Este martes la diaria dio cuenta de las distintas vías a través de las cuales se analiza y cuestiona la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza. Una de las líneas de análisis se sintetizó en el borrador de un informe del Instituto de Derecho Constitucional en el que se señala la “incompatibilidad” entre los varios trabajos que el jerarca mantiene –entre ellos, como médico consultante en tres mutualistas– y su rol al frente del prestador público de salud.
La solicitud de informe se había realizado a inicios de setiembre por parte de los diputados nacionalistas José Luis Satdjian y Amin Niffouri, y fue elevada al instituto desde la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes. Tras la llegada del pedido a la órbita del espacio académico, se generaron diferencias, más allá del tema de fondo. Fuentes consultadas por la diaria manifestaron que aparecieron planteos iniciales vinculados a “deficiencias o falencias” de la propia solicitud.
Se cuestionó que se haya anexado a la solicitud un trabajo realizado por el jurista Augusto Durán Martínez, que se había pedido tiempo atrás por parte de los representantes blancos. También estuvieron sobre la mesa diferencias relativas a que el requerimiento de opinión se haya realizado “con nombre y apellido”, en referencia concreta a Danza, y no como un planteo de índole “técnica” en referencia a una “situación abstracta”.
De forma más marcada, aparecieron posicionamientos encontrados sobre si el instituto debía o no expedirse sobre el caso. Por un lado, quienes eran contrarios a la realización de un informe hacían referencia a una resolución del Consejo de la Facultad de Derecho en la que se apunta, según fuentes consultadas, a que si “el caso está inserto en un proceso administrativo o en la vía jurisdiccional los institutos deben abstenerse de opinar”.
Concretamente, se puntualizaba que el caso de Danza ya se encuentra en la órbita de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Como ejemplo para abonar la tesis de que el instituto no debía emitir opinión, se hacía referencia a la actitud del Instituto de Derecho Administrativo, que con el mismo argumento meses atrás se abstuvo de dar opinión ante una consulta parlamentaria en el marco de la denuncia por acoso laboral a la entonces presidenta y ahora directora de la Institución de Derechos Humanos Carmen Rodríguez.
Más allá de los planteos, esta visión contraria no obtuvo los consensos necesarios y se decidió continuar con el proceso de trabajo que diera como corolario la construcción de un informe sobre la situación del presidente de ASSE.
La polémica del borrador
El borrador aprobado el jueves en sesión del instituto quedó constituido en las últimas horas en una versión final y ya fue elevado al decano, para que, formalmente, se remita a la Comisión de Salud Pública de Diputados. En el lapso transcurrido entre el conocimiento público del borrador y el envío de la versión terminada al decanato, fuentes señalaron a la diaria que se generó “un revuelo interno” como consecuencia de que lo difundido no comprendía “una interpretación alternativa” que se había acordado incorporar.
Al igual que la versión difundida, este planteo alternativo se centra en el inciso tercero del artículo 200 de la Constitución de la República. Allí se establece que los miembros de los directorios de los servicios descentralizados –en este caso, ASSE– no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”.
Según argumentan aquellos favorables a la versión alternativa, esta “ahonda y profundiza” en el alcance de los términos “directa o indirectamente”, así como en la expresión “se relaciona”. En ambos casos, se trata de favorecer una “interpretación más restrictiva” de lo que significa que Danza se relacione directa o indirectamente con ASSE en su trabajo por fuera de la presidencia.
El director del instituto, Jaime Sapolinski, confirmó a la diaria la existencia de una “alternativa interpretativa” que fue acordado incorporar en la sesión, más allá del “informe mayoritario”. Este planteo alternativo fue impulsado por dos integrantes del instituto.
“Hay un análisis, diría, bien inspirado, de buena fe”, remarcó Sapolinski sobre la incorporación. De igual manera, reconoció que luego de la difusión del borrador –sin la incorporación de esa parte– “ha habido alguna cosa que ha enrarecido el clima” en el instituto. Agregó que, por solicitud del decano, se dejará constituida un acta sobre el proceso de elaboración del informe sobre el caso Danza.
De acuerdo con fuentes del instituto, la forma en que se dio el proceso “no cayó bien” a algunos miembros. Más allá de elementos de forma sobre cómo la versión del informe fue difundida, se destaca el hecho de que omitir la interpretación alternativa significó dejar de lado una forma diferente de ver la situación del presidente de ASSE.