La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó por unanimidad la semana pasada el proyecto de ley que transforma la Defensa Pública en un servicio descentralizado; se prevé que la iniciativa se apruebe este martes en el plenario con los votos de todos los partidos políticos. Sin embargo, antes de la votación, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) remitió una nota a la comisión en la que alerta que, en caso de aprobarse el proyecto, se ocasionarían “graves perjuicios institucionales y económicos al Poder Judicial”.
En la nota, que fue consignada por el semanario Búsqueda, la SCJ plantea su preocupación por lo dispuesto en el proyecto vinculado a los bienes muebles, inmuebles y derechos patrimoniales que serían destinados al nuevo servicio descentralizado de la defensoría pública.
La iniciativa establece que el patrimonio de la Defensa Pública se compondrá de todos los bienes muebles, inmuebles y derechos de cualquier naturaleza de los que sea titular el Poder Judicial para el funcionamiento de la Defensa Pública. Asimismo, se dispone que la SCJ realizará una lista de los bienes comprendidos para transferir al servicio descentralizado.
Según la SCJ, esto “afecta directamente la economía del Poder Judicial, ya de por sí extremadamente limitada, privándola de bienes que han sido adquiridos, mantenidos y mejorados a lo largo de los años con ahorros significativos y reasignaciones internas, muchas veces en detrimento de necesidades igualmente relevantes”.
La SCJ afirmó que, si se aprueba, la iniciativa tendría “un impacto negativo y desproporcionado sobre un poder del Estado que ha sido históricamente postergado en términos presupuestales”, e incluso advirtió que podría recurrir a “acciones legales que estime pertinentes en defensa de sus derechos”.
Además del aspecto económico, la SCJ expresó reparos sobre la constitucionalidad del artículo 10 del proyecto, el cual hace referencia al nombramiento de los abogados defensores, ya que por disposición constitucional la SCJ es el organismo encargado de nombrarlos. El jueves los senadores de la comisión acordaron una redacción que dispone que “la Defensa Pública remitirá a la SCJ la lista de prelación de postulantes para su nombramiento como defensores públicos”, por lo que será la SCJ la que los nombrará.
Para Bianchi, el planteo de la SCJ “no es de recibo”
La nota de la SCJ ingresó al Parlamento el viernes, por lo que aún no hubo oportunidad de analizarla formalmente. El senador colorado Andrés Ojeda, que será el miembro informante del proyecto en la votación del martes, dijo a la diaria que prefiere no adelantar su opinión sobre lo expresado por la SCJ. Señaló que esto será un tema para conversar este lunes con el resto de las bancadas.
Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, integrante de la comisión, dijo a la diaria que, en primer lugar, se trata de poderes diferentes, por lo que, si la SCJ “quiere iniciar acciones legales como dice la prensa, las iniciará”. “Mi opinión es que hay que aprobarlo igual, porque además hemos consultado a distintos constitucionalistas y hace mucho que estamos trabajando técnicamente”, expresó.
“Nosotros lo que queremos crear es un servicio descentralizado y buscamos la forma de que sea compatible una cosa con la otra”, afirmó Bianchi; y puntualizó que, cuando compareció ante la comisión, la SCJ planteó que “lo que más le preocupaba era cómo se iban a distribuir los bienes”. Por eso, sostuvo, los legisladores buscaron “una fórmula que es común a otros proyectos de presupuesto, por ejemplo, cuando se transfirieron bienes de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] al Ministerio de Vivienda”.
La senadora nacionalista remarcó que la iniciativa ya fue aprobada por la comisión, por lo que “tiene que ir” al plenario, aunque apuntó que, si “hay opiniones diversas, volverá a la comisión”. De todas formas, sostuvo que, a su juicio, “no es de recibo este planteamiento de la Corte, cuando además fue citada y tuvo la oportunidad de dar su opinión”. “Es un poder del Estado con otro poder del Estado, así que esto de iniciar acciones legales no sabemos qué significa”, agregó.
En la misma línea, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian dijo a la diaria que fue “un razonamiento lógico” que se haya acordado en la redacción del proyecto que los bienes físicos con los que hoy funciona la Defensa Pública pasen a su titularidad una vez que se convierta en un servicio descentralizado. “Esos bienes fueron construidos y aportados por el presupuesto de la SCJ, es cierto, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra”, comentó.
Kechichian señaló que, cuando se crea un servicio descentralizado, “obviamente estas cosas pasan”, ya que “no vas a pasar las potestades y las funciones sin ningún soporte físico”.
Consultada sobre si este planteo de la SCJ puede afectar la votación del martes, Kechichian dijo que no y sostuvo que se trata de “un proyecto muy trabajado”. “La autonomía de la Suprema Corte es una reivindicación histórica de la defensoría pública; en eso estuvimos absolutamente de acuerdo todos los partidos”, afirmó.
Sobre el artículo 10 del nombramiento de los abogados defensores, Kechichian sostuvo que “se encontró una fórmula interesante” que “salva las posibles inconstitucionalidades”. “Hace meses que se viene trabajando y me parece que es un paso gigantesco”, subrayó.
“La Defensoría nunca ha tenido una gestión, un pienso”
La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) convocó a un paro nacional para el martes con el propósito de acompañar la votación del proyecto en el Senado, cuyo texto comparten. La secretaria general de Adepu, Lucía Long, dijo a la diaria que viajarán a Montevideo defensores públicos de todos los departamentos para acompañar.
Consultada sobre la nota remitida por la SCJ, Long dijo que no la han analizado como comisión directiva aún, pero adelantó que les “llamó la atención”, sobre todo, por “el tono con el que se realiza la nota”. “La SCJ ya fue escuchada en comisión en el mes de abril y no hicieron ninguna de estas referencias [de acciones legales], más allá de los recaudos sobre los bienes”, comentó.
Long detalló que la Defensoría Pública “solamente tiene cuatro propiedades aceptadas con la titularidad” y “el resto son todos alquileres o espacios que se comparten con los juzgados”, lo cual “no debería señalar un problema”, ya que también cuentan con un espacio dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Sobre los beneficios del proyecto en la atención que brindan los defensores públicos, Long dijo que el reclamo de la autonomía responde a que “la Defensoría nunca ha tenido una gestión, un pienso”. “Hemos reclamado un montón de cuestiones sobre las cuales la Corte jamás nos ha dado una respuesta, y nosotros creemos que, en parte, eso es algo que se va a mejorar desde la creación de un servicio descentralizado, con una dirección que entienda el servicio y que, al entender el servicio, pueda gestionarlo adecuadamente, que es algo de lo que carecemos absolutamente”, concluyó.