Luego de un debate caldeado que se extendió por más de dos horas, la Cámara de Senadores aprobó este martes las modificaciones que se le hicieron en Diputados y sancionó definitivamente el proyecto de indemnización a las víctimas de los grupos armados ideológicos entre 1962 y 1976. La iniciativa, de cinco artículos, fue propuesta originalmente por Cabildo Abierto (CA) y en la cámara baja recibió aportes del Partido Colorado, que retomó las listas de beneficiarios que incluían los proyectos que Jorge Batlle y Tabaré Vázquez enviaron en 2004 y 2007, respectivamente.
El miembro informante fue el senador cabildante Guillermo Domenech, quien argumentó que al redactar el proyecto CA pretendió “abonar la reconciliación de los patriotas partícipes de dichos enfrentamientos [en referencia a los ocurridos en la década de los 60], intentando cerrar una herida que ha dividido a diversas generaciones de nuestro país”. Domenech criticó la postura contraria del Frente Amplio (FA), que no votó la iniciativa, pero dijo guardar “la esperanza de que la aprobación del proyecto, aun cuando no obtenga la unanimidad del sistema político, constituya un hito de reconciliación humana y de restauración de la verdad histórica”.
En otro tramo de su intervención, Domenech aseguró que con esta iniciativa “no se pretende abogar por la teoría de los dos demonios ni se pretende equiparar a las víctimas de los grupos armados con las víctimas de acciones ilícitas del Estado que hayan provocado personas lesionadas o muertas”, uno de los principales argumentos de la oposición a lo largo del debate parlamentario sobre este proyecto.
Por parte del FA el primero en hablar fue el senador Charles Carrera, quien consideró que el proyecto “se basa en un posicionamiento ideológico y político”, y contradijo a Domenech al sostener que “dice que no se pretende abogar por la teoría de los dos demonios, pero se aboga por la teoría de los dos demonios” porque “todavía hay muchas víctimas del terrorismo de Estado que no han recibido una reparación”, por ejemplo, las mujeres nacidas en cautiverio. “Todavía tenemos 192 desaparecidos”, agregó.
La oposición también tiene dudas sobre el lapso temporal que se plantea: “La academia no sabe por qué se eligió este período para reparar y no otro”, fustigó. Asimismo, Carrera insistió en que “nadie en Uruguay tiene el patrimonio del dolor y en principio no estamos en contra de los proyectos de reparación, pero sí tenemos que dar un debate en el cual tenemos que abarcar todas estas situaciones de víctimas del terrorismo de Estado que no han sido reparadas en su conjunto”.
El senador comunista Óscar Andrade, por su parte, hizo hincapié en las diferencias entre la reparación económica prevista para las víctimas del terrorismo de Estado y la indemnización que recibirán con esta ley las víctimas de los grupos guerrilleros: “Si tuviste tres días de privación de libertad por grupo armado, sos víctima. En el otro caso tenés que haber estado 180 días. ¿Cuál es el criterio para establecer el parámetro? O para [definir] que si perdiste la vida, en un caso la reparación es de 60.000 dólares, y en este caso es de 150.000 dólares”.
En respuesta, la senadora nacionalista Carmen Asiaín sostuvo que este gobierno no puede hacerse “cargo de que en leyes anteriores se considerara que era indemnizable [a partir de] 180 días de privación de libertad”. Luego, volvió a tomar la palabra Andrade, y planteó que “esto se podría resolver con una norma espejo que considerara que quien ya recibió una reparación ahora tiene derecho a recibir la reparación en condiciones más amplias”.
Trasfondo
El debate fue subiendo de tono con el transcurso de las intervenciones, y cuando tomó la palabra el senador cabildante Guido Manini Ríos acusó a la oposición de actuar con “mezquindad”: “Aquí nosotros vemos una suerte de mezquindad con quienes fueron víctimas, pero no eran víctimas de los nuestros, eran víctimas de los otros, entonces no merecen una reparación. Porque hay una suerte de negacionismo: no hay culpa de quienes se alzaron en armas contra el Estado de derecho a principios de los años 60, por tanto las víctimas no merecen reparación”, reflexionó el legislador.
En tanto, el senador nacionalista Sergio Botana sostuvo que “los partidos que ejercieron la violencia son los mismos que hoy no votan”, y se preguntó si esa decisión es “confirmación de aquella conducta, de aquel pensamiento”, o si es que “acaso las fuerzas democráticas dentro del Frente Amplio son rehenes de los grupos que siguen promoviendo y que promovieron en el pasado la violencia”.
En nombre de la oposición volvió a tomar la palabra más adelante el senador Enrique Rubio, quien apuntó que “esta discusión tiene un trasfondo”, que “son los desaparecidos”, puesto que “mientras eso siga en los términos en los que está, el dar vuelta la página y mirar hacia el futuro no se va a poder dar, y esta es la verdad esencial”. “Después, sobre las reparaciones podemos discutir mucho; las víctimas son todas víctimas, pero estas víctimas que integran esas listas están en otro escalón”, continuó Rubio, y acusó: “Nosotros sabemos que miembros de este Parlamento tienen vínculos con los que saben [dónde están]. Por lo tanto, no tenemos la actitud de decir ‘borrón y cuenta nueva’, porque hay mucho dolor por el medio”, sentenció.