Ante la reciente resolución del Poder Ejecutivo de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, firmado por la anterior administración, para la construcción de dos patrulleros oceánicos, el sindicato metalúrgico lamentó a través de un comunicado “el perjuicio que, según las informaciones vertidas en el día de ayer, sufre el Estado uruguayo [y], por ende, toda la ciudadanía”.
Asimismo, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) cuestionó la decisión del anterior gobierno de disponer “la fabricación de las OPV [Offshore Patrol Vessel] en empresas del exterior”, cuando en Uruguay hay “cientos de compañeros y compañeras del sector naval sin empleo y buscando alternativas de trabajo para sustentar a sus familias”.
A mediados de 2023, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien forma parte de la dirigencia de la UNTMRA, afirmó que la compra adjudicada a la empresa española por 82,2 millones de euros no tenía en cuenta “el desarrollo de la industria de la construcción naval nacional” y cuestionó la ausencia de “una política pública expresamente concebida en promover, desarrollar y apalancar la industria de la construcción naval”.
En la misma línea, el sindicato metalúrgico solicitó este jueves en el comunicado que “se tenga en cuenta la mano de obra naval de nuestro país y también al sector empresarial nacional”. “Dejamos constancia de nuestro compromiso para colaborar en lo que se entienda necesario”, expresó la UNTMRA.