Este miércoles, el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, le presentó un informe técnico sobre el proyecto Neptuno-Arazatí al presidente electo, Yamandú Orsi, en una reunión en el hotel Hampton by Hilton, la sede de transición. El lunes, Ortuño ya había anunciado la presentación del informe, previo al anuncio del gabinete.
En diálogo con la prensa, Ortuño señaló que el informe da cuenta de los temas entendidos como “fundamentales” en el marco de una “política nacional de aguas” que, según considera, “tiene que tener el país con grandes acuerdos nacionales”. “Es derecho y obligación de la nueva administración empujar e impulsar” dicha política.
Para Ortuño, es “fundamental” conocer cuáles van a ser las decisiones políticas del actual gobierno en cuanto al proyecto. El 9 de diciembre, el Ministerio de Ambiente (MA) otorgó la autorización ambiental previa a la iniciativa que busca construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana y un pólder de reserva de agua dulce.
El dirigente de la Vertiente Artiguista indicó que el informe presenta un capítulo de “desafíos, cuestionamientos o reparos” desde lo técnico ambiental, y que algunos de ellos provienen de la Universidad de la República, a través por ejemplo, del informe del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería sobre floraciones de cianobacterias en la zona.
Apuntó que hay “temas vinculados” con la salinidad y con el pólder, el cual “fue la respuesta que se encontró a esos problemas de salinidad”, pero que “plantea desafíos importantes”. A su vez, subrayó que también hay temas vinculados con la calidad del agua, especialmente por las cianobacterias que “desde Facultad de Ciencias se ha señalado se concentran en esa zona”.
Un segundo capítulo del documento, según Ortuño, “tiene que ver con el modelo de financiamiento y de gestión que se plantea para el proyecto”, ya que “es un costo millonario que le plantea al país y que OSE, estoy convencido, no está en condiciones de afrontar”. “Como he dicho más de una vez, precisamos una OSE fuerte para que atienda a todo el Uruguay y no sólo al área metropolitana, que es lo que atiende este proyecto, y tiene que hacer agua y saneamiento”, consideró.
Por último, el documento también hace referencia a los “aspectos, legales, jurídicos, constitucionales”, y que el artículo 47 de la Constitución de la República sobre esto “es muy claro”, debido a que “la operación de todo el proceso tiene que estar, ser parte de un servicio público, operado y a cargo de una persona jurídica estatal”.
“La toma de agua en manos del consorcio privado es una de las cosas que hemos criticado en su momento”, remarcó. Sin embargo, aclaró que no han cerrado “ninguna conclusión” sobre el tema, pero le parecía “importante” presentarle el informe a Orsi, que tiene “un anexo con los aportes que los distintos ámbitos académicos han planteado como aspectos centrales”.