El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, planteó un par de cambios al proyecto de prisión domiciliaria del Partido Nacional (PN), que “seguramente sean un punto de inflexión en el tratamiento del proyecto”, manifestó Adrián Peña, senador del Partido Colorado (PC) y presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que tiene en estudio la iniciativa.
A grandes rasgos, la propuesta del PN modifica el Código del Proceso Penal y autoriza a los jueces a dictaminar la excarcelación desde los 65 años en determinadas circunstancias; mientras que a partir de los 70 años el beneficio “se impondrá de oficio y sin más trámites”. Esto último fue cuestionado por Petit el martes, durante su comparecencia ante la comisión.
El mecanismo para otorgar prisión domiciliaria “tiene que ser estudiado caso a caso por el juez”, dijo Petit en rueda de prensa. En primer lugar, la persona privada de libertad debe “postularse” a la prisión domiciliaria; luego, “el fiscal lo tiene que sopesar”; y finalmente “el juez, como tercero neutral, es el que decide”, explicó Petit. “No puede ser un mecanismo de oficio”, subrayó.
Afirmó que el estudio específico de cada caso, y que la excarcelación “no se aplique de manera automática”, son imprescindibles para garantizar que se trata de “un mecanismo humanitario”, así como para despejar dudas sobre si el proyecto “es para determinado grupo de personas o no”.
La principal crítica del Frente Amplio (FA) al proyecto es que, si bien se prevén algunas excepciones para otorgar la prisión domiciliaria, como por ejemplo, delitos de abuso sexual o crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los represores de la dictadura presos en la cárcel de Domingo Arena no fueron imputados por delitos de lesa humanidad, sino por delitos de homicidio, tortura y secuestro, entre otros. Por lo tanto, el proyecto beneficiaría a más de 20 represores condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
La lista de excepciones también fue cuestionada por Petit. “No es buena cosa que haya causas de delitos para los cuales se autorice [la prisión domiciliaria] y para los cuales no”, señaló; y recomendó que “simplemente sea abierta para toda persona que crea que puede estar en condición de vulnerabilidad”.
En un documento que entregó a los senadores de la comisión, al que tuvo acceso la diaria, Petit sostiene que el proyecto “debe ser reformado en numerosos aspectos”, para lograr una redacción que garantice que “se trata de una norma humanitaria y democrática de cumplimiento de sanción penal” y no “una ventana de impunidad para delito alguno ni una oportunidad de trato privilegiado para colectivo alguno”.
Asimismo, Petit indicó en el escrito que la prisión domiciliaria es una medida alternativa que, en cualquier caso, “requiere un contradictorio donde participan las partes y un tercero neutral, el juez, resuelve”. Subrayó que “aplicar un mecanismo que no tenga en cuenta las circunstancias de cada persona y cada delito sería una fisura muy importante en el rol democrático de los actores del proceso penal, y además generaría una enorme desconfianza en la ciudadanía”.
La opinión de los legisladores
Al término de la comisión, Peña dijo en rueda de prensa que la exposición de Petit fue “un aporte sustantivo”. Tanto la eliminación de las excepciones como la participación del juez en cada caso, sostuvo, representan “un cambio de enfoque interesante”. “Seguramente sean un punto de inflexión en el tratamiento del proyecto”, expresó.
“Aquí hay un tema que no está en discusión: las bondades de la prisión domiciliaria, es decir, a nivel mundial está reconocido que a determinada edad y en determinadas circunstancias, la reclusión no es la mejor solución”, agregó. Consultado por la posición del PC, ya que sólo resta recibir a dos delegaciones más antes de votar el proyecto en comisión, Peña reiteró que, “en principio”, sin modificaciones a la redacción, “no lo estamos acompañando”.
En tanto, la senadora nacionalista Carmen Asiaín, artífice del proyecto, valoró la recomendación de Petit de “darle mucho más margen al juez”. Destacó la sugerencia de “que siempre sea el juez, que es el que mira caso a caso las circunstancias especiales, y también el delito cometido”. Mencionó además que Petit “elogió mucho” la exposición de motivos del proyecto, por su “humanismo” y su “respeto a los derechos humanos”.
Por último, el senador frenteamplista José Carlos Mahía señaló que en el proyecto del PN persiste la posibilidad de que, “detrás de una causa humanitaria”, represores de la dictadura “puedan terminar sus condenas en sus casas por una simple disposición legal y sin la necesidad de que intervenga un juez”. “Eso es lo que está en contra el comisionado”, aseguró; y añadió: “Yo celebro que tenga esa concepción, porque es una personalidad que salió con el apoyo de todos los partidos y no mira esto desde una concepción partidaria”. Mahía comentó que, “si se dan las garantías a la sociedad de que no se quiere generar una nueva impunidad en el país”, el FA “puede acompañar” el proyecto.