Está previsto que el 11 de abril comience a tratarse en el pleno de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza, también llamado “de tenencia compartida”, con las previsiones de que se apruebe con los votos de la coalición de gobierno, luego de un tratamiento parlamentario que no estuvo exento de discusiones en la interna del oficialismo.
Con esto en el horizonte, tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y Unicef publicaron sendos comunicados en los que advierten sobre las consecuencias que podría tener el proyecto en caso de ser aprobado y llaman a los representantes a legislar colocando a la infancias como prioridad.
En su texto, la INDDHH resalta la necesidad de que los legisladores revean la redacción del articulado hacia esa posición, en especial el artículo 4, que “puede implicar vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora”.
Asimismo, llama a que el sistema político busque mecanismos para “resolver la acuciante falta de recursos que padece la Justicia para atender este tipo de asuntos”, en el entendido de que sin ellos “los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos” y, de esta forma, se llegue a “aparejar la ruptura del vínculo preexistente entre el niño o niña y el progenitor o la progenitora”. Esto, consideran, “también se opone y perjudica el interés superior de la niña o el niño”.
En el texto Unicef observa que el proyecto “mantiene aspectos que son de preocupación para Unicef en la medida que son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”, y recuerda que asistió a la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara, donde presentó sus descargos.
Según reza el comunicado, “el interés superior del niño debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos”, algo que no sucede en el proyecto dado que “el proyecto equipara la aplicación del principio del interés superior del niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada”.
Unicef cuestiona el artículo 4 del proyecto, que “prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño”; y señala que se incluye en el articulado ”de forma explícita, como motivo particularmente grave para la suspensión de las visitas de los progenitores a los niños, las denuncias de violencia doméstica y violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
Unicef ve “preocupante” que “la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños”, puesto que “el encuentro de los niños con las personas que pudieron haberles agredido genera daños psicoemocionales y de salud significativos”.
Además, el organismo cita evidencia nacional e internacional, que indica que “aun cuando la violencia no esté dirigida directamente contra el niño, las agresiones de uno de sus progenitores hacia el otro pueden generar afectaciones en su desarrollo y tener consecuencias sociales y de salud a largo plazo similares a las del maltrato infantil y el trato negligente”.
Finalmente, Unicef insiste en que “cualquier esfuerzo legislativo por mejorar la protección de los derechos de los niños en Uruguay debería asegurar que prevalezca el interés superior del niño sin condiciones ni riesgos, así como el derecho a ser oído y la protección de la integridad de los niños ante cualquier tipo de violencia”.