La coordinación académica de la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas de la Universidad de la República (Udelar), integrada por las facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Medicina y Psicología, emitió un comunicado en las últimas horas respecto del proyecto de ley de “corresponsabilidad en la crianza”, mejor conocido como de “tenencia compartida”.
“Nos vemos en la obligación de compartir nuestra profunda preocupación por la posible aprobación del proyecto de ley”, se expresa sobre la iniciativa, que ya recibió media sanción del Senado en 2022 y este martes será puesta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados. El pronunciamiento va en línea con las críticas que hicieron días pasados la Institución Nacional de Derechos Humanos y Unicef, que fueron calificadas como “impertinentes” por legisladores de la coalición.
“Este proyecto busca resolver los conflictos entre adultos relativizando el peso de la opinión de niños, niñas y adolescentes al momento de decidir las formas de tenencia y régimen de visitas tomando la tenencia compartida como primera opción. Esta postura desconoce la evidencia científica en relación con el desarrollo infantil y las actitudes que los niños y niñas asumen ante situaciones de violencia doméstica, ya sea desde el lugar de víctimas directas o de testigos”, apunta el escrito de la coordinación académica.
“Bebés, niñas y niños pequeños tienen necesidades específicas de atención y cuidado que pueden no ser satisfechas adecuadamente en un esquema de tenencia compartida. Por lo tanto, es crucial que [la tenencia] se diseñe cuidadosamente para garantizar un entorno que otorgue estabilidad y seguridad afectiva para un desarrollo saludable. Nada de esto menciona la ley”, cuestionaron los académicos.
En esa línea, señalaron que “nuestra sociedad registra cifras alarmantes de maltrato y abuso hacia niños, niñas y adolescentes en forma creciente año a año”, y “esas cifras corresponden sólo a aquellas situaciones en que se rompe el secreto familiar dando lugar a alguna forma de intervención de los organismos competentes”, lo que “obliga a no ignorar señales o mensajes del niño o niña en el sentido de no querer convivir ni visitar a uno de sus progenitores”.
Entonces, consideraron que “al momento de la decisión judicial no podemos esperar que exista denuncia formal de estos hechos para resolver la tenencia y limitar a los decisores judiciales la posibilidad de atender a señales e indicios de existencia de situaciones de violencia, aun cuando estas no hayan sido formalmente denunciadas”.
En última instancia, el comunicado señala que “el proyecto de ley es innecesario dado que la tenencia compartida ya existe en nuestra legislación y las situaciones de padres que sienten vulnerados sus derechos por la lentitud de los procesos judiciales podrían resolverse dotando al Poder Judicial de los recursos técnicos necesarios para tomar decisiones con las mayores garantías para las partes”.