Desde 2020, el gobierno uruguayo liderado por Luis Lacalle Pou ha implementado una estrategia que favorece a algunos medios de comunicación. Esto ha sido reforzado por la reciente aprobación de la Ley de Medios, que permite una mayor concentración, favoreciendo a grandes grupos empresariales y limitando la pluralidad de voces y la libertad de expresión, advirtieron expertos consultados por la diaria.
“El gobierno siempre tuvo la intención de favorecer a los medios más poderosos. Esto no es sorprendente; además tiene que ver con la historia del país y con lo que ocurre en muchas partes del mundo. Se produce una simbiosis compleja entre los mayores medios de comunicación y los gobiernos en particular. Una relación donde se espera, implícitamente, que los medios mayores traten bien o al menos no traten mal a los gobiernos o a ciertos políticos, y les permitan gobernar y volver a ser elegidos a cambio de distintos tipos de concesiones”, dijo a la diaria el docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, Gabriel Kaplún.
En la misma sintonía, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Gustavo Gómez, señaló a este medio que la “evidencia” demuestra una “sistemática predisposición” por parte del gobierno “a favorecer a determinados grupos empresariales de medios, sea a través de cambios normativos o de medidas reglamentarias y administrativas”.
“Esta es una ley [de Medios] con nombre y apellido, porque existen algunas disposiciones que están incluidas específicamente para beneficiar la concentración de unos pocos grupos económicos”, afirmó Gómez, quien es investigador y consultor especializado en temas como la libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e internet.
En esa misma línea opinó el economista y doctor en comunicación Gustavo Buquet, para quien la ley de medios fue un proyecto “hecho a imagen y semejanza de los canales”.
“[La ley] muestra la amistad o la relación estratégica que hay entre el Partido Nacional y estos grupos de comunicación. ¿Y por qué es grave desde el punto de vista económico? Porque fortalece el poder fáctico”. (Gustavo Buquet)
Ahondando en su análisis interpretó que la prisa por aprobar algunas medidas en plena campaña electoral surge ante la “expectativa de que haya un cambio de gobierno”.
“Eso también muestra la amistad o la relación estratégica que hay entre el Partido Nacional y estos grupos de comunicación. ¿Y por qué es grave desde el punto de vista económico? Porque fortalece el poder fáctico”, respondió.
El miércoles, el Parlamento aprobó una nueva Ley de Medios que tiene como objetivo, según el presidente Luis Lacalle Pou, derogar la “hiperreglamentarista” normativa anterior. En la nueva norma, los términos “monopolio” y “oligopolio” desaparecieron, al igual que la definición del espectro radioeléctrico como un “patrimonio común de la humanidad”.
El jueves, el mandatario vetó el artículo 72 de la nueva Ley de Medios, que tenía “negativas consecuencias” sobre la libertad de expresión, según los expertos consultados. Dicho artículo, impulsado por Cabildo Abierto, imponía a los medios de comunicación la obligación de dar información “imparcial” y “equilibrada” en “todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término”. No obstante, el veto del presidente sobre el artículo 72 no soluciona otros problemas de fondo que genera la nueva normativa, indicaron los expertos.
“Verdaderos aliados”
Para Gustavo Gómez, la relación existente en estos años entre algunos medios y el Gobierno ha sido de “verdaderos aliados”.
“Ellos defendieron siempre a esos grandes medios y se comprometieron incluso en el período electoral anterior a proteger sus intereses. Son cosas que se pueden encontrar en declaraciones públicas”. (Gustavo Gómez)
“Cuando se elaboró el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo en el Parlamento, en ese momento el entonces secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo públicamente que habían hecho ese texto en consultas con las gremiales de medios. Y efectivamente no consultaron a nadie más para hacer ese proyecto. Ellos defendieron siempre a esos grandes medios y se comprometieron incluso en el período electoral anterior a proteger sus intereses. Son cosas que se pueden encontrar en declaraciones públicas”, afirmó.
Incluso llegó a decir que uno de los dueños del Canal 4, Juan Walter Romay, participó en la redacción del proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en 2020.
Esa relación entre medios y gobierno se construye directamente asignando frecuencias de radio y televisión y permitiendo niveles de concentración importantes, explicó Kaplún, quien fue director de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de la República y es un referente teórico de dicha temática en América Latina.
“Todas las medidas que fue implementando el gobierno implican claramente retrocesos en materia de libertad de expresión y pluralismo”, reflexionó.
“Un sutil sistema de méritos y privilegios”
Por su parte, el integrante del consejo directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Álvaro Pan, dijo a la diaria que durante la pandemia del covid-19, el gobierno puso en marcha “un aparato comunicacional que priorizó a los grandes medios y a determinados periodistas de los mismos que tenían cierta prioridad para ingresar y hacer preguntas”.
“Se generó así un sutil sistema de méritos y privilegios. El método fue en cierta forma maniqueísta. Luego, algunos actores de gobierno desprestigiaron, en conferencias de prensa, a periodistas de medios considerados adversarios. Es algo no dicho, pero expresiones como 'te mandan, ¿eh?' no sólo buscaban incomodar a la persona que realizaba la pregunta, sino que implícitamente marcaban una línea divisoria entre medios afines y medios que no lo eran. Las medidas entonces pueden ser sutiles, pero no por eso menos efectivas”, agregó.
La Ley de Medios votada el 7 de agosto “deja de lado las sutilezas” y convierte a las políticas en una “forma desembozada de favorecer a determinados grupos empresariales en detrimento de otros medios y canales de comunicación”, remarcó.
La nueva Ley de Medios aumentó el número máximo permitido de licencias por titular en radio, televisión abierta y televisión para abonados. Además, ratificó el derecho de los cableoperadores a solicitar licencias para vender internet, porque “los modelos de negocios cambian” y “las rivalidades ya no son necesariamente entre prestadores que realizan las mismas actividades”, tal y como decía el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos que adjuntó al proyecto de ley.
Disposiciones derogadas
Kaplún indicó a este medio que con la nueva ley desaparecen el Consejo de Comunicación Audiovisual, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, las audiencias públicas para los llamados a asignación de frecuencias, la Defensoría del Público, la Comisión Honoraria de los medios públicos y el Plan Nacional de Educación para la Comunicación.
Asimismo, en la ley se elimina la declaración de que los servicios de comunicación audiovisual son de interés público por su papel en la promoción de los valores democráticos; también desaparece la declaración de que el espectro radioeléctrico es un “patrimonio común de la humanidad” y que el acceso equitativo al mismo es un principio de la sociedad.
Además, Buquet afirmó que la ley eliminó un artículo que prohibía conceder licencias 12 meses antes y seis meses después de las elecciones nacionales. “De esta manera, se va a poder aceptar conceder licencias de radiodifusión o de cable a cambio de favores electorales como se hacía antes de promulgar la ley del año 2005”, advirtió.
Por su parte, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública denunció en X que la ley “elimina la disposición que obligaba a los titulares de los servicios a pagar un canon por el uso de las frecuencias. Esos recursos debían destinarse a un fondo de promoción audiovisual”.
Otras acciones que benefician a los grandes grupos mediáticos
Buquet, Gómez y Kaplún destacaron varias medidas impulsadas por el gobierno que consideraron que favorecen a los grandes medios de comunicación en detrimento de la pluralidad y la libertad de expresión.
Kaplún mencionó la extinción del cobro de canon que debían pagar los canales privados de televisión con el argumento de que la pandemia los había “perjudicado demasiado y debían equilibrar sus cuentas”.
En varias ocasiones, el Estado decidió prorrogar el pago del costo por el uso del espectro radioeléctrico y de la licencia que utilizan los cableoperadores. Con dicha medida, los canales privados, las radios y los cableoperadores no debieron pagar el canon previsto en la Ley de Medios anterior y reglamentado en 2019. El 4 de octubre, Gómez afirmó en X que la nueva prórroga supone “otro regalo para la TV comercial” por parte del gobierno, mediante una exoneración de “más de 33 millones de pesos sólo en 2023”.
Señaló que “las empresas más grandes” –los canales 4, 10 y 12– “son las más privilegiadas”, por un total de 500.000 dólares en 2023 –unos 20 millones de pesos–.
Las medidas impulsadas por el Gobierno tienen “elementos estructurales muy negativos y muy regresivos”, indicó Buquet.
La nueva ley permite que un solo titular posea hasta seis frecuencias de radiodifusión, duplicando el límite anterior de tres, lo que podría llevar a una mayor concentración de medios en pocas manos, limitando la diversidad de voces y opiniones en el país, advirtió Buquet.
“Una empresa podría comprarle a los otros dos canales de televisión. Fíjese en una ciudad del interior donde ya los grupos económicos de medios tienen una gran influencia porque tienen un canal, son dueños del cable, de las señales de televisión, de una radio, y con esta normativa les permiten incorporar más radiofrecuencias y por lo tanto tener más poder mediático en el interior”, afirmó.
Por otra parte, Buquet destacó que Montecable, TCC y Nuevo Siglo se “mueven de manera coordinada” como si fueran un “bloque”.
“Terminan funcionando como monopolio, repartiéndose los beneficios. Sea una empresa o tres, pero el efecto monopólico es el mismo, tanto en la información como en los resultados económicos”, remarcó.
Gómez sostuvo que organismos internacionales como Unesco o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantean que los oligopolios y los monopolios mediáticos “conspiran contra la democracia y generan una situación de violación a la libertad de expresión”.
Efectos en la línea editorial
Con respecto a este tema, Buquet puso un ejemplo de una ciudad pequeña en la que una sola familia es dueña de las dos radios más importantes, del canal de televisión, del cable. “Aunque pueda tener programas diferentes, la línea editorial del grupo es la misma”, remarcó.
“Los informativos actúan de una misma manera; pueden, por ejemplo, como se vio en este gobierno, poner o sacar un director de informativos a pedido de un Ejecutivo que luego le impulsa una ley a sus favores. Si yo te hice favores, ahora tú me los puedes hacer a mí. Esto es una cosa que está implícita, que es fáctica, que no se ve, que no se percibe, pero que todo el mundo sabe, por lo menos en el entorno, que a partir de llamadas telefónicas y de presiones, en algunos de los canales se cambió el director de informativos, porque no era conveniente tener una de esas características”, agregó.
El experto aseguró que también se puede percibir el “trato diferente de la noticia” y puso como ejemplo el robo que ocurrió en La Pasiva de 8 de Octubre y Garibaldi, el 11 de mayo de 2012, en el que falleció uno de los trabajadores.
“Cada canal pasó el hecho ocho veces. [...] En cambio, si usted ve las noticias durante todo el periodo de gobierno de la coalición, las noticias policiales son aquellas en donde ocurre el delito, pero inmediatamente está la solución, es decir, se pasa la noticia en la medida en que se resolvió; agarraron al homicida, detuvieron al rapiñero, ya está preso, ya ocurrió tal cosa, si hay un problema en la cárcel, ya se resolvió, ya está resuelto”, indicó.
Afirmó que otro caso son los precios que estipulan los medios para cobrarles a los distintos partidos políticos en las campañas electorales por los espacios publicitarios.
“El Partido Nacional es el que tiene una tarifa más baja, después vienen los partidos de la coalición, después el Frente Amplio”, aseguró.
Ataque a la transparencia
La nueva ley de medios evita el control de los ciudadanos, ya que elimina los mecanismos de participación ciudadana y de transparencia, advirtieron los expertos. “Se favorece una manera discrecional de funcionamiento de los medios y de acuerdo con los gobiernos o con los partidos”, agregó Kaplún.
Asimismo, denunció que durante la discusión de la normativa se excluyeron los planteos de muchos organismos nacionales e internacionales, de la sociedad civil y de la academia.
“No solo eliminaron las palabras oligopolio, monopolio de la norma, sino que eliminaron todas las obligaciones de transparencia gubernamental en materia de la administración del espectro, del otorgamiento de concesiones de radio y televisión, respecto a la venta de las licencias. Eso termina reflejando un panorama complicado [...] Hay pérdida de transparencia y se eliminaron organismos de control ciudadano en este tema”, agregó Gómez.
“Con esta ley, el país retrocede en materia de libertad de expresión, y no avanza absolutamente nada en contemplar la realidad del mundo digital”. (Gabriel Kaplún)
Antel
Asimismo, el gobierno avanzó en varias autorizaciones que buscan “perjudicar” a Antel, advirtieron Buquet y Kaplún.
“Se decía en aquel momento que la ley vigente, la legislación en general, estaba rezagada en Uruguay respecto a los cambios tecnológicos. Uno podría pensar que ahora estaría más al día con estas autorizaciones a las empresas privadas de cable de ofrecer servicios de internet. Sin embargo, vale la pena volver también a leer el comienzo, el artículo 1, ya no la fundamentación de motivos, donde claramente internet queda fuera de la conversación. Uno podría decir ¿en qué quedamos? Está dentro solo respecto al uso de infraestructuras, pero toda la regulación no contempla estos avances”, afirmó Kaplún.
El experto puso como ejemplo a Netflix o Amazon, plataformas que están obligadas en Europa a cumplir con una cuota mínima de contenidos nacionales.
“Algo de este estilo bien podría plantearse Uruguay, pero no se hizo. Con esta ley, el país retrocede en materia de libertad de expresión, y no avanza absolutamente nada en contemplar la realidad del mundo digital”, reflexionó.
La actitud del Ejecutivo responde a una “perspectiva ideológica” ya que está “en contra” del fortalecimiento de una empresa pública y está a favor de la competencia porque cree que eso va a traer beneficios para la ciudadanía, dijo Buquet. “No se cuestionó nunca si estas licencias tienen que tener o no un precio, como las telecomunicaciones, que sí lo tienen”, agregó.