La tercera edición del Congreso del Pueblo cerró su primera etapa este domingo en el teatro El Galpón con una presentación pública de los “avances programáticos” elaborados por las organizaciones sociales para “avanzar en la construcción de un necesario Programa Nacional de Transformaciones para la construcción del Uruguay del futuro”. El documento -aún no definitivo- consiste en 90 páginas de análisis y lineamientos generales, pero también propuestas concretas sobre distintos temas de la realidad nacional.
“Esto no es un cierre”, subrayó Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, ante unas 700 personas que entraban y salían de la sala principal del teatro. La jornada tuvo varios espectáculos artísticos y contó con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuyo simple nombramiento en sala generó tantos aplausos como el discurso de apertura de Abdala. Afuera se cortó el tránsito por 18 de Julio para montar un castillo inflable y evidenciar las ollas populares, entre otras cosas.
El tercer Congreso del Pueblo, sostuvo Abdala, “viene a dar vuelta la taba, porque el que no cambia todo, no cambia nada”. Afirmó que la síntesis programática marcará “la transformación de la relación de las fuerzas sociales y políticas”, y aseguró que no será “un papel escrito” sino “un objetivo”. Se trata, “con toda la responsabilidad, de patear el tablero”, expresó.
Arriba del escenario, Abdala afirmó que en Uruguay “no alcanza tan siquiera con administrar la actual matriz productiva con una sensibilidad mejor y más humana” respecto a la distribución del ingreso. Es necesario “ir a la raíz de los problemas”, esto es, “cambiar la matriz productiva, cambiar el modo de acumulación y superar la dependencia”, manifestó, y fue interrumpido por aplausos.
Según Abdala, este cambio de modelo permitirá que “los únicos privilegiados no sean los del grupo vinculado al agronegocio, los malla oro, tan privilegiados en el escenario que se abrió en la vida de la República desde el 2020 hasta el 2025”. “Esperemos que en los años venideros ya no sean ellos los privilegiados, sino las grandes mayorías del pueblo trabajador”, agregó.
En su discurso de 15 minutos Abdala también defendió el plebiscito constitucional para reformar el sistema de la seguridad social y la propuesta del movimiento sindical de disminución del horario laboral, mediante preguntas que no tuvieron respuestas: “¿Cuál es el problema de erradicar el capital financiero [AFAP] de un universo que es para contrapesar los problemas de desigualdad que genera esta sociedad? ¿Cuál es el problema de luchar por la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario?”.
Los avances programáticos
El documento “Construyendo el Uruguay del futuro”, al que tuvo acceso la diaria, recoge el trabajo de semanas de cuatro comisiones temáticas: desarrollo productivo, políticas sociales, convivencia social y derechos humanos. Se sostiene que es producto del intercambio de “cientos de personas y decenas de organizaciones”.
En línea con la postura de la central sindical, la comisión de desarrollo productivo propone impulsar la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y con “el consiguiente reparto del trabajo y de parte de las ganancias”. También se pide gravar “la mayor riqueza producida, donde las máquinas deberán cotizar a la seguridad social, evitando cualquier forma de traslado de estos cambios a los precios”.
Asimismo, existe un planteo para que, “en sus dimensiones políticas, institucionales y sociales”, el Estado recupere la planificación estratégica de largo plazo con el objetivo de “avanzar hacia la superación de la actual matriz productiva, dependiente de materias primas y alimentos como principal generación de actividad económica”.
Para el financiamiento de dicho plan estratégico, profundiza el documento, “se gravarán las actividades donde se generan rentas extraordinarias y las grandes riquezas acumuladas”. Se enumeran no pocos cambios tributarios: establecer tasas progresivas del Impuesto al Patrimonio, fijar un impuesto a las “herencias elevadas”, así como también un tributo a las “ganancias elevadas”, eliminar “el carácter dual del IRPF que beneficia al gran capital”, bajar a la mitad el Imesi en las naftas y suprimir el IVA en el gasoil.
En materia de inversión en Investigación y Desarrollo, la comisión de desarrollo productivo establece como meta “alcanzar en el corto plazo, a través de incrementos continuos, el 1% del PIB” para “estimular la demanda por el conocimiento nacional y fortalecer su generación”.
Por otra parte, en uno de los apartados se pide fomentar la educación financiera “en todos los niveles de enseñanza”, bajo la premisa de que este conocimiento “es clave para garantizar que las personas, independientemente de sus ingresos o estatus social, no sólo tengan acceso a servicios financieros relevantes, sino que también sepan cómo usarlos de manera efectiva y saludable”.
En cuanto a la educación en general, la comisión de políticas sociales reivindica “una educación pública, gratuita, laica, popular, soberana, inclusiva y diversa”. Se exige terminar con “la política de privatización, tercerización, mercantilización y subordinación a los organismos internacionales de crédito” en el sistema educativo nacional y se propone, como “única forma de establecer un trayecto eficaz”, que la ANEP tenga un cogobierno y autonomía del poder político.
En el plano ambiental, la comisión de derechos humanos pide que se respeten los principios constitucionales y las leyes ambientales vigentes; sobre todo, reclama el cumplimiento “real y efectivo” del Acuerdo de Escazú. Se propone además la creación del delito de “ecocidio”, “así como la persecución penal de aquellos que perpetúan la destrucción ambiental”.
Por su parte, la comisión de convivencia social exige que haya un reconocimiento al “genocidio del pueblo charrúa”, al igual que un “pedido de perdón público” y un reconocimiento a “la población indígena actual”. Se solicita expresamente la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vinculado a los derechos de los pueblos indígenas, y se sugiere una reforma constitucional que reconozca la existencia de “una sociedad multicultural pluriétnica”.
En tanto, en materia de seguridad, el documento presentado públicamente este domingo advierte sobre “la necesidad de reconstruir las líneas de trabajo preventivas del Ministerio del Interior”, a través de una ampliación del programa Comunidad Educativa Segura y de la reinstalación de “la figura de policía comunitaria”.
“Identificamos la necesidad de reforzar el acompañamiento para la reducción de daños en situaciones de consumo problemático, la prevención y el acompañamiento familiar combinado con recursos y propuestas reales de reintegración social”, sostiene la comisión de convivencia social.
Continúa
La primera edición del Congreso del Pueblo fue la histórica de 1965, que reunió a 700 organizaciones y tuvo como uno de sus resultados la consolidación de la unificación sindical en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). La segunda edición fue en 2008, a fines del primer gobierno del Frente Amplio. La realización de esta nueva edición se determinó en el XIV Congreso del PIT-CNT en 2021.
Simbólicamente, la primera etapa del tercer Congreso del Pueblo terminó con el actor Pepe Vázquez, sujeto a un andador pero de pie, leyendo una declaración pública. “En este contexto que enfrentamos es imperativo renovar los esfuerzos, porque aún queda mucho por andar hasta que los más infelices sean los más privilegiados, como la única forma de alcanzar la pública felicidad”.