La empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, notificó el 18 de enero al gobierno uruguayo su intención de someter a arbitraje internacional una reclamación por entender que se violó el tratado de inversión entre Chile y Uruguay en el marco del acuerdo con Katoen Natie, según informó Búsqueda este jueves y confirmó la diaria. De manera preliminar, Neltume Ports fijó la demanda en 600 millones de dólares. La empresa chilena y el gobierno uruguayo tienen 90 días para llegar a una solución; de lo contrario, el diferendo pasará al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

A mediados de 2022, Montecon, integrada por Neltume Ports y el grupo canadiense ATCO, ya había empezado el proceso previo a la demanda contra el Estado uruguayo. Ahora, por primera vez, hay una cifra de lo que se pide.

El acuerdo alcanzado en 2021 entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie otorgó hasta 2081 a Terminal Cuenca del Plata (TCP), integrada por Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) (20%), la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo. Montecon entiende que esto vulnera el principio de libre competencia. Según informó Búsqueda, Neltume Ports señala en la notificación que en 2022 el margen bruto de Montecon disminuyó 40%.

A fines del año pasado, tras el archivo de la denuncia presentada por el Frente Amplio (FA), el entonces prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés afirmó en conferencia de prensa que la coalición de gobierno “heredó” una “situación ilegítima” en las áreas públicas del puerto de Montevideo, “donde se estaban dando permisos precarios y renovables por períodos cortos de tiempo por fuera de la ley de puertos”. Ante eso, señaló que el gobierno tomó “determinadas medidas administrativas y de reorganización” y dijo que se sienten “tranquilos” con lo hecho.

En tanto, el entonces titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Luis Alberto Heber sostuvo recientemente en entrevista con la diaria que si no se llegaba a un acuerdo, “no iba a haber inversiones en el puerto”. Asimismo, aseguró que gracias al contrato con Katoen Natie “va a haber 650 millones de dólares en la TCP, la inversión más grande del puerto en su historia”.

En 2017, durante el último gobierno del FA, Katoen Natie denunció un supuesto uso irregular de los muelles públicos por parte de Montecon y acusó a la ANP de otorgar de manera irregular ventajas y permisos a Montecon. En 2020 anunció que demandaría al Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares.

Este número fue recordado en marzo de 2021, cuando, ya arreglado el acuerdo con Katoen Natie, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó en el Parlamento: “Nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente por 1.500 millones de dólares en TCP, y tras un arduo trabajo del gobierno se cerró un acuerdo con Katoen Natie, que no sólo desiste del juicio, sino que se compromete a invertir en el puerto 460 millones de dólares”.

Carrera: “En caso de tener un resultado adverso, la responsabilidad será pura y exclusivamente del gobierno”

A través de X, el senador frenteamplista Charles Carrera, quien denunció penalmente el contrato con Katoen Natie junto con su par correligionario Mario Bergara, calificó la resolución de Neltume Ports como una “desgraciada consecuencia” del acuerdo alcanzado en 2021. Si bien dijo que ahora “hay que pensar cómo articular la mejor defensa para los intereses del país”, sostuvo que “lamentablemente se hicieron las cosas mal”.

“Ojalá se gane, pero, en caso de tener un resultado adverso, la responsabilidad será pura y exclusivamente del gobierno por haber entregado el puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie violentando toda la normativa portuaria. Si algo le faltaría a este gobierno, que nos prometió los mejores cinco años de nuestras vidas, es hacer que el Estado uruguayo pierda su primer arbitraje internacional”, agregó Carrera.

En diálogo con la diaria, el senador aseguró que Katoen Natie “no tenía ningún fundamento para demandar 1.500 millones de dólares”, una cifra “exorbitante” que suponía “cinco veces el valor de la empresa”. Acerca de la notificación Neltume Posts, Carrera dijo que en la oposición “hay preocupación”, “porque en definitiva esto lo termina pagando el pueblo uruguayo”. Agregó que, si bien la contestación de la demanda será en este período de gobierno, algo que “es preocupante”, la sentencia del Ciadi “estaría recayendo en el año 2028”. Todo el proceso de arbitraje internacional, sostuvo, “va a ser parte de la herencia maldita que vamos a recibir”.

Desde el MTOP, organismo que fue clave en el acuerdo alcanzado con Katoen Natie, consultados por la diaria, prefirieron no hacer declaraciones.

El directorio de la ANP se reunió este jueves, pero no analizó la notificación de Neltume Ports. Desde el oficialismo comentaron a la diaria que hay “tranquilidad” y señalaron que “era una de las posibilidades”.

En cambio, la representante del FA en el directorio, Alejandra Koch, dijo a la diaria que esto “daña” al Estado uruguayo. Afirmó que “era un poco evidente que esto iba a pasar”, dado que la coalición “entregó el monopolio del negocio de los contenedores” a Katoen Natie. Y esto, cuestionó, bajo el argumento de “impedir ese supuesto juicio”, y “ahora están haciendo prácticamente lo mismo”.

Koch también apuntó que “parte de las consecuencias del acuerdo las va a tener que visualizar el próximo gobierno”. “Lo que sí está claro es que las consecuencias de este gobierno no se padecen hoy”, resaltó.

Sindicato: “iba a suceder” porque el acuerdo con Katoen Natie “eliminó la libre competencia”

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Álvaro Reinaldo, dijo a la diaria que el avance de la demanda contra el Estado uruguayo “era algo que iba a suceder”. Afirmó que, desde su entrada en vigencia, el contrato con Katoen Natie “eliminó la libre competencia” en el puerto de Montevideo. Recordó que a mitad de 2022 hubo “108 personas despedidas” en Montecon.

Consultado sobre las inversiones anunciadas por Katoen Natie, Reinaldo señaló que, aunque “se habían demorado un poco” debido a “permisos ambientales y otras cuestiones”, actualmente las obras “ya iniciaron” y “hay un componente importante de trabajadores de la construcción que están haciendo el relleno del espacio que le van a ganar al mar en hectáreas de almacenaje”.

Acerca de la demanda que eventualmente deberá afrontar el Estado uruguayo, Natalia Carrau, politóloga e investigadora de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay especializada en acuerdos de comercios e inversiones, señaló a la diaria que el Ciadi “lo primero que hace es evaluar si tiene jurisdicción” y si los argumentos que esgrime el demandante “tienen realmente lugar”, es decir, “si hay una posible violación de un derecho de la empresa”.

En este caso particular, Carrau sostuvo que “hay argumentos” porque “el Estado [uruguayo] le dio el monopolio en la práctica a Katoen Natie” y “dejó sin armas a Montecon”. No obstante, puntualizó que el desenlace del diferendo también dependerá de análisis jurídicos y de “cuál es la interpretación que hacen” los miembros del Ciadi. De todos modos, afirmó que “esto es una mala noticia para el país por una decisión terrible que hizo el gobierno”.