En lo primero que pensó Freddy, el encargado del taller mecánico de la cuadra, fue en un choque entre dos ómnibus de los que bajan a esa hora pico por la calle 25 de Mayo.
“Yo estaba en el fondo y además soy medio sorda, pero dicen que fue una explosión terrible”, cuenta Estela, asomada a la ventana de su casa en otra tarde soleada de la Ciudad Vieja.
A sólo una cuadra de la entrada principal del hospital Maciel, pegada a una concurrida zona comercial en la que puede adquirirse ropa usada, bebidas, bizcochos, fideos, alfajores y productos de antojadiza necesidad, a las cinco y media de la tarde del 3 de setiembre la fachada de una antigua y elegante casona colonial se vino abajo, cruzando con sus escombros hasta la otra vereda.
“Si hubiera agarrado a alguien no contaba el cuento, porque cayó en la mitad de la calle”, dice Estela. “Nos salvamos de una tragedia. Fijate que a esa hora salen los niños de la escuela y pasa mucha gente que viene del hospital”, comenta David, uno de los cuidacoches del barrio.
La cuadra del derrumbe, que va a parar casi al final del barrio, arranca con un negocio cerrado y otra vivienda deshabitada antes de llegar al 138 de 25 de Mayo. Un sillón color crema, inundado de migas de pan, le sirve de descanso y refugio a una mujer en situación de calle.
Enfrente, en el almacén más longevo del lugar, pasa sus mañanas Abelino, el vecino al que todos recomiendan preguntar sobre la historia de la vivienda semiderruida. Es un hombre de origen español, dueño de varias propiedades en la cuadra. “No sé si va a querer hablar”, me adelanta un empleado del negocio, de origen venezolano. “A lo sumo te dirá que vayas a hablar con el dueño de la casa que se derrumbó. ¿Qué va a decir él?”.
“Acá, en la vereda de la casa, había una valla desde hace montón de tiempo que juntaba basura”, recuerda otro vecino, “y un cartel que alertaba sobre el peligro de derrumbe”. ¿Qué falló?
En la noche del incidente, el prosecretario de la Intendencia de Montevideo (IM), Diego Olivera, presente en el lugar, aseguró que la vivienda estaba deshabitada y en situación de abandono, indicó al propietario como responsable de los costos de una demolición definitiva y se puso a disposición para escuchar a los vecinos, quienes desde hacía por lo menos tres años habían denunciado en la IM el riesgo de un inminente derrumbe. “Veremos si en este caso hubo algo a corregir”, señaló.
Estela dice que desde que se mudó al barrio, a comienzos de la década de 1980, la casona “ya estaba en ruinas. Al poco tiempo quedó todo tapiado. El dueño la dejó venir abajo”.
Una resolución de la IM, con fecha del 13 de mayo de 2002, firmada por el entonces intendente Ernesto de los Campos, declara a la finca en cuestión “con alto grado de deterioro”, y otra del 3 de enero de 2005, firmada por el arquitecto Mariano Arana, impone al propietario el pago de una multa de 148,4100 UR “por fallas constructivas existentes” en el inmueble.
“Al propietario lo conoce todo el mundo, vive acá a la vuelta”, menciona otro vecino, con el aburrimiento de la resignación. “Se hicieron muchas denuncias y nunca pasó nada”.
“Eso de ahí atrás todavía se puede caer”, señala con el índice Raúl, propietario de apartamentos en la zona. “Hubo gente que después del derrumbe se llevó cosas. Había de todo. Como esas puertas que quedan adelante y tienen miles de años. Esto llegó a ser una casa muy lujosa”, relata, basado en cuentos de otros vecinos más añosos.
Días después del colapso, el intendente Mario Bergara remarcó sobre el caso que “hubo reacción de la intendencia para evitar justamente riesgos humanos”, y explicó que “la intendencia no puede ir y demoler la vivienda que se le ocurra, por más denuncias que haya, cuando se trata de una propiedad privada”. “Lo que sí hay son medidas, como se habían tomado, de vallado y demás, y de alerta ante la situación”, agregó, y se comprometió a revisar las denuncias hechas por los vecinos.
Consultada por la diaria acerca de la situación, la IM –a través de su Prosecretaría– respondió que “existía una resolución del intendente que autorizaba al propietario a presentar el permiso de demolición. Dicho permiso se encontraba en trámite al momento del siniestro”, y “la intervención de la intendencia consistió en apoyar a la empresa contratada por el propietario para eliminar los riesgos inmediatos hacia la vía pública”.
En este sentido, agregaron: “Estamos a la espera de que el propietario presente el permiso y ejecute la demolición total de las construcciones existentes en el padrón. No obstante, y dado el tiempo transcurrido desde el derrumbe, se procederá a intimarlo formalmente para que elimine los riesgos que persisten”. En cuanto a las denuncias de los vecinos, confirmaron que todas fueron recibidas y canalizadas por la IM, “lo que motivó las intimaciones cursadas a lo largo de estos años”, y que “en ese marco también se dispusieron medidas preventivas hacia la vía pública”.
Por último, remarcaron que “la responsabilidad por el estado de las construcciones recae exclusivamente en el propietario del padrón. La intendencia actúa dentro de los límites que la normativa le asigna en el marco de sus competencias”, y no respondieron a las preguntas: “¿Cuáles fueron las medidas preventivas?” y “¿Qué falló, considerando que la vivienda se vino abajo?”.
Ruinoso y peligroso
“Ustedes escriban lo que quieran. Yo le voy a dar solamente un dato: ese edificio fue dictaminado por la Intendencia de Montevideo en 2016 como ruinoso y peligroso”, dice el dueño del inmueble en cuestión, en diálogo telefónico con la diaria.
“Yo compré la casa en un remate hace un año y medio. Recibí un par de cedulones de la intendencia y me puse en contacto. Allí comenzamos, con una profesional, hace diez meses, una demolición parcial”, comienza su relato. “Hasta el día de hoy ese trámite no salió. Y ahora tengo que escuchar al nuevo intendente decir que se preocupó en levantar los escombros, cuando no gastó ni un solo centavo. El propietario fue el que levantó los escombros”, dice, y agrega: “Y resulta que no se puede decir nada contra la intendencia porque la vivienda fue dictaminada como finca ruinosa”.
–¿Qué cree que falló para que la vivienda se viniera abajo?
–¿Usted quiere la historia completa? –propone–. Pero tome nota al pie de la letra.
“Yo compré esa propiedad por primera vez, y la que está al lado, en 1983. En ese momento, además de la intendencia, la que denominaba la situación era la Comisión de Patrimonio de Ciudad Vieja. Y usted ve cómo está el barrio, hecho pedazos. La oficina en ese momento estaba en la calle Piedras. Fui a hablar con sus responsables para mantener la fachada de la finca y con el plan de hacer un depósito. Me dijeron: ‘De ninguna manera’. ¿Vio qué flexibles que eran?”, ironiza. “En ese momento el comentario me molestó. Era joven, tenía bronca y dije: ‘Yo no puedo hacer lo que quiero y encima tengo que pagar impuestos’. Se formó una cifra grande de multas y el inmueble fue a remate, y un señor lo compró por 40.000 dólares. A él lo volvieron loco con intimaciones y volvió a ir a remate”.
“Yo no soy consumidor, pero uno se entera”, dice el hombre, que denuncia la existencia de tres bocas de pasta base alrededor de la vivienda derrumbada, que volvió a adquirir en 2023 con la misma idea del depósito. “¿Usted ha caminado por la calle Colón? ¿Se acuerda de cómo era? Venga por acá, por 25 de Mayo, pero a las nueve de la noche: es tierra de nadie”, asegura.
Más allá de la burocracia
Para el artista y urbanista Alfredo Ghierra, especialista en patrimonio que abordó la problemática de las viviendas vacías y abandonadas en su documental Montevideo inolvidable, “esto se llama desidia, se llama falta de atención, porque una casa para caerse sola tiene que pasar muchísimo tiempo de abandono y de mal estado”. “Creo que hay una gran falla del sistema de avisos y de las alertas”, considera. “Está claro que hay una persona, el propio dueño, que fue omisa, pero faltan controles. Alguien se tiene que hacer responsable”, sostiene, y advierte que “en la Ciudad Vieja hay muchas casas que están a punto de caerse, que se les va cayendo el techo, muchas, muchas, muchas. A lo largo de los años no me canso de ver eso”.
En este sentido, Ghierra se pregunta: “¿Por qué no nos invoca en estas situaciones el bien común, o al revés, el peligro común? Creo que está faltando una mirada más asertiva y no guiarse tanto por la burocracia”, resalta.
La urbanista y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República Adriana Goñi, en una entrevista para el programa Esta boca es mía, dijo que “Montevideo no ha trabajado constantemente en recuperar su patrimonio y sus casas, y tiene una normativa patrimonial que a veces juega a favor y a veces en contra”.
Por su parte, en la misma nota, el arquitecto y docente de FADU Gonzalo Bustillo sostuvo que la Ley de Inmuebles Vacíos y Degradados (19.676, de 2018) permite al Estado intervenir en situaciones como la de la vivienda que se derrumbó en la Ciudad Vieja, y que se debe avanzar en su aplicación.
El texto de la ley establece en su artículo 5 que “se considera inmueble vacío al que se encuentre desocupado por un plazo no menor a 24 meses continuos”, incluso aunque pueda estar ocupado de forma precaria. El artículo 4 consigna que “se considera inmueble degradado, y por tanto configurado el incumplimiento de su propietario del deber de conservar, al que se encuentre en situación de ruina, deteriorado, o tenga una edificación paralizada o esté en situación de baldío”.
Esta semana obtuvo media sanción del Senado un proyecto de ley para agilizar el proceso de expropiación de inmuebles con deudas.
Las imágenes del archivo de Google Maps permiten viajar en el tiempo y visitar la fachada de la casa de 25 de Mayo y Guaraní. Un grafiti y un pasacalle que festeja el “Feliz 15 de Belu” colorean el gris de las antiguas puertas tapiadas. En uno de los balcones del segundo piso florece una especie de árbol con ramas largas que invaden un balcón vecino. Sobre las paredes de bloques, un pequeño stencil avisa: “Aquí vive gente”.