La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores recibió la semana pasada a representantes de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) para conocer su opinión sobre el proyecto de ley de reestructuración de deudas de personas físicas, iniciativa de los senadores de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, Irene Moreira y Guillermo Domenech.
La delegación de ABPU estuvo integrada por la directora ejecutiva, Bárbara Mainzer, María Noel Riotorto, Juan José Piazze y Rodrigo Varela.
En su exposición, Mainzer dijo que “este es un tema muy relevante –que afecta a muchísimos uruguayos–, tremendamente complejo y de no fácil solución”. Afirmó que el crédito es una herramienta “fantástica”, pero “el problema es cómo se usa; mal usada puede terminar siendo tremendamente dañina”, según la versión taquigráfica de la comisión.
Luego se refirió a los proveedores de créditos, bancos y entidades financieras no bancarias. “Los bancos son once –dos públicos y nueve privados–, y las entidades financieras no bancarias son más de cuarenta. Hay una empresa administradora de grupos de ahorro previo, una cooperativa de intermediación financiera, veintiocho administradoras de crédito –dieciséis mayores y doce menores–, y luego tenemos las entidades otorgantes de crédito que en breve comenzarán también a reportar al Banco Central”, describió la economista. Pero también está “el crédito que extienden comercios, los préstamos más pequeños y el crédito que extienden empresas de servicios. También tenemos los préstamos que están por fuera del sistema, y esos son los más problemáticos”.
Mainzer relativizó el nivel de endeudamiento en Uruguay y señaló que según datos del Banco Mundial, en 2021 el crédito privado “como porcentaje del producto en Uruguay era del 27%”. “Por comparar algunos países de América Latina, según ese banco, el crédito privado como porcentaje del producto era 71% en Brasil, 52% en Colombia, 57% en Costa Rica, 36% en México, Paraguay y Perú en el entorno del 50%, y Panamá por encima del 100%. El único que figura por debajo de Uruguay es Argentina con un 16%”, sostuvo.
Para la economista, Uruguay no tiene un problema de sobreendeudamiento a nivel macroeconómico, pero “hay un problema a nivel individual”.
Tomando datos de la consultora Exante, Mainzer informó que el “endeudamiento total de las familias” en Uruguay está “en el entorno” de los 9.700 millones de dólares, de los cuales 3.400 millones de dólares “representan crédito hipotecario” y 6.300 millones de dólares, “crédito al consumo”, en tanto 4.400 millones de dólares “corresponden a los bancos”, y 1.700 millones de dólares “a compañías de crédito al consumo”.
En referencia al crédito al consumo y en comparación con otros países, la representante de ABPU dijo que “tampoco estamos frente a niveles elevados”. “Entonces, nuevamente, a nivel de crédito al consumo tampoco estaríamos en presencia de un nivel agregado de sobreendeudamiento. Por supuesto que sí hay endeudamiento problemático a nivel individual. Esto no es para desconocer el problema, que es real e importante, pero sí es bueno tener un poquito de perspectiva”, acotó.
Riesgo de menos crédito
Uno de los impactos de legislar en la materia puede ser la retracción del crédito, según Mainzer, porque la gente “no va a dejar de precisar dinero”, y “lo que va a pasar es que va a acudir al sector informal, que tiene otras tasas y otras reglas, y eso es lo que no queremos”.
“A su vez, se va a dar un importante encarecimiento de todos estos trámites administrativos y un enlentecimiento de los procedimientos. En el límite, podemos llegar a tener 600.000 personas yendo a la Unidad Defensa del Consumidor, tratando de reestructurar, y parecería difícil que allí o en los juzgados puedan atender ese volumen de forma razonable. También hay que tener en cuenta los costos de contador, de abogado, de transacción, que pueden hacer que el proceso sea muy engorroso y costoso y derivar en frustraciones importantes”, agregó.
La economista repasó otros riesgos de la regulación: “La incertidumbre de los otorgantes de crédito”, “si hay tope de tasas, si bajan las tasas, si aumenta el riesgo, voy a cobrarle mayor tasa a los buenos pagadores para compensar el riesgo, porque no puedo cobrarles más a los malos pagadores”, “la disminución de la rentabilidad de las instituciones”, el impacto en la mano de obra en un sector que emplea a 10.000 personas y “sobre todo se verían más afectadas las compañías de crédito al consumo, una menor recaudación impositiva y menores aportes a la Caja Bancaria, que es un tema que nos preocupa en este momento”.
Para Mainzer se debe buscar una solución que refleje lo que pasa en el mercado porque si se topean las tasas, “la gente vulnerable queda fuera del mercado y a merced de los prestamistas”. La economista deslizó varios “pensamientos en voz alta” y se preguntó qué pasa con alguien que tiene una deuda de hace diez años pero tiene el resto “al día”. “Tal vez, en ese caso, la solución sería diferente”, afirmó, y agregó que “quizás se podría ofrecer algún subsidio o mecanismo de garantía –por ejemplo, el SIGA– para acceder a un crédito”.
“También se podría habilitar el uso de soluciones tecnológicas o digitales para facilitar el acceso a la información. Lo que quiero decir es que cualquier solución viable me parece que debe ser hecha de la mano de los actores, trabajando con ellos”, valoró.