El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) aceptó, el pasado viernes, la solicitud de arbitraje por 600 millones de dólares contra el Estado uruguayo que fue presentada en enero por los inversores chilenos y canadienses de Montecon, a través de su matriz Neltume Ports.
Para Edison González Lapeyre, especialista en derecho marítimo y expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), si al arbitraje se le suma la solicitud adicional de arbitraje realizada sólo por los capitales canadienses por 240 millones de dólares y el proceso de revisión del contrato con Katoen Natie en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), son tres las “espadas de Damocles” que caen sobre el sector portuario nacional.
Tanto esta solicitud como el arbitraje confirmado este viernes tienen origen en los tratados de protección de inversiones que firmó Uruguay con Chile y con Canadá. En los dos casos los inversores señalan que fueron medidas adoptadas en el puerto de Montevideo que impiden a Montecon el almacenamiento y la transferencia de contenedores en los muelles públicos, algo que, según detallan, iría en contra de los acuerdos mencionados.
El tratado de protección de inversiones con Chile fue aprobado por la Ley 18.855 en diciembre de 2011 y el firmado con Canadá entró en vigencia en mayo de 1999. La clave, en este caso, es que ambos establecen lo que se conoce en derecho internacional como “cláusula de la nación más favorecida”.
Según explicó González Lapeyre a la diaria, esto tiene que ver con que los países que suscriben se comprometen a dar un trato “justo y equitativo” a las inversiones promovidas por capitales del otro firmante. En esa línea, no se les puede dar un trato “inferior” en términos de beneficios en comparación con empresas de otro origen.
Según informó Búsqueda el 25 de enero y confirmó la diaria, en el caso del arbitraje por 600 millones de dólares se señala el incumplimiento del tratado con Chile. En concreto, todo se remonta al acuerdo alcanzado en 2021 entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie, que le otorgó hasta 2081 la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –integrada por Katoen Natie (80%) y la ANP (20%)–, la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo.
En ese sentido, los accionistas de Montecon entienden que esto vulnera el principio de libre competencia. Según informó Búsqueda, Neltume Ports señaló en la solicitud enviada al Ciadi que en 2022 el margen bruto de Montecon disminuyó 40%. En esa línea, González Lapeyre explicó que la empresa demandante deberá presentar las pruebas suficientes ante el tribunal para demostrar que antes del contrato del Estado uruguayo con Katoen Natie sus operaciones alcanzaban porcentajes muy superiores. De ser así, se configuraría un escenario de “lucro cesante” –daño patrimonial por ganancia que se deja de obtener– que lleva a un perjuicio, en este caso estimado en 600 millones de dólares.
El arbitraje
La empresa señaló que las negociaciones directas para alcanzar soluciones no tuvieron éxito como consecuencia de comunicaciones que “no fueron respondidas por las autoridades de Uruguay”. Ahora, con el conflicto en manos del Ciadi, González Lapeyre explicó que el proceso se inicia con la construcción del Tribunal Arbitral, para el que habitualmente cada parte designa un árbitro y participa también un tercero de designación oficial.
Luego, según el especialista, los tiempos podrán variar de acuerdo a lo que dure el proceso de recolección de pruebas. Posteriormente, y con consideración de los recursos presentados, el tribunal “va a dictaminar si hubo una violación al acuerdo de inversiones” y, a su vez, si es el caso, también “la indemnización que pueda corresponder conforme a lo reclamado” por Neltume Ports, agregó González Lapeyre.
El especialista recordó que está pendiente la demanda que se ha promovido ante el TCA con relación al contrato suscrito en 2021 por el Estado uruguayo y Katoen Natie. El jurista indicó que en ese caso lo que se busca es determinar si “los actos administrativos que le dieron el marco jurídico al contrato son legales o no”. “Si son ilegales los puede declarar nulos, y si los declara nulos, cae todo el andamiaje jurídico por el cual se le dio ese régimen preferencial de atraque a la empresa Katoen Natie”, subrayó.
En esa línea, agregó que la caída del contrato podría significar otra nueva demanda al Estado, ya que, en ese caso, no podría cumplir con el contrato firmado con la compañía belga. “Cuando tomé conocimiento de este contrato dije que iba a estar prendiendo sobre la comunidad portuaria como una espada de Damocles, ahora digo que no es una espada, que son tres espadas de Damocles”, cuestionó González Lapeyre con relación a las demandas de Montecon y al proceso que se lleva adelante en el TCA.