Este martes la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tratará el proyecto de ley que prevé la pérdida del derecho al subsidio para jerarcas políticos o de particular confianza “en los casos de delitos contra la Administración Pública y otros relacionados con la corrupción”. La iniciativa fue aprobada por unanimidad a finales de 2023 en la Cámara de Diputados, a instancias del diputado colorado Conrado Rodríguez, y se reactivó en las últimas semanas, luego de la condena del exintendente de Artigas Pablo Caram y la exdiputada Valentina dos Santos.
Las irregularidades en el manejo de las horas extras en la comuna de Artigas pusieron en el tapete la posibilidad que tienen los funcionarios públicos, aun condenados, de solicitar un subsidio por un año,equivalente al 85% de sus haberes en función, tras dejar el cargo. En este escenario, a mediados de julio, Rodríguez le pidió a su correligionario Pablo Lanz —integrante de la Comisión de Constitución y Legislación— que trabaje en el tratamiento del tema. El propio senador pidió en ese ámbito que se le diera “prioridad”, algo que fue correspondido por el resto de la coalición y por el Frente Amplio (FA).
Consultada por la diaria, la presidenta de la comisión, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, dijo que desde la coalición de gobierno se buscará aprobar esta iniciativa. Más allá de eso, detalló que se buscará ajustar algunos detalles relativos a definir qué se entiende por delitos “relacionados con la corrupción”. Estas cuestiones de redacción, según destacó, serán puestas en común en la sesión de este martes.
En principio, según supo la diaria, los legisladores del FA estarían afines a su aprobación. Días atrás, el senador frenteamplista Charles Carrera, integrante de la comisión, había manifestado a este medio que su partido “puede acompañar el proyecto”.
La iniciativa a estudio prevé la suspensión del beneficio con “el procesamiento o con la acusación fiscal” de los delitos “contra la administración pública y otros relacionados con la corrupción”. A su vez, la posibilidad de acceder al subsidio “se extingue” con la “sentencia condenatoria definitiva firme, consentida o ejecutoriada”.