el costo que tendría el FDS por la remuneración a la presidenta equivale a 23 becas estudiantiles, y en ese marco, además de evidenciar la pérdida de becas, subrayó que “es un mal mensaje que indigna a los aportantes, porque quieren que cada pesito que va al fondo se optimice dando la mayor cantidad de becas”.
Por otro lado, dijo que vienen “luchando por la reducción de los sueldos de la gerencia, el ajuste del gasto de toda la administración del Fondo, que hemos llegado a llevarlo a menos del 5% y logramos que se legislara en ese sentido”. Además de esa reducción, también enfatizó en que se logró una rebaja de casi 30% del sueldo del gerente general y que se encuentran en proceso de reducir “otros gastos superfluos”.
En ese sentido, Amándola subrayó que “aparece esta propuesta, que es inaceptable”. Según afirmó, la presidencia no cumple una función distinta del resto de los integrantes de la comisión honoraria, y si bien establecen “criterios y políticas generales”, no tienen “una función administrativa de carácter gerencial: ellos sí son funcionarios que cumplen horario, tienen metas específicas y además tienen sus dependientes, que cumplen en cada una de esas áreas”.
Por último, Amándola remarcó que el sueldo implica “una ruptura de los criterios originales, conspira con los objetivos que tenemos establecidos para el Fondo y distorsiona absolutamente la misión de la organización”. “No se asumió pensando o con propuesta de remuneración, así es el cargo de origen”, resumió.
En diálogo con El Observador, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que se pretende que la presidenta cobre un sueldo “para tener una mirada ciudadana sobre lo que el staff técnico está haciendo y para informar al resto de los directores sobre lo que se está votando”. Si bien señaló que los demás miembros del Consejo también deberían de cobrar, indicó que sería “una carga pesada para los contribuyentes”.