En el inciso 34 de la Rendición de Cuentas, referido a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió otorgar más de cuatro millones de pesos para fortalecerla. Según se desprende del documento que entregó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, este viernes a los legisladores en el Parlamento, el dinero estará destinado a varias tareas y también a la creación de nuevos cargos.
Por un lado, se brindó una partida anual de 300.000 pesos uruguayos con la idea de que se atienda la capacitación de los funcionarios de ese organismo. A su vez, siempre y cuando sea aprobado tal como está redactado el proyecto de ley, se destinarán unos 500.000 pesos para la contratación de “profesionales y técnicos especializados”. Esta ha sido una queja constante desde el inicio del período de las distintas autoridades, tanto del oficialismo como de la oposición, por la falta de abogados y contadores en un ente clave para la lucha contra la corrupción en el Estado.
Por otro lado, se dará una partida de 677.708 pesos -en el ejercicio 2023- y otra de 2.710.834 pesos -para 2024- con el fin de “financiar una reestructura que implique transformaciones de cargos y complementos retributivos”. Lo dispuesto en este artículo va a entrar en vigencia una vez que se apruebe el proyecto en ambas cámaras parlamentarias.
Por último, se agrega un nuevo inciso al artículo 16 de la Ley 17.060, que refiere a la declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades y funcionarios públicos, que indica que “una vez efectuada la comunicación de la calidad de omiso del funcionario” por no haber entregado la declaración jurada en tiempo y forma, “el organismo deberá dar cumplimiento a la retención, en la primera oportunidad, de pago de salario, retribución, honorario, jubilación o subsidio, bajo apercibimiento de ser sujeto pasible de una multa de hasta 100 unidades reajustables”.
El actual artículo 16 dispone que los funcionarios obligados que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente “serán intimados en forma fehaciente por parte de la Jutep para que lo hagan en el plazo de quince días”. En el caso de que el intimado “no cumpliere de forma injustificada” con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, “no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”.
Asimismo, sostiene que “sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, la omisión de la presentación de la declaración jurada al egreso” será sancionada con una multa equivalente a 50 UR. No obstante, el infractor tendrá el plazo “perentorio de diez días corridos, contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución de la multa, para presentar la declaración omitida. Si así lo hace, la multa se rebajará a la mitad”.