En la Asociación Rural del Uruguay (ARU) “preocupa mucho” el artículo 435 del presupuesto quinquenal, aprobado en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio e Identidad Soberana, que grava con el impuesto específico interno (Imesi) a determinados productos plaguicidas. Así lo transmitió una delegación de la gremial agropecuaria ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, que tiene a estudio el presupuesto.
El contador Santiago Gayo, miembro de la junta directiva de la ARU, sostuvo que, en caso de aprobarse en la cámara alta, este artículo “implicaría un costo adicional para los fitosanitarios”, lo cual “no solo encarece el producto, sino que estimula el uso de prácticas que pueden ser más nocivas en el ambiente, como es el movimiento de tierras”.
En concreto, el artículo establece un impuesto a las “sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios comprendidos en las categorías 1A o 1B”, conforme a la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud. En el artículo se establece que el monto del impuesto “se determinará de acuerdo a un monto fijo por litro o kilo”, con un valor máximo de 25 unidades indexadas por litro o kilogramo. Asimismo, el artículo faculta al Poder Ejecutivo a “fijar montos diferenciales”, “considerando criterios de peligrosidad para la salud humana y el ambiente”.
El miércoles, antes de la comparecencia de la ARU, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, indicó en la misma comisión que el principal propósito del artículo es desestimular la comercialización de sustancias fitosanitarias “que representen riesgos elevados para la salud humana y el ambiente”. “El resultado que esperamos es desincentivar el uso de productos altamente peligrosos y, lo más importante, incentivar alternativas menos tóxicas y fortalecer el control ambiental y sanitario en un contexto de impulso de la producción sostenible”, expresó.
Al respecto, Gayo dijo que, “si hay sustancias activas que deben ser prohibidas, como algunas que ya han tomado ese camino, se deberían prohibir buscando sustitutos viables para ellas”. “Si el Ministerio de Ambiente entiende que hay que prohibir, que se prohíba”, resaltó.
De todos modos, el dirigente de la ARU sostuvo que, para la gremial, “el criterio de evaluación técnica” de los fitosanitarios “debe estar en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con un sentido más productivista que ambientalista”.
Según la ARU, “el artículo queda demasiado abierto a cualquier otra sustancia”
Luego de la exposición de la ARU, el senador frenteamplista Eduardo Brenta apuntó en la comisión que el artículo fue presentado por el Ministerio de Ambiente en acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. “Fue consensuado entre ambos ministerios”, aseguró.
Asimismo, Brenta señaló que “estos fitosanitarios que se prohíben se utilizan en muy pocas producciones de muy pocos productos agropecuarios, básicamente en los arándanos”, y si bien reconoció que con la redacción actual “el artículo queda abierto”, sostuvo que esto “no implica que luego se incorporen cosas sin tener ámbitos de intercambio con las organizaciones del sector”.
“Ustedes dicen que debería existir una mirada más productiva que ambiental, pero, en realidad, lo que hay que tener es una suerte de equilibrio entre lo ambiental y lo productivo”, afirmó el senador frenteamplista, y señaló que el artículo no dispone directamente la prohibición porque “no hay sustituto en la producción de arándanos”. “Lo que no puede suceder es que se utilicen en otras producciones, porque, según tengo entendido, tienen un bajo costo”, expresó.
Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana dijo que “el uso de fitosanitarios termina siendo un tema de costos que afecta la competitividad de la economía” y auguró que “el pago de este tributo no va a inhibir la utilización del producto”.
Según Botana, se trata de “productos imprescindibles y admitidos en los mercados a los cuales Uruguay accede”, que “se tienen que usar sí o sí para que la producción llegue a la mesa familiar y a la exportación”.
Por su parte, la gerenta institucional de la ARU, Rocío Lapitz, sostuvo que “la regulación del 1A y del 1B está bien”; sin embargo, sostuvo que el artículo incluido en el presupuesto “queda demasiado abierto al Poder Ejecutivo”.
Según Lapitz, la gremial agropecuaria entiende la preocupación en torno a la regulación de estos fitosanitarios, que “tienen una posibilidad de uso muy limitada, muy regulada, con lo que estamos de acuerdo”.
Dicho esto, Lapitz subrayó: “Simplemente entendemos que el artículo queda demasiado abierto a cualquier otra sustancia. En realidad, los fitosanitarios que se usan en Uruguay son un montón y tienen infinitos usos. Entonces, nuestra preocupación es que quede como demasiado abierto y el día de mañana se quiera regular, por ejemplo, el glifosato, que se usa en todo tipo de cultivos”. Por eso, señaló que “quizás sería bueno acotarlo un poco, previendo que para el futuro no quede tan libre”.