La Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos (AFINDDHH) se encuentra en conflicto y denuncia un “progresivo debilitamiento” de la función de contralor que el organismo debe ejercer, “principalmente” a través de la Defensoría del Pueblo y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). En un comunicado, señaló que desde la asunción del actual Consejo Directivo, que tomó las riendas del organismo en 2022, se han efectuado cambios que “provocaron demoras” en la investigación y en una “adecuada solución de las situaciones de vulneraciones de derechos que llegan a la INDDHH”.
Los funcionarios recordaron que la INDDHH fue creada para controlar todos los poderes y organismos estatales, y tiene como función “defender, promover y proteger” los derechos humanos de las personas en su relación con el Estado, tal como lo establece la ley que la creó. Como órgano de contralor, apuntaron, está “destinado a otorgar mayores garantías a la población y a ayudar a los organismos públicos a respetar los derechos de todas las personas”.
Es por eso que la Defensoría del Pueblo es el área de la institución responsable de recibir denuncias sobre eventuales violaciones a derechos humanos; en ese sentido, indicaron que “preocupa profundamente” que en el último tiempo “se haya reducido la cantidad de funcionarios dedicados a la tarea de atención al público, a través del traslado interno a otras dependencias, [y] el cese de un pase en comisión, sumado a cambios en la organización del trabajo”.
Diego Bentancor, vocero de la AFINDDHH, señaló a la diaria que hubo una reducción de 14 a diez funcionarios y funcionarias, cuatro de los cuales eran becarios y realizaban tareas de recepción, sustanciación e investigación; eso —según el vocero— afectó “negativamente” a los ciudadanos que presentan denuncias para que la INDDHH investigue y, eventualmente, eleve recomendaciones a organismos. En ese marco, dijo que las autoridades cortaron el vínculo con un trabajador que estaba en pase a comisión “sin ningún motivo, con discrecionalidad”.
Asimismo, la AFINDDHH expresó que la situación “particular” de la Defensoría del Pueblo “ha sido objeto de discusión en el ámbito bipartito” y que la falta de respuestas motivó la declaración de preconflicto el año pasado. Sin embargo, a pesar de las propuestas del sindicato, “la negociación colectiva se ha ido vaciando de contenido, lo que ha abonado un escenario de conflicto gremial sin precedentes en la INDDHH”, asegura. Bentancor apuntó contra la directora Carmen Rodríguez, a quien acusó de no participar en las instancias bipartitas.
En el caso del MNP, los trabajadores expresaron que preocupa la falta de respuesta institucional “frente a situaciones de extrema gravedad”, como los episodios ocurridos en el módulo 4 de la cárcel Santiago Vázquez (ex Comcar) el 28 de diciembre de 2023, cuando se asesinó a seis personas privadas de libertad. A esto sumaron los hechos denunciados en el centro Magnolia y anteriormente en Tribal, que dependen del INAU.
Por estas razones, se resolvió en asamblea (el 28 de febrero) declararse en conflicto, “en rechazo del deterioro de las condiciones de trabajo, que repercuten en un debilitamiento de la función de contralor de la INDDHH por parte del CD y del rol que los equipos técnicos deben cumplir, así como el avasallamiento de la independencia técnica del funcionariado, totalmente contraria a los principios y cometidos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.
Bentancor dijo que hay una demora en la publicación de informes y que “se llega tarde a las situaciones”. La asociación va a pedir reuniones a organizaciones sociales para dar a conocer la situación.
la diaria intentó contactarse con autoridades de la INDDHH para esta nota, pero declinaron hacer comentarios al respecto.