Cuando asumió a finales de mayo de 2021, el ahora exministro del Interior Luis Alberto Heber salió del despacho presidencial citando a su predecesor, el fallecido Jorge Larrañaga, como un gesto simbólico que refrendaría a lo largo de su gestión. “Hay una orden de no aflojar”, dijo entonces, dejando en claro que intentaría dar continuidad a lo hecho hasta entonces. Casi 900 días más tarde, al ser eyectado de su cargo tras conocerse pruebas de que funcionarios de su área sabían que Sebastián Marset era narcotraficante a la hora de gestionar su pasaporte uruguayo en 2021, el senador señaló sus logros y mostró orgullo por lo hecho en materia de desmantelamiento del narcotráfico, específicamente, al tiempo que ensayó un tiro por elevación para la oposición que cuestionaba su tarea: “Ellos hicieron mucho menos”.
Las dos referencias son elocuentes. Desde los inicios, coinciden los distintos especialistas en materia de seguridad, criminología y asuntos relativos a narcotráfico y Policía, hubo dos grandes referencias comparativas que utilizó Heber para abordar su función: apegarse a Larrañaga, aunque sus políticas supusieran a veces algunos cambios, y despegarse comparativamente de la gestión de Eduardo Bonomi. “Buscó espejarse y compararse permanentemente”, explica el antropólogo y especialista en materia policial Federico del Castillo.
Las comparaciones, sin embargo, no se hacen en el aire. Y la gestión de Heber, ahí sí en franca continuidad con la de Larrañaga, intentó abordar las lecturas y mediciones de éxito –nunca reconocieron fracaso alguno– desde los ejes que la coalición de gobierno propuso, allá lejos y hace tiempo, en su famoso “Compromiso por el país”. En dicho documento, la seguridad estaba enhebrada por un hilo conductor invisible pero claro que definía “el aumento de la delincuencia y el narcotráfico” como “la peor amenaza de los derechos humanos”. Y proponía una serie de mejoras en la Policía, cárceles, estadísticas delictivas y combate al narcotráfico.
El narcotráfico o la simulación de un accionar
Como balance de gestión es clave atender la cuestión del narcotráfico no sólo porque la salida de Heber esté ligada al menos simbólicamente a la situación de un narcotraficante, sino porque es quizás el elemento más ponderado por el exministro: la cantidad de drogas incautadas y de bocas de expendio desmanteladas.
El doctor en Ciencias Sociales y especialista en temas de narcotráfico Gabriel Tenenbaum advierte que la gestión de Heber en el área supuso una continuidad discursiva respecto a la “guerra contra las drogas” que también sostuvo Larrañaga y que se alinea con el paradigma “prohibicionista con más de un siglo de vigencia como hegemonía en los modos y formas de hacer las cosas en esta materia” y conjugado con “políticas de mano dura y guerra a las drogas, que proviene de los años 70 del siglo pasado”. Y señala que esa gestión estuvo enfocada en el caso uruguayo a “medidas dirigidas al menudeo y la comercialización de drogas y pequeños lugares de expendio, las llamadas bocas”.
“Hay suficiente evidencia internacional y local para mostrar que con eso no estás logrando nada en relación al combate o reducción del mercado ilícito de las drogas”, señala Tenenbaum y explica que de ese modo sólo atacás el eslabón débil de la cadena. Lo más fácil. Y añade: “Para mí esta gestión no tuvo una política para reducir el mercado de drogas ilegales, sólo tuvo la medida de cerrar bocas, porque intenta satisfacer a la opinión pública y generar una mejor situación de convivencia provisoria en un barrio, con lo que puedo coincidir, pero no genera una mejora a largo plazo”.
En esa línea, señala que hubo algunos anuncios de profesionalización, de dar lugar a sectores más técnicos del ministerio, pero que observa que fue “maquillaje” sin mucha novedad real. Uno de los elementos señalados por el especialista es el desmantelamiento de la cúpula policial y su reemplazo.
Desde “Compromiso por el país”, la mejora policial era entendida a través de darles más apoyo y seguridad en su accionar, mejorar la formación y unificarla a estándares internacionales. En los papeles, tanto Del Castillo como los demás especialistas consultados señalaron la desarticulación y el desmantelamiento de los avances en profesionalización policial de la gestión del gobierno frenteamplista y la restauración de una “vieja guardia” policial menos apegada a estas lógicas.
Del Castillo, que tiene vigorosos trabajos académicos respecto al modo en que los distintos sectores de la Policía perciben a las sucesivas gestiones, explica que los policías “encontraron un padrino en Larrañaga, que les dio un amparo que consideraban no tener”, mientras que guardan rencor con Bonomi pese a las transformaciones y mejoras que, considera, llevó a cabo en materia de “policiamiento basado en la evidencia, y procesos de reforma en áreas jurídicas, educativas, formativas e institucionales”. Respecto a la gestión de Heber, señala que “es leída desde un ministro que no logró estar a la altura de las circunstancias”. Y si bien destacan la creación de la unidad para el combate al narcotráfico o el apoyo simbólico ya inscripto en la gestión de Larrañaga, ese apoyo “no se materializó en cuestiones concretas”. “Es una gestión que no logró imponer su propia firma. Pese a haber estado el doble de tiempo que Larrañaga, Heber fue un ministro extraviado. Errático. Lo vimos hacer declaraciones con sorpresa, con asombro, usando sus propias palabras, que nunca entendió cuál era su oficina en el Ministerio y muchas veces la confundía con la del director de Policía. Es decir, fue una administración que fue escuchando a todos y trataba de incorporar aportes de los que lo rodeaban, especialmente del director de Policía. Un gobierno que se subordinó por completo al comando policial. Aún más grosero en este sentido que Larrañaga”, señala Del Castillo.
A ese extravío le añade que los asistentes y asesores no tenían “perfil ni experiencia ni demostraron capacidad política”. Sin embargo, reconoce que la llegada de Diego Sanjurjo a Interior aportó una mirada técnica en el último tramo, pero tampoco produjo transformaciones significativas.
Un pasito adelante, dos para atrás
En otro de los apartados principales de la gestión, quizás afectado por un rebote en las estadísticas a la salida de la pandemia, Heber comenzó a señalar fuerte presencia y gestión en materia de delictividad –hurtos y rapiñas– así como en el número de homicidios. Ese fue un tema sensible porque intentaron celebrar números que habían sido bajos durante la pandemia –coincidente con los primeros dos años de gestión– y que rápidamente recuperaron las tasas más elevadas de gestiones anteriores.
El cierre de 2022 mostró números alarmantes –con 383 homicidios– y el cierre del primer semestre de 2023 mostraba una mínima baja respecto de ese período en 2022 pero todavía un notable incremento respecto de 2021. Los números son cercanos a los peores a nivel histórico, que se dieron en 2018 y 2019.
Para el doctor en Ciencias Sociales y especialista en violencia letal Emiliano Rojido, coautor de un importante informe (“Diagnóstico de los homicidios en Uruguay”) financiado en parte por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y que puso a disposición del ministerio una serie de intervenciones para abordar los diferentes tipos de homicidios, hay que comprender la complejidad del problema: “No se resuelven del mismo modo las diferentes causas de un homicidio, porque hay distintas dinámicas de violencia, y se resuelven con diferentes tipos de intervenciones”.
La llegada de Sanjurjo muestra una impronta renovada “con énfasis en lo preventivo” que busca aplicar algunas políticas interesantes, como “un programa de reducción de homicidios (Cure violence), que es algo positivo pero que aún no empezó”, explica Rojido. Sin embargo, esta búsqueda convivió de manera “poco consistente” con los aspectos de Heber que restauraron un orden anterior y que mostró pocos resultados.
“En Uruguay no tenemos datos sobre delitos, sino sobre denuncias. Es una limitación no menor. A la vez que no hay planes claros, no hubo un documento programático ni evaluaciones de ese documento. Y así la evaluación queda supeditada a lo que uno cree que quisieron hacer”, explica.
La continuidad evidenciada en los discursos se observa también en las soluciones buscadas: “Se plantea una solución única, prisión y Policía, que ha demostrado ser muy poco conducente. Son policías diseñadas de espaldas a la evidencia”.
De todos modos, Rojido entiende que esta falta de evaluación de las políticas es una tradición uruguaya más allá de este gobierno, con lo que se producen dos problemas: “No aprendemos y tenemos el riesgo de mantener iniciativas ineficaces, y a la vez gastamos los recursos mal”.
Marche preso: la lectura del comisionado parlamentario
El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, considera que el período de Heber “deja varios mojones positivos”. “Hubo un impulso a la creación de nuevas plazas penitenciarias, tres unidades de medianas dimensiones, unas 500 plazas, en Libertad, que están en trámite final de aprobación para iniciar las obras, concluyó la nueva cárcel de Tacuarembó y allí se profundizaron las intervenciones socioeducativas conformando un lugar llamativamente innovador en su trabajo con la comunidad”, destacó.
En el período también se construyó “la nueva unidad de Artigas, que va a ser un apoyo importante para el litoral y el noreste del sistema”, y que se abriría a inicios de diciembre. “El trabajo para un acuerdo interpartidario, que incluyó el tema cárceles, fue muy buena cosa que, al margen de las polémicas naturales del debate partidario, deja una guía abierta de acciones a seguir. Allí se destaca el inicio de la Estrategia de Reforma Penitenciaria, algo que votaron todos los partidos en la Ley 19.889 y que es una especie de plan estratégico o proyecto de política pública, basado en un ejercicio interinstitucional y plural, que le quedará de base o insumo para el próximo gobierno, sea del partido que sea o de los partidos que sean”, destacó Petit.
Mencionó también que se concretó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo que está pronto a implementar un programa de adicciones, que se realizó la medición de la reincidencia desde el Programa de Seguridad Ciudadana, “un trabajo técnico muy valioso que también era una enorme carencia del sistema” y que permite “tener una línea de base para saber dónde estamos parados y poder saber y medir cómo funciona el sistema con evidencia estadística real”. Destacó especialmente que se haya impulsado el sistema de medidas alternativas, “tema donde el país tiene todavía muchísimo para hacer y mejorar”. “Se inició un proceso que ojalá siga, con un mando técnico en el sistema, más personal y nuevas directivas dirigidas al trabajo con las redes comunitarias de asistencia para evitar la cárcel como medida universal”, resaltó.
Otro de los puntos positivos mencionados por Petit es el inicio del proceso para construir una nueva unidad para mujeres con un centro de preegreso incluido y un área para personas trans, proyecto que todavía está en su proceso de aprobación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Del lado del debe, mencionó que pese al aumento de población carcelaria, no se logró aumentar proporcionalmente el presupuesto y en especial los gastos de funcionamiento cotidiano del sistema y la inversión en muchas áreas, “lo que determina que los peores lugares de reclusión y hacinamiento sigan en rojo”. “Con suerte dispar en estos años se intentó el involucramiento de otros organismos de políticas sociales, vinculados a la salud, la cultura o la educación”, indicó.
Además, señaló que “en el debe de todos está problematizar el aumento de la población penitenciaria”. “No es buena señal ni de seguridad, ni de salud pública tener tantos presos, ser de los países del mundo que tenemos más presos cada 100.000 habitantes. Esto por supuesto va más allá del Ministerio del Interior e implica a todas las políticas sociales. Pero es un punto que debemos todos los actores institucionales cuestionarnos y analizar, no tiene una respuesta única ni una política única que todo lo resuelva, pero tiene que ver con el corazón de nuestro Estado de bienestar y de lo que todos queremos, que es ser un país desarrollado. En esto, creo que todos tenemos que ponernos en el debe y abrirnos a un debate audaz”, convocó.