El proyecto de ley para regular la actividad de los operadores inmobiliarios sigue en discusión en el Parlamento. Luego de recibir la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto pasó al Senado, donde fue modificado, por entender que la iniciativa original excluía a un actor importante de la actividad: las franquicias.
La Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió el martes a una delegación de la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei), que nuclea a empresas como Re/Max, Century 21, Engel & Völkers, Keller Williams, Coldwell y Keymex, las que rechazaron de plano el proyecto que fue aprobado en Diputados.
Para la Cumei, es un proyecto “discriminatorio y limitativo”. El principal punto de rechazo es el artículo 10, que establece que las personas jurídicas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios para operar, y se establecen ciertos requisitos. Concretamente, cuestiona el punto que señala que sólo podrán inscribirse operadores que tengan “personal”, lo que es entendido por trabajadores en relación de dependencia.
Según la Cumei, eso “discrimina y limita” su actividad, ya que su modelo de negocio se basa principalmente en tener agentes independientes, no incluidos en un régimen de dependencia. “Es bastante absurdo y atenta contra la libertad y contra la igualdad ante la ley”, señaló en la comisión Martín Díaz, representante de la cámara.
Impulsores del proyecto ahora rechazan la nueva redacción
El pedido de la Cumei es de recibo para los legisladores que integran la comisión, quienes ya trabajaron en un texto sustitutivo que incorpora el término “agente asociado”, para contemplar a estos trabajadores independientes. Sin embargo, esta nueva definición ya causó reparos en los promotores del proyecto: la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU).
En la misma comisión, una delegación de la CIU anticipó que los cambios introducidos por los senadores podrían generar “fuertes desequilibrios” entre los operadores. “El proyecto aprobado por Diputados establece reglas claras, derechos y obligaciones. Es muy riesgoso legislar en base a los modelos de negocio específicos”, enfatizó Matías Medina, vicepresidente de la CIU.
La Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles también planteó reparos a esa nueva redacción, y pidió que, por lo menos, los “agentes asociados” tengan que contar con una matrícula. “No se trata de que no exista el término, sino de que se defina que esa persona que va a operar, que aparentemente no tiene una mayor vinculación, ya que no es empleado dependiente ni presta la matrícula a la empresa como sociedad, por lo menos tenga matrícula para operar; si va a manejar un auto, que por lo menos sepa hacerlo”, apuntó Nicolás Santerini, presidente de la asociación.
Otro de los puntos en disputa es la formación de los operadores. El proyecto original establece que es requisito que los operadores cuenten con el curso que dicta la Universidad del Trabajo del Uruguay, que es una tecnicatura que dura dos años y que se dicta en Montevideo y Rocha. Para la Cumei, ese proceso de formación es extenso y perjudicaría la generación de puestos de trabajo. Para la CIU, se trata de que todos los operadores estén “capacitados y formados”. Este es un punto que la comisión todavía no logra dilucidar.
Para las franquicias, este punto es limitante, ya que demandaría que los operadores tuvieran 1.600 horas de formación, mientras que en otros países, señalan, la formación es de 45 horas. Para las inmobiliarias, la formación de los operadores es clave para lograr una profesionalización del sector.
El senador Charles Carrera, integrante de la comisión, dijo a la diaria que hay “consenso” dentro de la comisión en que se debe buscar una redacción que incluya el modelo de negocios de las franquicias. Para ello, se planteó que las voces críticas a este nuevo proyecto hagan llegar sus comentarios y la comisión volverá a reunirse luego de las elecciones internas para avanzar en este tema.