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Foto: Ernesto Ryan (archivo, 2021).

La Red Pro Cuidados instó al sistema político a implementar políticas “que atiendan a quienes no tienen recursos para vejeces dignas”

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Pidieron el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

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Este viernes la Red Pro Cuidados emitió un comunicado sobre el incendio en un residencial para adultos mayores en Treinta y Tres que provocó la muerte de diez personas, en el que expresan “su más profundo pesar y solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas”, y que el incidente “pone de manifiesto una vez más las debilidades en las políticas de cuidado hacia las personas mayores en Uruguay y los enormes desafíos que aún tenemos por delante como sociedad”.

Afirman que en Uruguay el cuidado de las personas mayores “recae predominantemente en las mujeres de las familias de sectores pobres y medios, quienes a menudo no pueden asumir esta responsabilidad y recurren a establecimientos informales y de bajo costo”. Si bien el comunicado es sobre el incendio en Treinta y Tres, este viernes, una mujer fue encontrada muerta en un hogar clandestino en el mismo departamento.

“Los servicios formales habilitados por el Estado son pocos, de precios elevados y se ubican lejos de las zonas de residencia de las familias”, explican, e indican que “en los estratos medios y altos, la combinación de cuidados es más variada, con mayor probabilidad de acceder a servicios privados de mayor calidad”.

Esta situación, según la red, expone “el desafío de profundizar y consolidar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados [SNIC]”, que todavía “evidencia una cobertura muy limitada de centros de día para el cuidado ambulatorio y una asistencia domiciliaria a través del programa Asistentes Personales, que es aún insuficiente y ultrafocalizada”.

A su vez, subrayan que “se observan escasos avances en la mejora de la calidad y la fiscalización del cuidado residencial, a pesar de la aprobación del Decreto 356/16”, de 2016, que refiere a la reglamentación para la regulación, habilitación y fiscalización de los lugares que ofrecen servicios de cuidados a personas mayores.

En ese sentido, apuntan que el incendio que se dio en Treinta y Tres los lleva “nuevamente a demandar el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes, que se centran en el carácter interinstitucional de SNIC”, y que establecen “responsabilidades claras al Ministerio de Desarrollo Social (a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y el Instituto Nacional de las Personas Mayores) y al Ministerio de Salud Pública”.

Asimismo, critican que en los últimos días han “asistido” a “un desfile de autoridades deslindando responsabilidades y dando muestras de la absoluta ausencia de coordinación y articulación en la implementación del Sistema de Cuidados”.

Por lo tanto, demandan a las autoridades “el debido reconocimiento al rol del Comité Consultivo de Cuidados” en el marco del SNIC, y solicitan que se publique información “actualizada y clara” sobre la implementación del Decreto 356/6 con los respectivos “protocolos de registro y fiscalización de las instituciones responsables; los avances que haya en la implementación del Programa de Apoyo al Cuidado Permanente, “que disponibiliza cupos subsidiados ante relocalizaciones por cierres de centros”; así como los avances en la implementación del programa Cuidados+Calidad “en tanto vía de acceso a créditos para mejoras de la calidad en los servicios de cuidados”; y los avances en la implementación “de la estrategia de formación para dar cumplimiento a los requerimientos vinculados a los recursos humanos de estos centros”.

En el marco del año electoral, la red exhorta al sistema político a implementar políticas de protección social “que atiendan a quienes no tiene recursos para vejeces dignas, evitando así la penalización de quienes envejecen sin medios suficientes”. Agregó la necesidad de un “fortalecimiento del SNIC como un sistema coordinado y articulado de organismos del Estado que responda adecuadamente a las necesidades de cuidado de todas las personas”; asignación de recursos y mayor capacitación al personal involucrado en el cuidado, promoviendo coordinaciones intersectoriales que aseguren una planificación efectiva y una mejora progresiva de la calidad de atención”.

Por último, instan a los actores políticos “a explicitar con claridad sus compromisos hacia la tercera etapa del SNIC, enfatizando la importancia de abordar las desigualdades de género y sociales preexistentes a lo largo del curso de vida, sin olvidar la etapa final de la vida en que estas desigualdades se profundizan”.

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