Este martes en la sede del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se llevó adelante una conferencia de prensa en la que participaron el jefe de la cartera, Raúl Lozano, y la vicepresidenta en funciones, Graciela Bianchi, y en la que técnicos expusieron sobre una serie de posibles incentivos para la construcción de viviendas sociales en madera. Las propuestas presentadas son el resultado de un trabajo de casi un año realizado por la consultora Pricewaterhousecoopers (PwC), que analizó las barreras económicas, tributarias y financieras del país que dificultan la aplicación de este sistema de obra. Dicho informe fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se enmarca en la “hoja de ruta para la construcción de vivienda social en madera en Uruguay”.
Estuvieron presentes en esta instancia diferentes actores vinculados al sector, tanto a nivel público como privado, con los que se espera poder iniciar un proceso de feedback que decante en políticas públicas. En representación del BID estuvo Felipe Vera, especialista de la división de Vivienda y Desarrollo Urbano del organismo internacional.
“En estos últimos tiempos he recorrido el país entregando viviendas en distintos departamentos y me cruzo con camiones llenos de troncos que vienen hacia el puerto de Montevideo. Nosotros los exportamos casi sin mayor valor agregado y después los importamos construidos en muebles o construidos en viviendas: por qué no hacerlo en Uruguay”, preguntó el ministro Lozano. En esa línea, destacó la importancia de esta construcción para combatir el efecto invernadero que, dada la sequía de los pasados años y las recientes inundaciones, “pasa a ser una cuestión de todos los días”, complementó.
Vera, por su parte, destacó el importante compromiso que tiene el BID en apoyar las acciones vinculadas a trabajar en la mitigación y la adaptación al cambio climático. En ese sentido, explicó que “la madera ha demostrado ser un mecanismo de construcción que reduce fuertemente los tiempos y funciona además como el sumidero de carbono”.
Incentivos para el sector industrial
Gabriela Cetrángolo, directora de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC, explicó que es clave asegurar que “los que vayan a construir en madera tengan la madera para construir”. En ese sentido, indicó que son fundamentales los incentivos al sector industrial que se encarga de procesar la madera. En concreto, uno de los puntos planteados tiene que ver con “adecuar la matriz de indicadores de la Ley de Inversiones” que, según la especialista, apoya la “exportación” de la madera, pero también podría beneficiar a las empresas que generan insumos para el mercado doméstico y, en particular, para la construcción de viviendas en madera.
Cetrángolo consideró necesaria la creación de un decreto específico para el sector industrial de transformación primaria y secundaria de la madera. Recordó que hay “exoneraciones para la producción de madera de calidad” y por eso falta “apuntalar” la transformación a través de “exoneraciones para las empresas que transformen madera para insumos internos”.
Paralelamente, también se propuso la creación de un fondo específico para el sector y un “régimen temporal de subsidios”. La consultora indicó que se busca “dar lugar a las pequeñas y medianas empresas” y por eso es necesario generar impulsos. El objetivo es que estas herramientas faciliten la decisión de invertir, capacitarse, innovar e investigar para alcanzar “la curva de eficiencia” y los “niveles de ahorro” que se pretenden a nivel de la construcción, agregó. Por último, Cetrángolo mencionó que, tanto para el fondo como para el subsidio, sería necesaria la promulgación de una ley.
Otra de las propuestas tiene que ver con que en la actualidad la Agencia Nacional de Investigación e Innovación cuenta con un “régimen de créditos fiscales” para la investigación y el desarrollo que, en este caso, se debe adecuar a las características del sector. Cetrángolo mencionó que, una vez logrado esto, la empresa de transformación de madera que tenga gastos de investigación y desarrollo a nivel interno podría tener una devolución de crédito fiscal del 35%. Asimismo, si involucra a institutos tecnológicos y universidades” podría llegar hasta el 100%.
Por último, se hizo referencia a la ampliación y al aumento de los topes del Fondo Industrial (FI) para los proyectos de transformación de madera. Este instrumento, ubicado en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, otorga fondos no reembolsables a través de procesos competitivos a empresas que presenten proyectos dentro del sector industrial y que promuevan el valor agregado.
Según Ramón Pampín, gerente de PwC, por un lado, lo que se podría buscar es que el sistema de puntuación de proyectos del FI, en el que ya está incluida la segunda etapa de transformación de madera, eleve al sector en la clasificación. Por otra parte, el especialista recordó que en 2023 el FI constó de 23 millones de pesos y que cada proyecto podría aspirar a un máximo de 2.300.000 pesos. En ese sentido, explicó que luego de conversar con empresas del sector, se concluyó que se necesitaría aumentar ese tope, dado que a veces se necesitan fondos que excedan esa cifra, por ejemplo, cuando se requiere “comprar maquinaria”.
Incentivos para el sector privado
“El sector privado está vinculado a la decisión de inversión, no se construyen viviendas porque hay un privado que decide no construir, ahí es que a nosotros nos interesa entender”, aseguró Pampín. En esa línea, hizo referencia al programa Entre Todos de la Agencia Nacional de Vivienda, a través del cual se puede acceder a la compra de una vivienda con una financiación máxima del Banco Hipotecario del 95% y en un plazo de hasta 25 años. En este sentido, el especialista aseguró que se podría categorizar a la construcción en madera como “mejora”, lo que podría incrementar, en el marco de este programa, el precio de la vivienda con un tope máximo de 20% con relación al valor original.
Por otro lado, se planteó la posibilidad de incentivar la modalidad de participación pública-privada en tierras públicas para construir en madera. En esa línea, Pampín aseguró que se podría utilizar el stock de tierras públicas para “bajar el costo final de los proyectos”.
Cetrángolo señaló, por otra parte, la posibilidad de aumentar los plazos establecidos en la ley de vivienda de interés social en el caso de las construcciones de madera. La especialista indicó que se puede “pensar en dar plazos mayores de exoneración, por ejemplo, a quien invierte en este tipo de viviendas para el arrendamiento”. Explicó que, en ese caso, se estaría generando un especial atractivo, que permite que “el mercado se acomode”, dando lugar a “más unidades” y “mejores precios de arrendamiento”.
Por último, Pampín se refirió a la posibilidad de brindar “préstamos hipotecarios con tasas bonificadas”. “El mercado tiene que evolucionar y tiene que madurar como para que el sistema financiero evolucione hacia eso, más allá de que pueda haber liderazgos que lo pueda asumir el Estado”, detalló con referencia a la propuesta. Recordó el trabajo del país en el financiamiento con “bonos verdes” e indicó que las viviendas de madera “pueden meterse” dando lugar a una “externalidad positiva” para darle “argumentos” al sistema financiero nacional y así avanzar en ese sentido.
Incentivos para el sector público
Según señaló Pampín, los incentivos propuestos para el sector público se encuentran alineados con el “buque insignia” de la vivienda social Mevir. En ese sentido, se propone “diferenciar cuotas” de las viviendas de madera y la de otros sistemas. “Si la vivienda en madera es más barata que la de los sistemas tradicionales, se incorporaría a la cuota”, indicó el especialista.
También se planteó la posibilidad de otorgar “prioridades” a las cooperativas que construyen en madera en los sorteos de Mevir. Dado que construir en madera es “más barato” que construir a través de otros sistemas, Pampín aseguró que con el mismo presupuesto se podría aumentar el número de soluciones habitacionales, designando previamente cierto porcentaje sólo para cooperativas que trabajen en madera. Vinculado a esto, se planteó “ampliar el porcentaje de financiación a cooperativas que utilicen madera”.
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