Luego de que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega desterrara a 222 presos políticos con destino a Estados Unidos y les quitara la nacionalidad, lo mismo que hizo la Justicia días después con 94 opositores a quienes se les decomisaron sus bienes, el sistema político uruguayo comenzó a debatir mecanismos para acogerlos. De esta forma, Uruguay se sumaría a una lista de países que ya ofrecen soluciones a los despojados de su nacionalidad por el gobierno de Ortega, como Chile y Argentina.
El primero en alzar la voz fue el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, quien declaró al diario El País que tiene pensado promover una sesión de la Asamblea General para activar el literal C del artículo 75 de la Constitución, que permite otorgar la ciudadanía legal uruguaya a “los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes”.
En otras épocas en Uruguay ya se activó este mecanismo: la última vez fue en 1985 para otorgarle la ciudadanía legal al chileno Anselmo Sule. En su cuenta de Twitter, Rodríguez dijo que “con un fin humanitario y en defensa de la libertad y democracia en Nicaragua” propuso que “se otorgue la ciudadanía a tres nicaragüenses” hoy apátridas. Se trata del escritor Sergio Ramírez Mercado, la poeta Gioconda Belli y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, a quienes les correspondería la calificación de tener “méritos relevantes” –como establece la Constitución como requisito– por sus trayectorias.
El diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos le respondió que comparte “plenamente” la iniciativa pero que se debe “estar abiertos” a recibir a todos los despojados de su nacionalidad.
En diálogo con la diaria, Rodríguez declaró que es necesario “respetar lo que dice la Constitución” y que, si bien seguramente “hay más” de tres que puedan considerarse con méritos relevantes y “pueden ser incluidos” en la nómina, el resto podría ingresar al país, por ejemplo, por la ley de reconocimiento y protección al apátrida, aprobada en 2018. El diputado colorado consideró que ese mecanismo “puede ayudar, pero no para darles la ciudadanía”, aunque permite otorgar documento de identidad y “determinada protección”. En este caso, entiende que “puede llegar a servir para aquellos que no califiquen dentro de los méritos relevantes”. De todas formas, dijo que si su propuesta se llevara a cabo, en el Parlamento deberían ser “lo más amplios posible para poder resguardar los derechos humanos de estas personas”.
Rodríguez señaló que “Uruguay es un país que siempre ha estado de brazos abiertos a aquellos que han sido desterrados, perseguidos políticamente”, y que, por lo tanto, “sería muy bueno que se solidarizara con los hermanos nicaragüenses y que los pudiera ayudar con el tema de la ciudadanía”. También recordó que el país “tiene un estatuto de refugiado”, trámite para el que interviene la cancillería.
Olmos, crítico desde hace años con el gobierno de Ortega, dijo que no cree que “haya dos opiniones sobre que es un disparate que a estos 300 y pico de nicaragüenses les saquen la ciudadanía y les confisquen los bienes, y que hay una ofensiva represiva complicada en Nicaragua”.
En ese sentido, dijo que la iniciativa de Rodríguez es “buena” pero que hay que “buscar una solución que sea más abarcativa”, porque la situación de los tres mencionados “obviamente no es la de los 300 y pico”. Olmos señaló que “eventualmente habrá que legislar”, y señaló que se está “explorando qué otro instrumento o herramienta podríamos tener para contemplar más casos”, aunque aclaró que “es irreal pensar que los 300 y pico se van a querer venir a Uruguay”, porque algunos querrán “quedarse en Estados Unidos”, donde fueron deportados, “o aceptar la oferta” de otros países.
Otras visiones del oficialismo y planteos en el FA
El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, en tanto, declaró a la diaria que “habría que ver si se pudiera hacer por el mecanismo del asilo”, que es distinto al del refugiado y puede tramitarse en sedes diplomáticas, aunque lo ve “más difícil” que el instrumento propuesto por Rodríguez. De todas formas, dijo que “hay que encontrarle el encuadre legislativo, político o jurídico” para analizarlo.
Si bien consideró que abrir el debate sobre este tema “puede ser una linda oportunidad para que todo el país defenestre lo peor de la izquierda, que es Ortega”, señaló que “para algo existen y los países pagan los organismos internacionales”, como la Organización de Estados Americanos, que debería “canalizar” la situación de los desplazados, “más que una iniciativa parlamentaria”.
Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien considera que “no hay dos lecturas” sobre la “dictadura” de Ortega, dijo que “es atendible” el planteo de Rodríguez y que “habrá que tratarlo en la Comisión de Asuntos Internacionales” de la cámara baja, pero en su opinión habrá que “medir después efectos futuros con otros países”, en el sentido de “ver que no se descontrole”.
Por otro lado, desde el FA también surgieron otras voces críticas con la situación de Nicaragua. La senadora Liliam Kechichian, del mismo sector político de Olmos, Fuerza Renovadora, declaró al programa Nada que perder, de la radio M24, que Ortega ejerce “persecución a personas que piensan diferente” y realiza “ataques increíbles a personas que fueron el corazón de la derrota de [Anastasio] Somoza”. Para la coordinadora de la bancada frenteamplista en la cámara alta, es “irrenunciable” el respeto a “los derechos humanos y la democracia”, pero “Nicaragua hoy está muy lejos de respetar las dos cosas”, y a su entender “la izquierda debería expresarse claramente”.
Por este motivo, la Convocatoria Seregnista-Progresistas, que abarca a Fuerza Renovadora y otros sectores, como Asamblea Uruguay, emitió este miércoles una declaración en la que condenó “las prisiones arbitrarias realizadas por razones políticas e ideológicas independientemente del gobierno que las realice”, y por tanto manifestó “rechazo a la anulación de la ciudadanía y de los derechos inherentes a la persona humana realizada por el régimen” del país centroamericano, por entender que “tal actitud es una violación a la dignidad humana”.