“No lo vamos a firmar a tapa cerrada”, comentó una fuente del gobierno actual sobre la decisión pendiente de firmar y autorizar la construcción del proyecto Neptuno, la iniciativa que impulsa el Consorcio Aguas de Montevideo para construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí, San José.
Este jueves, mientras en la plaza Independencia un centenar de manifestantes se concentraron en rechazo del proyecto, en la Torre Ejecutiva hubo una nueva reunión de transición entre el gobierno entrante y el saliente, un encuentro que sirvió para que el actual Poder Ejecutivo le entregue al próximo información que había quedado relegada en el primer encuentro y para dialogar sobre el proyecto, uno de los temas que generó mayores diferencias durante la transición.
Según declaró Alejandro Sánchez, futuro secretario de Presidencia, a la salida de la reunión, el gobierno y las empresas presentaron una serie de “modificaciones” al proyecto original, que ahora deberán ser evaluadas por el gobierno electo para seguir negociando en la búsqueda de la firma del contrato y del comienzo de las obras.
Sánchez aseguró que el proyecto “está arriba de la mesa” y que el gobierno entrante tiene una visión “crítica”. “Hemos sido críticos con el proyecto en varios aspectos, como lo que tiene que ver con la toma de agua, los impactos ambientales y otras cuestiones”, dijo Sánchez, y comentó que durante la reunión “actualizaron información”.
“Se nos proporcionó más información, más elementos y algunas alternativas que podría tener el proyecto para ver si eso implica o posibilita levantar las observaciones que nosotros tenemos”, subrayó. El futuro jerarca señaló que se “valora” que hayan presentado modificaciones: “Vamos a estudiarlas, vamos a seguir intercambiando”, apuntó.
Sánchez contó que algunas de las modificaciones tienen que ver con cambios en la toma de agua y el pólder, que podría reducirse, además de modificaciones en el “modelo de negocio”. Sin embargo, no está dentro de esos cambios la posibilidad de que la planta se construya en otra zona del país.
Lo que queda para adelante es que el gobierno entrante analice la nueva propuesta, con la intención de que el proyecto consiga un consenso político amplio. Si bien quedan seis semanas de gobierno, Sánchez entiende que la firma del contrato “no se puede hacer a la carrera” y que Uruguay “necesita tener un buen diálogo y una buena discusión sobre las infraestructuras”.
En el actual gobierno la intención es que el proyecto tenga la firma en este período, aunque en este encuentro decidieron otorgar mayor información y estas modificaciones para que el próximo gobierno “las tenga en consideración”. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, defendió el proyecto a la salida del encuentro y dijo que el informe del ministerio “no ha recibido objeciones”, “ni desde la academia ni desde actores políticos”. Bouvier hace referencia al informe final de Ambiente, en el que se establece la autorización ambiental previa y que está en la web del ministerio desde el 9 de diciembre del año pasado.
Bouvier aseguró que el actual gobierno “está dispuesto” a recibir las consideraciones que el próximo Ejecutivo tenga sobre las modificaciones planteadas, y confirmó que se trata de “alternativas al pólder”. “Ahora están en consideración del gobierno electo”, comentó.
Fuentes del Consorcio Aguas de Montevideo aseguraron que el intercambio entre las nuevas y actuales autoridades fue “muy bueno” y defendieron la iniciativa: “Es una planta de agua, no es una planta nuclear. Estamos hablando para producir agua, es una obra fundamental. Hay que hacerla”, comentó la fuente, que coincidió con Bouvier en que el informe elaborado por Ambiente es “muy bueno”.
La fuente aseguró que “no se habló de plazos”, pero que el consorcio está “pronto para arrancar”. Confirmó que el proyecto tiene financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF): “No depende de nosotros la decisión de arrancar”, comentó la fuente, pero remarcó que la decisión final es “política”.
La reunión de transición entre el ministro Bouvier y el designado, Edgardo Ortuño –que participó en la reunión de este jueves–, será la próxima semana. En ese sentido, el actual jerarca dijo que recibieron un “formulario de preguntas bastante extenso”, que será devuelto a las futuras autoridades antes de la reunión, que está planificada para el 28 de enero.
Punta Ballena: Ambiente “está en etapa de revisión” del informe final
Bouvier fue consultado también sobre el proyecto inmobiliario que se busca construir en Punta Ballena, Maldonado, que rechazaron los técnicos de la Dirección Nacional de Evaluación y Calidad Ambiental (Dinacea); tras el informe negativo, los promotores del proyecto hicieron una devolución y Ambiente ahora deberá generar el informe final junto con la resolución ministerial.
El proyecto busca generar un bloque inmobiliario de 29 edificios y fue cuestionado desde varias organizaciones sociales de la zona y vinculadas al ambiente, a tal punto que las organizaciones recolectaron firmas para impulsar, a nivel de la Junta Departamental de Maldonado, que Punta Ballena sea declarada área protegida y sea incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Bouvier dijo que es una “decisión de la ciudadanía” que está en la “órbita de la Junta Departamental”. “Lo que tiene que ver con el ministerio es el informe de la evaluación, la respuesta de la empresa, que tiene todo el derecho de hacer su descargo, y nosotros de evaluar ese descargo y resolver”, comentó. Sánchez dijo en una rueda de prensa que durante la reunión no se comentó sobre la iniciativa de Punta Ballena.