Gobierno busca “aterrizar un sistema de apoyos para la crianza a mujeres con discapacidad”

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En mayo se presentará un informe referido a maternidad y discapacidad realizado con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados busca unificar el trabajo estatal en relación con esta temática y “aterrizar un sistema de apoyos para la crianza a mujeres con discapacidad y que todos los programas que existen para la crianza, en el caso de que sea necesario, tengan la transversalidad de la discapacidad”, dijo a la diaria la directora de esa área, Karen Sass.

Esto choca con una mirada que está muy arraigada desde lo cultural en la sociedad en general y en partes del Estado, dice, “y por eso hablamos de estas barreras actitudinales que a veces son las que más interfieren a la hora de la exclusión. Esa mirada que todavía existe, de prejuicio, con prenociones asociadas a la discapacidad, como la infantilización, el tema de que no puede, no está apta. Cosas que están instaladas y que tienen que ver con el prejuicio”.

A eso Sass suma que las personas con discapacidad tienen “un paradigma de sustitución, en la toma de decisiones y en otras áreas. Pero la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se orienta a pensar una mirada de apoyos a la que apuntamos. Hay mujeres que lo van a necesitar y otras que no”.

En 2015, esta dirección del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) creó un área específica de trabajo sobre violencia, sistema judicial y discapacidad, a la que comenzaron a llegar situaciones de madres con discapacidad que tenían la necesidad de apoyos para la crianza.

Con base en ese trabajo se organizó un plan de apoyo a la crianza de mujeres con discapacidad junto con Uruguay Crece Contigo que “hoy en día es una prioridad”, afirma Sass, quien reconoce que falta mucho por hacer.

Sostiene que la planificación es pensada para la persona y la familia, es decir la mujer y sus hijos, porque no es lo mismo, por ejemplo, la realidad socioeconómica de una mujer y de otra, y los apoyos también dependen de las edades de los niños.

Sass agrega que hay otros actores y acciones, como las políticas de cuidados, que inciden, pero que ellos trabajan en apoyos que tienen que ver con la discapacidad y es importante definirlos. “Porque hay otros apoyos, como Uruguay Crece Contigo, que se les otorga a todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, pero hay otros para las mujeres con discapacidad que los requieren por esa misma situación, para favorecer su autonomía e independencia”.

La directora de Discapacidad también advirtió que “pasa mucho que cuando aparece una mujer con discapacidad parece que se invisibiliza cualquier otra área y es la discapacidad la que entra en juego”. “Ya no importa si sufre violencia, si vive en la ruralidad o en la ciudad. Aparece la silla de ruedas o la ceguera y nos quedamos con eso, cuando es una mujer que de alguna manera está atravesando cualquier otra situación como otras mujeres. La discapacidad es una dimensión importante, pero no tiene por qué ser la determinante. Por eso los apoyos a la discapacidad, como otros que podrá tener por su situación socioeconómica, de mujer emprendedora, de trabajadora, etcétera”.

Discapacidad, violencia y género

La violencia de género todavía está invisibilizada en las mujeres con discapacidad “y, en ese sentido, sigue siendo determinante y totalizadora la discapacidad y no los otros fenómenos”, comenta Sass, quien recuerda que estudios internacionales marcan la prevalencia de la violencia en mujeres con discapacidad.

“Venimos trabajando mucho con Inmujeres y los servicios que atienden violencia de género. Cada vez más se está poniendo esto en agenda y la necesidad de generar, sobre todo, la accesibilidad en los lugares en el sentido más amplio”, dice Sass. Como ejemplo menciona que recientemente se hizo accesible a las mujeres sordas el servicio telefónico de asistencia sobre violencia (0800 4141). Se puede hacer una videollamada al 092 626 928 de lunes a viernes de 9.00 a 14.30 y contar con una intérprete que se contacte con las operadoras especializadas para consultar, informarse y recibir orientación cuando estén en una situación de violencia doméstica.

“Esto muestra un mensaje, que no precisamos crear recursos específicos, sino que debemos ajustar y hacer accesibles los recursos que tenemos todas las mujeres. Nuestro objetivo es que todos los servicios sean accesibles, que las mujeres con discapacidad puedan acceder a cualquier servicio, no sólo de asesoramiento, sino también a los demás, como los procedimientos judiciales”.

Por eso, destaca que “las barreras actitudinales son de las más importantes con las que cuentan las personas con discapacidad. Porque a veces uno piensa que hay que hacer cambios radicales en las intervenciones y solamente hay que ponerse a pensar en ciertas variables que son ciertos apoyos, y a veces ni eso, sino derechos básicos como intérprete o apoyo técnico, y eso genera la accesibilidad y la inclusión”.

“Muchas veces aparece la limitación como determinante, y hay que ponerse a pensar que en realidad ni siquiera la limitación es la discapacidad, sino que lo es la interacción con esas barreras, y nuestro objetivo es trabajar en la eliminación de todas esas barreras”, explica.

Medidas a tomar

Karen Sass anunció una serie de medidas que prevé tomar el gobierno con relación a la discapacidad. La previsión es que este año se instrumente un baremo único, es decir, una valoración del grado de discapacidad unificada, validada por el Mides, el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social, que permita que todos los organismos que miden la discapacidad lo hagan de la misma forma. “Esto va a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, porque no van a tener que transitar por varios organismos cada vez que necesiten certificar su discapacidad”.

Sass añade que ese baremo va a impactar positivamente en un registro que tiene el Mides que está pensado para la inclusión laboral y que es reducido para 15,8% de la población que registró el censo de 2011.

También planean cambios normativos referidos a la interdicción (prohibición o privación de un derecho impuesta por la autoridad judicial), que apunta a un modelo de apoyos y no de coartar derechos de las personas con discapacidad y que, de aprobarse, Sass sostiene que “como cascada interfiere en todos los temas, porque el acceso a la justicia es la puerta de entrada a todos los derechos. De ahí mismo tenemos que ver los cambios para acceder al empleo, la educación, a ejercer su maternidad y demás”.

Además, comentó que planifican modificaciones normativas referidas a la inclusión laboral con el objetivo de que sea más efectiva la ley vigente, sumadas a la creación desde este año del “facilitador de autonomía” en centros de enseñanza públicos para apoyar en cuidados a niños en situación de dependencia.

“Todo eso va de la mano, porque los apoyos no se pueden reducir a uno solo. Para pensar en cualquier proyecto de vida independiente, sin empleo y sin educación no es viable. Ahí está nuestro norte y la condición previa es la accesibilidad, estamos abocados a generar eso. Pero hay una cuestión de lo actitudinal y de cómo la sociedad percibe la discapacidad sobre la que tenemos que hacer un primer cambio. Porque si logramos cambiar eso, vamos a abrir otras puertas que hoy están invisibilizadas”, resaltó.