En el marco de la conmemoración de los 15 años de la Licenciatura en Desarrollo se celebraron entre el 4 y 6 de setiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República las Jornadas de Desarrollo, que nuclearon a cientos de estudiantes, docentes e investigadores e invitan a un recorrido por la historia, el presente y el futuro de los estudios del desarrollo en Uruguay.
Una de las mesas de las jornadas abordó los desafíos actuales del desarrollo en Uruguay, y en particular la necesidad del crecimiento económico con diversificación productiva, la importancia de la reducción de desigualdades y del cuidado ambiental, y el rol de los territorios en los procesos de desarrollo.
La economista Lucía Pittaluga partió de la muy cuestionada premisa de que el desarrollo necesita crecimiento, pero “no cualquier crecimiento”, en referencia a que no sólo importa la cantidad en la que se crece expresada en tasas -el cuánto-, sino que la variable cualitativa es fundamental para ver el contenido de ese crecimiento. En miras de avanzar hacia una mejor medición del crecimiento económico, profundizó en la necesidad de complementar el producto interno bruto (PIB) como variable de flujo con variables de stock que ahonden en qué recursos se utilizan como medios para generar ese flujo.
Por otra parte, señaló que el desarrollo debe obedecer al objetivo estratégico fundamental de la diversificación productiva para la reducción de la desigualdad, dado que la estructura dependiente de los commodities (o bienes primarios) que caracteriza a las economías de la región genera mayormente empleos inestables y de mala calidad.
A su turno, la socióloga Isabel Bortagaray coincidió en la necesidad del crecimiento pero precisando qué crecimiento y cómo, prestando atención especialmente a cómo se define el qué y el cómo desde el Estado, asuntos en los cuales cobra importancia el papel de la planificación, la revisión y los procesos de aprendizaje institucional. Remarcó que pese a los cambios que ha atravesado el país en los últimos 15 años, persisten la pobreza y la desigualdad.
Bortagaray hizo énfasis en el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación, e identificó dos desafíos prioritarios para el desarrollo en esta materia: romper el centralismo institucional en la generación de políticas y pensar en una política para ciencia, tecnología e innovación.
Por su parte, la socióloga Anabel Rieiro problematizó sobre la noción de desarrollo, señalando que prefiere hablar de “los desarrollos”. La investigadora planteó que los “entramados comunitarios se encuentran invisibilizados por la economía y la política”, y es necesario pensar desde la sociedad “nuevas epistemologías” que visibilicen los principios sociales como reguladores de la economía a la hora de pensar las políticas públicas. En tal sentido, aseguró que la sociedad atraviesa una “crisis de reciprocidad” y que es necesario retomar las discusiones del desarrollo sobre dependencia y colonialidad.
Rieiro se refirió a otras formas de organizar la economía que se encuentran invisibilizadas y que es necesario integrar, por ejemplo la economía social y solidaria, que concentra a un millón de personas vinculadas al cooperativismo en nuestro país, así como a las economías populares y de subsistencia, que son muy marginadas.
El economista Adrián Rodríguez Miranda incorporó a la discusión la necesidad de considerar “la economía fundamental” como forma de “hacer bien las cuentas”, cuestión que se ha trabajado en Europa en vistas de profundizar en interrogantes como “¿Qué explica el PIB?” y “¿Por qué un país es productivo?”.
Las desigualdades y el desarrollo
Marisa Bucheli, también economista, centró su exposición en las desigualdades como trabas para el desarrollo, particularmente en el reparto del trabajo entre hombres y mujeres. Aseveró que “no podemos pensar en el desarrollo sin pensar en los sesgos discriminatorios” que lo obstruyen. Sostuvo que históricamente el desigual reparto de hombre y mujeres en el trabajo ha llevado a que los hombres produzcan en el mercado y las mujeres en el hogar. La investigadora señaló que en épocas de expansión poblacional se ha demostrado cómo “la caída de la población dependiente promueve el crecimiento y abre oportunidades de desarrollo”, al generar un efecto positivo en la participación de las mujeres en el mercado laboral, que a su vez impacta en la generación de más recursos y en la reducción del número de hijos.
No obstante, en el contexto nacional actual se asiste a una caída de la tasa de fecundidad que, acompañada por el aumento de la esperanza de vida, produce envejecimiento poblacional, con lo cual el cambio demográfico “ejerce una doble presión que recae sobre las mujeres” para la producción de recursos, tanto en la esfera del mercado de trabajo —en la cual perciben menores ingresos por igual tarea respecto a los hombres— como en la órbita doméstica y de los cuidados. En este sentido, la investigadora sostuvo que el cambio demográfico aparece como un desafío tensionante para el desarrollo de Uruguay, enlenteciendo el crecimiento.
Reforzando la idea de que el desarrollo debe ir acompañado de una caída del sesgo discriminatorio, Bucheli evidenció la existencia de otras brechas que enlentecen el crecimiento, como las que experimentan la poblaciones afro y migrantes en el mercado laboral, así como en sus trayectorias educativas, y la sobrerrepresentación en cárceles de estos grupos. “Hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo”, cuestionó.
Desafíos ambientales para el desarrollo
El antropólogo Carlos Santos estructuró su participación en torno a tres desafíos ambientales que enfrenta Uruguay para su desarrollo. El primero de ellos se relaciona con cómo articular la coexistencia de “lenguajes de valoración”, entendidos como maneras de ver el mundo o cosmovisiones, entre las cuales se evidencia un predominio del lenguaje del crecimiento económico, que debe repensarse a partir de un mayor diálogo de saberes y disciplinas que fortalezca la vocación democrática del desarrollo. El segundo desafío se centra en garantizar el cumplimiento del marco regulatorio ambiental, que a su entender “es muy bueno pero no se cumple”. El tercer desafío se relaciona al anterior y se trata de la conciencia, movilización y participación social como la mejor manera de garantizar el cumplimiento de la normativa, evitando que ciertas formas de vida se impongan sobre otras.
Santos coincidió con el planteo de Pittaluga referido a ampliar las formas de medición, proponiendo la incorporación de flujos que no necesariamente sean de capital, como el agua y la energía. Como ejemplo planteó la instalación de las plantas de celulosa en nuestro país, que si bien genera crecimiento medido en porcentaje del PIB y dinamiza la economía, implica un subsidio ambiental desde el Estado uruguayo a las empresas para su instalación, que le otorga la utilización gratuita de un millón de metros cúbicos de agua potable por día para su producción.
En este sentido, el investigador consideró que se sacrifica un bien común comprometiendo la vida presente y futura a cambio del enriquecimiento particular de grupos económicos, en una demostración de la supremacía de la visión económica por sobre los otros lenguajes de valoración; “si eso es crecimiento, yo no estoy de acuerdo con eso”, sintetizó.
En su intervención, la licenciada en Desarrollo Valentina Ríos optó por jerarquizar la dimensión territorial y su importancia, en el entendido de que “las transformaciones productivas suceden en el territorio”, remarcando los desafíos identificados por Rieiro y Santos respecto a una visibilización de lo común y una mayor participación de quienes habitan los lugares, que contribuya a una “apropiación local que ayude tanto a la toma de decisiones como a la democratización del conocimiento”.
Planteó la necesidad de mejorar los diagnósticos territoriales, pese a la poca información disponible, y sistematizar los procesos locales para “ir más allá de lo conceptual, desde lo teórico a la praxis”. En tal sentido, consideró que la Licenciatura en Desarrollo puede aportar fuentes alternativas y multidimensionales para la obtención de datos, así como una mirada multidisciplinar de los procesos.
Al respecto, Pittaluga consensuó con Santos en que “la producción no se instala en la nada” sino en sistemas socioecológicos, y con Bortagaray en que “las políticas se deciden desde el centro” y sin considerar “cómo se reciben desde el territorio”. Al respecto, consideró la educación como herramienta para la reducción de desigualdades entre las regiones, y cuestionó el hecho de que, pese a los avances registrados en términos de descentralización educativa, por ejemplo con la creación de la UTEC como “Universidad del interior”, 15 de los 19 directores de la institución residen en Montevideo. Sobre este punto, Adrián Rodríguez Miranda resaltó la predominancia de la “visión montevideana del sur” en la agenda del desarrollo.
Por su parte, Bortagaray remarcó el rol fundamental del Estado para recepcionar e intervenir en los territorios, dado que “hace falta horizontalidad e ida y vuelta con las comunidades”. A su entender “hay senderos o formas de vida que no están interconectadas, están aisladas, y por eso no impactan”, pasando a ser “nichos de innovación que evolucionan de manera paralela” ante la ausencia del Estado. Sobre este punto, Santos se preguntó: “¿Qué les pedimos a estas otras formas de vida?” desde el Estado, puntualizando que son alternativas únicamente si están ancladas o situadas en una experiencia territorial.
“El Estado es necesario, pero no suficiente; debe haber movilización ciudadana para exigir al Estado que cumpla con la normativa”. En esa línea, Rieiro destacó que “el Estado está presente en los territorios tanto por intervención como por omisión”, siendo esto último también una política, y puntualizó que “la democracia debe reinventarse en lo común, no puede basarse sólo en instituciones”.