El subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente (MA), Gerardo Amarilla, se refirió este martes a la nueva denuncia del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sobre las operaciones de empresas areneras que modifican artificialmente el curso del agua del río Santa Lucía. Amarilla sostuvo, en una rueda de prensa, que los técnicos del MA pudieron constatar una extracción “importante” de arena, corte de monte nativo y la construcción de un camino de acceso a la zona.
El jerarca contó que a raíz de la denuncia de Orsi en Twitter, además de comunicarse con el intendente, el domingo se hizo una visita a la zona que contó con la participación de funcionarios de la Intendencia de Canelones y técnicos de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del MA, que pudieron comprobar las acciones antes mencionadas.
El siguiente paso, tarea a la que ya están abocados los técnicos del MA, es analizar si la empresa tenía los permisos correspondientes tanto para la extracción de arena como para la tala de monte nativo, si estos se encontraban vigentes y si se cumplió con todas los requisitos establecidos.
Amarilla planteó que en el caso de que se demuestre que la empresa no estaba autorizada, se le aplicará “la sanción correspondiente”. De todas formas, adelantó que en este caso “aparentemente no habría autorización o estaría vencida”, y afirmó que, por el momento, se intimó a la empresa a detener la actividad en el predio.
Sin embargo, Amarilla planteó que “no se ha podido constatar” el desvío del río Santa Lucía “por lo menos en forma permanente”, como denunció Orsi. “Capaz que hubo un desvío particular en el momento en que estaban trabajando las máquinas, pero no se ha constatado un desvío permanente”, apuntó. Lo que sí pudo afirmar es que “no hay afectación del agua” como resultado de estas actividades.
Con relación al monto de las multas que se podría aplicar, Amarilla dijo que en un “caso similar” se aplicaron dos sanciones: una de 4.000 dólares y otra de 8.000 dólares. Además, dijo que si una empresa amonestada vuelve a incurrir en la misma infracción, se aumenta el monto de la multa.
Consultado sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia además de establecer sanciones, el subsecretario explicó que las multas tienen que ver con “el daño ambiental” y que no es posible realizar una denuncia penal porque en Uruguay no está sancionada la ley de delitos ambientales. “Está a estudio del Senado de la República, esperemos que prospere. Desde el MA hemos insistido para que esto se apruebe. Cuando tengamos leyes podremos hacer las denuncias penales correspondientes”, manifestó.