Delegaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio del Interior (MI) concurrieron este miércoles a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a instancias del Frente Amplio (FA), que solicitó explicaciones sobre la creación de una tasa al transporte fluvial que se fijó por medio de un decreto el pasado 31 de enero.
Paralelamente, también se puso la lupa en el proceso de licitación que llevó a la adjudicación de Promesa de Consorcio, que está integrado por las empresas Veridos México Sociedad Anónima de Capital Variable y Veridos GMBH para trabajar en la seguridad fronteriza fluvial y, por ende, para recibir lo recaudado a través de la cuestionada tasa.
Luego de la concurrencia, el diputado Sebastián Valdomir señaló en una rueda de prensa que “claramente” se trata de “una licitación que resultó irregular”, dado que no pudieron comprobar que esté “debidamente sostenido el servicio que van a prestar”. “Le estamos entregando a una empresa privada por diez años” y, “eventualmente, por una renovación del mismo período”, la gestión de un servicio que es “un negocio que puede ser millonario”, sostuvo.
Según se desprende de la versión taquigráfica de la sesión, María José Oviedo, directora general de Secretaría del MI, sostuvo que a la licitación se le aplicaron algunas observaciones por parte del Tribunal de Cuentas y el MI “solicitó reconsideración en varios de los puntos”.
Una de las observaciones tenía que ver con que la empresa que presentó la iniciativa “no había constituido la garantía de mantenimiento de oferta a consideración del tribunal en su totalidad”, puesto que los oferentes debían presentar un “comprobante de depósito en efectivo” por 200.000 dólares previo a la apertura de sobres, que se hizo el 27 de octubre de 2022 a las 10.00. Sin embargo, las autoridades del MI aseguran que el depósito se hizo, pero el problema radicó en que no se tuvieron presentes los 12 dólares de comisión que cobraba el banco, por lo que lo depositado de forma efectiva fueron 199.988 dólares.
El Tribunal de Cuentas también había señalado que lo que se creaba “no era un precio, sino una tasa encubierta”. Sobre esto, la cartera solicitó la reconsideración, lo que, luego de presentados los argumentos, terminó con el levantamiento de la observación. El hecho de que lo deban pagar los pasajeros fue uno de los puntos más criticados, ya que al incorporarlo al precio queda por fuera del artículo 10 del Código Tributario, que requiere la creación de una ley, lo que habilitó su implementación por la vía de decreto.
Oviedo apuntó que el precio al que se arribó correspondió al que determinó la empresa que resultó ganadora en el procedimiento licitatorio, Promesa de Consorcio. Al respecto, dejó claro que el monto que presentó el consorcio en su oferta es en función de “lo que le va a costar el financiamiento del sistema” de seguridad, por lo cual, “si existiere una pandemia”, debería asumir los riesgos. En ese sentido, apuntó que cuando fijó el monto del precio “lo hace previendo, seguramente, cuestiones aleatorias”.