Este jueves tuvo lugar una citación de la comisión especial para la designación del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario de la Asamblea General. La comisión recibió las presentaciones de las dos primeras postulaciones: Pablo Galain, promovido por la legisladora del Frente Amplio Graciela Barrera y los colorados Robert Silva y Felipe Schipani, y Alba Martínez, exfuncionaria penitenciaria postulada independientemente, según consignó la diaria con fuentes de la comisión.
Al culminar la reunión de la comisión, llegó una nueva postulación de manera personal. Hugo de León, que se presenta como “un exjerarca y policía retirado”, según señalaron a la diaria fuentes de la comisión. Su perfil será estudiado para la próxima comparecencia.
El miércoles 8 de octubre se realizó una conferencia de prensa para dirigirse a la población y promover la postulación, que estuvo a cargo de la senadora frenteamplista Bettiana Díaz y el senador nacionalista Carlos Camy, presidenta y vicepresidente de la comisión, respectivamente.
El plazo vence el 7 de noviembre y se prevé que el 14 de noviembre se reúna la comisión para poder elevar la nómina y que sea tratada en la Asamblea General. La votación requiere de una mayoría general. “Sería deseable que quien termine siendo elegido reúna el más amplio apoyo”, manifestó el diputado nacionalista Pablo Abdala, integrante de la comisión.
“Hay que darle un sentido muy profesional a esto y creo que no deberíamos –y es la voluntad del sistema político– ingresar en un intercambio entre nosotros hasta que no se agote la inscripción de postulantes y agotemos todas las entrevistas”, dijo.
En 2003 se aprobó la Ley 17.684, que creó el cargo de comisionado parlamentario con la finalidad de “asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial”, según estipula el artículo 1º.
De acuerdo al artículo 18 de la ley, los requisitos para presentarse son ser ciudadano uruguayo, natural o legal, o con un mínimo de diez años de ciudadanía, con 35 años de edad o más, poseer una especialización en derechos humanos, y “específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad”.