Con el objetivo de permitir que la Armada Nacional cumpla “su misión esencial” de custodiar “nuestra soberanía nacional en el mar”, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció el lunes en conferencia de prensa la compra de dos buques Offshore Patrol Vessel (OPV) al astillero español Cardama Shipyard. Ambos barcos tendrán un costo de 82,2 millones de euros y se espera que lleguen a Montevideo durante 2025.
A través de un comunicado, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, criticó que con la compra no se consideró “el desarrollo de la industria de la construcción naval nacional”. En ese sentido, apuntó que “no hay una política pública expresamente concebida en promover, desarrollar y apalancar la industria de la construcción naval”.
Valoró al sector como una “industria importante” con mano de obra calificada, que permite el aprendizaje tecnológico y desarrollar proveedores nacionales. En cuanto a los patrulleros, planteó que “son importantes desde el punto de vista de la soberanía territorial”, pero lamentó que se perdió la oportunidad de “producir a nivel nacional, por lo menos, parte de estos patrulleros”.
Señaló que en Uruguay ya existen experiencias pasadas en las que se apeló a esta industria y recordó el caso de una draga que requería la Administración Nacional de Puertos: “Parte importante de la producción de esta draga se hizo en el país con aprendizaje tecnológico y con mano de obra nacional”, destacó.
“Los países que intentan desarrollar su industria manufacturera y apuestan a una base productiva diversificada utilizan la capacidad de compra del Estado para promover proveedores nacionales”, apuntó. Abdala concluyó en que la compra de los dos patrulleros en el exterior “habla de la necesidad de pensar la política industrial en clave desarrollo del país”.