La Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) se manifestó “en alerta” luego de examinar el proyecto de Rendición de Cuentas –todavía a estudio de la Cámara de Diputados– y encontrar “una serie de artículos” que “nos merecen algunas preocupaciones”.
Tal como informó la diaria, el proyecto presupuestal incluye 14 artículos que proponen cambios sustanciales a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, sobre todo, con relación al procedimiento de categorización de los suelos. Actualmente la categorización de un terreno –que puede ser urbano, suburbano o rural– corresponde de manera exclusiva a los gobiernos departamentales, y la categoría puede transformarse mediante los Programas de Actuación Integrada (PAI). Esto restringe el uso que puede tener el terreno, como agrícola, residencial, industrial, etcétera.
La Rendición de Cuentas propone modificar ese procedimiento. En el artículo 295 del proyecto se establece la creación de un PAI “complementario” por el que se podría transformar “un sector del territorio de cualquier categoría de suelo, que no cuente con el atributo de potencialmente transformable, en el caso del suelo rural la transformación haya sido declarada de interés departamental”.
A través de un comunicado, Fucvam sostiene que, aunque “se puede mejorar la gestión de los PAI en lo referido a los procedimientos”, la modificación “no se trata jamás de cambiar las exigencias de la ley”. La normativa vigente, sostienen, establece “importantes límites al derecho de propiedad” y dispone además “instrumentos que evitan la especulación inmobiliaria y reglas de transformación de suelo rural en urbano”. Y advierten que recategorizar un suelo de rural a urbano “es un negocio muy lucrativo”.
En diálogo con la diaria, Gustavo González, secretario general de Fucvam, dijo que la flexibilización de la ley puede significar “un gran negocio” para el “capital inmobiliario”, particularmente por el fraccionamiento de un terreno rural en varios urbanos. “Para nosotros esto está ligado indisolublemente al tema de los barrios privados, que es el gran boom para los sectores de la burguesía”, manifestó.
Fucvam agrega en el comunicado que, al transformarse un suelo rural en urbano, “se desplazan los usos productivos del mismo”, lo cual “una vez transformado es difícil de revertir”.
Según dijo a la diaria el director de Ordenamiento Territorial, José Aranco, este y los otros cambios previstos en el proyecto presupuestal procuran “agilizar y optimizar los procedimientos” administrativos, dado que, en la práctica, “muchas veces” los suelos acaban recategorizándose “por otras vías”. Señaló también que a veces hay situaciones en las que “cambia la matriz productiva o viene un emprendimiento y es necesario transformar la categoría del suelo, y con la norma actual no se puede” en tiempo y forma. Se trata, sostuvo, de “darle un cariz de realidad a la ley”.
Honorarios e inconstitucionalidad
Por otra parte, la Rendición de Cuentas propone modificar la ley de cooperativas para que, ante una eventual intervención judicial de una cooperativa por algún incumplimiento normativo, el costo de los honorarios de los profesionales designados en la intervención sean asumidos por la propia cooperativa.
A entender de Fucvam, como “es muy probable que la cooperativa involucrada carezca de fondos o decididamente esté en bancarrota”, resulta “muy difícil que en la práctica puedan cobrarse los honorarios y por tanto que algún profesional acepte realizar el trabajo de interventor o veedor”. La función de contralor por parte del Estado, sostienen, “es indelegable y debe contarse con fondos públicos para cubrir este tipo de situaciones”.
“Esto tiene que ver con el ajuste fiscal”, sentenció González, “no quieren pagar profesionales”. El secretario general de Fucvam puntualizó que están “a favor de los controles, y más si hay presunción de que puede haber desvíos de fondos”.
Por último, Fucvam cuestiona en el comunicado que se intente modificar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que “se estuvo discutiendo en el Parlamento durante casi 20 años y [durante] cuatro gobiernos diferentes”, a través de un proyecto presupuestal que “ni siquiera pasará por las comisiones respectivas de Ordenamiento Territorial de las cámaras”.
Aludiendo a un informe elaborado por el arquitecto Pablo Ligrone, Fucvam sostiene que la incorporación de estos cambios es “una práctica inconstitucional contraria al artículo 216” de la Constitución de la República, que establece que “no se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de gobierno ni aquellas que no refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución”.