Está previsto que el 10 de agosto el PIT-CNT resuelva si impulsa o no un plebiscito contra la reforma jubilatoria aprobada este año. En tanto, las diferencias respecto a este mecanismo persisten, y por eso este martes en el local de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) se desarrolló un conversatorio sobre “cómo enfrentar la reforma jubilatoria”.
A la mesa se sentaron representantes de distintos sindicatos que dieron su visión sobre la posibilidad del plebiscito y de qué otra forma se puede modificar o derogar la ley impulsada por el gobierno. Por un lado, Nathalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), apuntó contra el sistema de las AFAP, introducido en la reforma anterior, en 1996.
“Cuando vienen con esta reforma paramétrica nos hablan de un déficit en el BPS [Banco de Previsión Social] de 650 millones de dólares”, pero “se les transfieren 1.250 millones a las AFAP”; en este sentido, se empezó “a hablar de plebiscito” desde la ATSS porque “lo que necesitamos es hacer una reforma estructural en nuestra Constitución” y “terminar con los beneficios de las AFAP”.
“Todos los nuevos trabajadores van a estar aportando obligatoriamente un 10% al BPS y un 5% a las AFAP”, es decir que “a las próximas generaciones cuando se jubilen les va a estar pasando lo que nos pasa ahora o peor”.
Es por eso que en la reforma constitucional propuesta por la ATSS se busca la “eliminación de las AFAP” y que se genere “un fideicomiso para que vuelquen de nuevo esos aportes”. La reforma “hace que [el sistema] se revea cada dos años, y si hay que sustentar a las AFAP hace que muramos trabajando”.
En segundo lugar, proponen introducir en la Constitución la obligatoriedad de la jubilación a los 60 años para que “ningún gobierno neoliberal lo imponga”. De todas formas, “el peligro más grande que tenemos no es poner 60 años sino que dependamos nosotros y nuestro futuro de las intenciones del capital”, entendió Barbé.
Por último, plantean que se equipare “la jubilación mínima con el salario mínimo”, lo que implicaría según la dirigente “siete millones de pesos mensuales” para “jubilados, que van a tener que vivir su vejez con la jubilación que ellos aportaron”.
“No podemos esperar que venga un gobierno y lo haga, este sí es el momento porque este problema no lo puso el pueblo, lo puso la reforma”, sentenció.
Por su parte, Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, compartió con Barbé que “el gran ganador es el capital internacional financiero dueño de las AFAP; no hay duda de que estamos todos en contra de la reforma y las AFAP”, pero “la cuestión está en si vale ir por la vía del plebiscito”.
Haciendo un repaso histórico de las consultas populares, Gambera entendió que “derrota tras derrota no se construye fortaleza, construye debilidad”, al tiempo que dijo no notar “ni siquiera en mi ambiente, ni en mi gremio ni en el barrio, a nadie preocupado por la seguridad social”, En este sentido, “si vamos a una instancia donde dependemos de los partidos políticos, cometemos un error táctico”.
“Respeto que los compañeros tengan un camino por ese lado táctico y yo creo que vamos a perder, porque la gente no está enterada y dependemos de si los partidos políticos ensobran”; en cambio, según Gambera, otra cosa es colocar “una ley hecha por nosotros, movilizados nosotros en la calle”.
“Que haya estado [Rodolfo] Saldain frente a la comisión de expertos no es ninguna casualidad, simplemente es la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de un modelo de derecha”, insistió el presidente de FOEB, Fernando Ferreira, y llamó a “hacer también una autocrítica como movimiento sindical de lo que no hicimos para frenar esta ley”. “Ahora no vemos 18 de Julio inundado de gente protestando por el agua, tendría que estar prendida fuego, es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros”, ejemplificó. Si bien entendió que “el mecanismo de la democracia directa nos permite decirle al Parlamento cuando creemos que se equivoca y podemos impugnarlo”, también señaló que “tiene idas y vueltas”.
Este es “un momento delicado y no nos deja en condiciones hoy para una avanzada de estas características”, por lo que no se mostró “convencido de que un plebiscito sea el mecanismo más adecuado”.
Para FOEB, señaló Ferreira, si están “a favor de una reforma de la seguridad social global” deben llevarla “a los distintos candidatos a la presidencia, que firmen un compromiso de que si ganan van a ir hacia una reforma global”, puesto que hoy no existen “acuerdos con los sectores políticos, que es vital, y puede pasar que esté inundado de plebiscitos”.
En tanto, Federico Steinhardt, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), no entró en el debate de si ir o no hacia la consulta popular, pero sí propuso que desde el Estado se busque la forma “de aumentar lo que recauda el BPS”.
“Los patrones pagan la mitad que los trabajadores, las zonas francas, la educación privada, no pagan aportes, la salud privada es un negocio, no es un servicio a la población; las SAD [sociedades anónimas deportivas] tampoco pagan aportes”, insistió, y apuntó además hacia “las evasiones”, sobre todo en el ámbito del transporte carretero, y al régimen de aportes en el sector rural, como algunos de los grandes inconvenientes para que el BPS pueda paliar su déficit.
Asimismo, llamó a “abrir la movilización y un diálogo acerca de la seguridad social que nos permita confrontar con este modelo de las AFAP, pero que nos permita también revisar todas estas cuestiones que están mal y abordar no sólo las prestaciones que hay hoy sino otras prestaciones de la seguridad social que hay que afirmar”.