El hallazgo esta semana de los restos óseos del cuarto detenido desaparecido encontrado en el Batallón 14, en Canelones, refuerza la importancia de seguir buscando en esa área, destacó Alicia Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF). En diálogo con la diaria, Lusiardo afirmó que toda la zona cautelada “nos interesa, queremos abordarla, pero este es el cuarto cuerpo que se encuentra en un área bastante acotada”, sostuvo.
A su vez, explicó que se trata de restos que comparten patrones de enterramiento con los de Amelia Sanjurjo y que en otras cosas difiere de los enterramientos del otro lado del arroyo Meireles. Definitivamente, “estamos en un área que en la época se usó específicamente para enterrar” y “hay que cubrirla palmo a palmo”, reafirmó la coordinadora.
En cuanto a las similitudes y diferencias de los últimos restos encontrados con los de Sanjurjo, del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco, Lusiardo detalló que si bien los cuatro aparecieron con cal, a partir de ese producto se dan diferencias. En el caso de los restos de Castro y Blanco, además de “abundante cal”, se encontraron bolsas de plastillera. Sin embargo, los últimos dos restos encontrados del otro lado del arroyo demuestran “aun más preparación y esfuerzo por el ocultamiento”.
Aunque en los últimos también hay cal, se preparó una mezcla de pedregullo, arena y cemento para colocar arriba del cuerpo y no se desecharon allí los materiales para el ocultamiento. Además, en el último hallazgo se observa una fosa “más regular, con mucho trabajo para generar esa cantidad de cal y losa que generó el molde, lo que todavía no sabemos a qué atribuirle”, pero sin dudas “hubo un operativo”. Sobre los últimos dos enterramientos, la coordinadora del grupo agregó que a Sanjurjo la enterraron “muy en la superficie porque había rocas que no permitieron profundizar”.
El próximo lunes comenzará la búsqueda del perfil biológico tras acondicionar los restos (lavarlos y reconstruir, en el caso de que sea necesario), se hará un análisis preliminar para determinar el estado del esqueleto y en junta médica se decidirá qué piezas se van a tomar para el traslado al laboratorio ubicado en Córdoba.
“Esto llevará semanas, en Córdoba no hay tiempos determinados para producir una identificación, se extrae el perfil genético. Si es completo, se pasa a la comparación con la base de datos; si hay coincidencia, se estudia si es significativa o no, y si lo es, se evalúa si estadísticamente se puede identificar”, es algo que puede durar “dos meses o un año”, explicó Lusiardo.
Es evidente que el Batallón 14 cobró cierto valor a raíz de los hallazgos efectuados allí, y esto no se pasó por alto durante estos días. Integrantes del sistema político expresaron que el predio debe dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas (FFAA) y que debe pasar a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Consultada sobre esta posibilidad, Luisardo sostuvo que “lo importante es que se nos permita excavar donde tenemos información o hemos generado una hipótesis, si eso se da en las circunstancias actuales o con un cambio en la propiedad del predio, es indiferente, lo importante es que se nos permita trabajar”, reafirmó.
El vínculo de los gobiernos posdictadura con las FFAA
El cambio de dependencia del batallón, así como de otros predios militares, requeriría muchas decisiones, en su mayoría políticas, similares a las que Madres y Familiares le ha pedido una y otra vez al sistema político para que les exija a las FFAA toda la información que tienen acerca del paradero los desaparecidos.
Consultado por la diaria, el historiador Gerardo Caetano recordó que tras la aprobación de la Ley de Caducidad (1986) y de su ratificación a través del referéndum (1989), “la actitud de los gobiernos posteriores fue absolutamente hermética, sin respuesta”. De hecho, “el primer presidente que recibió a una delegación de Madres y Familiares fue Jorge Batlle [en el 2000], y junto a la Comisión para la Paz (2003) fueron el primer reconocimiento por parte del Estado de un problema que hasta entonces no se había resuelto”. Caetano agregó que recién a partir de 2005, con el gobierno del Frente Amplio (FA), hubo “un cambio de política”, que de todas maneras igual tuvo “sus marchas y contramarchas”.
Aun así, para el historiador, “ni en los 15 años de gobierno del FA y mucho menos en el gobierno actual, ha habido una actitud de absoluta firmeza” en cuanto al reclamo y a la orden que “le corresponde al presidente de la República como comandante supremo de las FFAA para que la institución brinde toda la información”, que, además de testimonios, incluye documentación que “sabemos que existe y que podría echar luz sobre mucho de lo que se está buscando”.
Caetano recordó que las FFAA no sólo “no han dado información veraz sino que en oportunidades han plantado obstáculos”. Por ejemplo, a través del informe que en 2005 el entonces presidente Tabaré Vázquez les solicitó. “Estaba cargado de errores y de pistas falsas”, agregó.
“Hasta ahora no ha habido una actitud firme en dar respuesta a las demandas de los familiares”, a pesar de que “mucho se avanzó en leyes”, en la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pero “no está la decisión firme de ir hasta el final y que los que tienen la verdad, que todavía viven y que tienen la información, la den sin excusas”, insistió el historiador.
Consultado sobre por qué los presidentes de cada período no han emitido la orden a las FFAA, Caetano consideró que, “con diferencias de sensibilidad entre gobiernos”, se revela “un peso político de las FFAA que les da protección en términos de responder a situaciones que ya debieran ser objeto de órdenes”. A su vez, dijo que “hay límites que los gobiernos no han querido pasar” y que esto expresa “falta de voluntad política para ir hasta el fondo y para que el justo reclamo de los familiares se cumpla”.
Por último, expresó que lo que se debería impulsar es una política estatal que sea fundada y que perdure en el tiempo y tenga financiamiento, porque aunque se apruebe una ley, si no tiene presupuesto e instrumentos adecuados, no se vuelve una política pública. “Lo primero que necesita una política pública es voluntad política, en principio, de quien es y de quien será el comandante supremo de las FFAA, a quien corresponde una orden, no un pedido”, reiteró.
“El sistema político olvidó, negó y protegió a los militares”
Por su parte, la escritora e investigadora Virginia Martínez agregó que lo primero que hay que tener en cuenta al pensar en la relación entre gobiernos, FFAA y desaparecidos es que en un principio costó que se reconociera la existencia de los desaparecidos. “La búsqueda fue un fenómeno bastante tardío, lo que hubo que hacer fue probar la existencia de los desaparecidos, algo que estuvo en tela de juicio, si bien ahora es una causa nacional; uno no se puede hacer la idea de la diferencia de estatuto que tenía el tema, durante muchos años se conjugaron los verbos en condicional y se decía ‘habrían desaparecido’”. Martínez recordó que “nadie proponía buscar los restos porque buena parte del sistema político negaba su existencia, la tiraba hacia Argentina”.
Para la escritora, en el período posdictadura los gobiernos colorados y blancos “promovieron el olvido e hicieron que el tema quedara clausurado durante mucho tiempo”, algo que se revirtió, en gran parte, gracias a Madres y Familiares. “Todos los militares responsables [de los crímenes] seguían estando en las FFAA y en el Parlamento, y todos los legisladores de los dos partidos votaron los ascensos”, es decir que “no sólo no recibieron castigo sino que siguieron activos”, y esto fundamenta que se trató de “un período en el que desde el sistema político olvidó, negó y protegió a los militares”.
Martínez coincidió con Caetano en que a partir de 2005 hubo un cambio, pero que “tampoco se fue al fondo”, salvo con la búsqueda de los desaparecidos, algo “que ya es irreversible”.
Con relación al debe de información, agregó que es “muy grande” y que si bien muchas de las personas que la poseen la han negado, “la falta de palabra, el silencio y la mentira no han tenido demasiadas consecuencias”.
Para Martínez, es fundamental que se instale una política que perdure en el tiempo y que asegure que el acceso a la información esté protocolizado, sea serio y que se elabore de acuerdo a estándares internacionales en el tema. Que la política también asegure que haya debate, educación, una continuación de las políticas de memoria, que la reparación sea integral y que la Justicia vaya “a fondo, hasta donde se pueda”.