A casi un año del inicio de la investigación penal contra la Intendencia de Artigas por el pago de horas extras irregulares a una funcionaria, los ediles opositores a la gestión del nacionalista Pablo Caram manejan la posibilidad de hacer una ampliación de las denuncias presentadas.
La Intendencia de Artigas pagó cientos de horas extras en forma irregular a la exfuncionaria Stefani Severo cuando se desempeñaba en la sección de Recursos Humanos. La entonces funcionaria además era pareja del actual director de Desarrollo Productivo, Rodolfo Caram, primo hermano del intendente y por ese entonces secretario general de la comuna, cargo del que fue removido luego de la polémica.
De acuerdo a la respuesta a un pedido de informes que presentó el diputado frenteamplista Nicolás Lorenzo, la Intendencia de Artigas gastó casi ocho millones de dólares en compensaciones y horas extras entre 2020 y 2022.
La bancada de ediles del Frente Amplio (FA), que en marzo presentó una de las denuncias ante la Fiscalía, analizará en los próximos días qué medidas tomar. En tanto, el edil colorado Daniel Argañaraz adelantó que tiene previsto, en las próximas semanas, sumar nuevos casos a la denuncia que hizo un año atrás.
En concreto, Argañaraz tiene previsto sumar a la causa el caso de un funcionario de la comuna que cobró su sueldo durante 18 meses, pese a estar privado de libertad. Esta irregularidad quedó asentada en una resolución de noviembre de 2023, a la que accedió la diaria, en la que se solicita al funcionario que haga “la devolución del importe percibido indebidamente”, por un monto de 502.616 pesos.
Al respecto, Argañaraz dijo a la diaria que la semana pasada se reunió con el fiscal adscripto de la causa, Federico Rodríguez, para informarle de otros “funcionarios que cobraron horas extras sin trabajarlas”. “Nadie puede trabajar 23 horas por día. Eso está documentado en los datos biométricos de los funcionarios. Hay algún profesional que trabaja desde las 7.00 hasta las 18.30 todos los días de la semana, todos los meses. Es obvio que eso no puede existir”, opinó.
Desde la Fiscalía de Artigas dijeron a la diaria que se están tomando declaraciones y que “está en la etapa de indagatoria preliminar”.
Edil del FA: “Es la punta del iceberg”
Por su parte, en diálogo con la diaria, el edil frenteamplista José González dijo que es un avance que se haya convocado a los testigos en las últimas semanas. “Nosotros vamos a seguir insistiendo con que la funcionaria que hizo público su recibo es la punta del iceberg de todo un hecho en el que hay muchos otros funcionarios que están en la misma situación”, expresó.
En ese marco, adelantó que manejan la posibilidad de ampliar la denuncia “para seguir aportando información de otros funcionarios que estarían en la misma situación”. Según dijo, el objetivo es intentar demostrar que “no es sólo la suspicacia” en torno al caso de la referida funcionaria, sino que las irregularidades fueron cometidas “con el consentimiento del Ejecutivo departamental”, como se puede observar en otras situaciones similares.
Asimismo, sostuvo que las compensaciones se siguen dando “en forma absolutamente indiscriminada” al “compañero político, al familiar o [a cualquier persona] con alguna afinidad de algún tipo, incluso afectiva, como hay algunos casos”.
Edil colorado: “Se llevan el dinero de los artiguenses”
Si bien en un principio se manejó la posibilidad de crear una comisión investigadora en la Junta Departamental, los ediles de ambos partidos acordaron finalmente esperar la resolución del Tribunal de Cuentas sobre los distintos casos.
“Vamos a ver qué pasa si el Tribunal de Cuentas mete el dedo en la llaga, porque ahí está el meollo del asunto. No es una intendencia cristalina ni transparente: tiene muchísimas irregularidades que la gente tiene que saber. Se llevan el dinero de los artiguenses, que somos contribuyentes, al bolsillo de algunos mimosos del gobierno de turno”, fustigó Argañaraz.
El secretario general de la comuna de Artigas, Emiliano Soravilla, dijo a la diaria que la comuna presentó todo lo que surgió de la investigación administrativa a la Fiscalía. Al ser consultado sobre la ampliación de la denuncia, respondió: “Ellos sostienen que es una situación generalizada y nosotros tenemos claro que aquí lo que ocurrió fue un caso puntual y excepcional respecto de una sola funcionaria, que además reconoció su accionar”.