El 3 de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) –organismo del gobierno argentino que se encarga de supervisar e inspeccionar los mercados de valores y la actividad de sus participantes– recibió de la empresa Consultatio SA el reporte de un “hecho relevante”. En concreto, la compañía informó que había “celebrado” un acuerdo con los propietarios de “un conjunto de parcelas” para desarrollar un “proyecto inmobiliario sujeto a los permisos de rigor”, en 141 hectáreas de Montevideo, lo que implicaría una inversión inicial de unos 13 millones de dólares.
Detrás de Consultatio SA, empresa del campo de las inversiones y gestión de activos, se encuentra el argentino Eduardo Costantini. Con un patrimonio neto de 1.700 millones de dólares, el empresario es para la revista Forbes la cuarta persona más rica del país vecino. Debe tenerse en cuenta que su vínculo con Uruguay en el tiempo reciente es estrecho, ya que su compañía adquirió en abril pasado la totalidad de las acciones de la sociedad británica TPCG Group Ltd, dueña de TPCG Financial Services SA., empresa que actúa como agente de valores en el país. Antes, sin embargo, con mayor relación con el caso en cuestión, su firma fue la que desarrolló el barrio privado Las Garzas, en Rocha, a fines de 2017, que se extiende en 240 hectáreas.
Asimismo, el empresario había estado detrás de la construcción, en la provincia de Buenos Aires, de los barrios de Nordelta y Puertos. Para este último, además, sigue incorporando terrenos; el último fue de 65 hectáreas el pasado mes de noviembre.
Si bien no se sabe con exactitud la zona de Montevideo donde se realizará el emprendimiento, La Nación informó que el proyecto implica la “creación de un barrio abierto residencial bajo la Ley de Vivienda Promovida”. En este sentido, el mismo medio hace referencia a que el lugar elegido para la edificación es la zona de Carrasco. En términos generales, y desde la web de Consultatio, se destaca que se trabaja en la planificación de “áreas suburbanas con propuestas de servicios superadoras, que se adaptan a distintas etapas de la vida”.
¿Qué se sabe del proyecto en Uruguay?
Según señala el comunicado extendido por la compañía a la CNV, la construcción del “proyecto inmobiliario” en cuestión se encuentra, por lo pronto, sujeta “a los permisos de rigor”. En ese sentido, en contacto con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), la diaria pudo verificar que, hasta el momento, no ha llegado ninguna solicitud de autorización para la concreción de una obra de ese calibre. Se detalló que, por lo pronto, en este trámite la solicitud debe ser realizada en primera instancia al Ministerio de Ambiente, que luego deriva “algunas consultas” a esta dependencia.
En la gerencia de Evaluación de Impacto Ambiental tampoco hay noticias, según pudo confirmar la diaria. Por lo pronto, se espera recibir información al respecto porque, si se trata de una urbanización de más de diez hectáreas, “requiere autorización ambiental”, para lo que se debe comunicar formalmente sobre el proyecto. En este sentido, y no habiendo novedades tampoco en la Intendencia de Montevideo, es de esperar que, una vez concretada la inversión, empiecen a aparecer a la brevedad las diferentes solicitudes de permiso.
El otro aspecto, no menor, tiene que ver con que la inversión, según informó La Nación, se enmarca en la Ley de Vivienda Promovida. Algunas disposiciones de esta normativa se flexibilizaron en Ley de Presupuesto de 2020; entre ellas, la que establecía topes de precios tanto para la venta como para el alquiler de unidades, así como la cantidad de viviendas que se podía construir bajo este régimen en un mismo edificio, o la construcción de monoambientes en esta modalidad.
Según un documento interno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), al que accedió la diaria tiempo atrás, luego de este cambio sólo en 2023 se concretaron 205 proyectos y, desde la aprobación de la ley, hay 38.932 viviendas, entre las que han sido promovidas y las que están en estudio, las cuales están contenidas en 1.524 proyectos. En los números que maneja el MVOT se da cuenta de un aumento sostenido de los proyectos promovidos desde el cambio en la normativa: de 79 ingresados en 2019 se pasó a 205 concretados a diciembre de 2023.
La mirada desde el gobierno electo
Desde la oposición, el Frente Amplio (FA) se ha manifestado en contra de las modificaciones realizadas a la Ley de Vivienda Promovida. Incluso, la propia ministra designada de Vivienda, Cecilia Cairo, ha dicho que en el estado actual de la ley, las viviendas que se construyen “no son” para “las familias que trabajan”. Según explicó la futura jefa de la cartera al programa 8 AM de Canal 4, el valor al que se venden actualmente las viviendas que masivamente se construyen en el marco de esta ley supera lo que puede pagar un asalariado.
Por su parte, ante el impulso de este nuevo proyecto, el subsecretario designado de Vivienda, Christian Di Candia, apuntó en diálogo con la diaria que, por lo pronto, no se tiene “conocimiento” oficial de sus características. Más allá de eso, y en relación con la información que por el momento se conoce, el jerarca designado indicó que “claramente” no es “un proyecto que responda a las necesidades que tiene Uruguay en materia de construcción ni de acceso a la vivienda”.
De todos modos, agregó que “si es un proyecto privado de inversión extranjera que cumple con toda la normativa vigente al momento de su ejecución y genera mano de obra y oportunidades para los uruguayos, habrá que estudiarlo con responsabilidad como corresponde a cualquier gestión seria”.
Por otra parte, Gustavo González, senador electo por el Partido Socialista y ex secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), dijo a la diaria que no le “extraña” el proyecto en cuestión porque la Ley de Vivienda Promovida da “una exoneración fiscal brutal”. En el marco de esa ley, “la industria de la construcción no paga IVA en los materiales de construcción, no paga una cantidad de impuestos; es un negocio para el empresario, por eso construyeron como construyeron”, agregó.
Recordó, de cara a lo que será la administración del gobierno electo, que la ministra designada dijo que la “iba a revisar”. “La [Ley de] Vivienda Promovida tuvo desviaciones, primero porque para lo que se pensó era para permear barrios que tenían todos los servicios”, pero en principio estaba pensada para “sectores medios o bajos; eso se degeneró totalmente”, enfatizó González.
La gente que sufre “el déficit habitacional de nuestro país no va a llegar a esos emprendimientos bajo ningún concepto; si ves los costos que tiene la vivienda promovida para un monoambiente, son inalcanzables para los que no tienen capacidad de ahorro”, remarcó.
González manifestó que quienes llevan adelante “estos emprendimientos son gente que quiere hacer mucha guita, y tienen todo el derecho, pero que no me vengan a decir que es un proyecto que va a resolver el problema de la vivienda”, analizó. “Nuestra preocupación debe ser achicar las desigualdades en vivienda y, para hacerlo, toda la energía mía y de nuestros compañeros debe estar en cómo vamos a atender a los sectores que no han resuelto el problema”, planteó el ex secretario general de Fucvam.