Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, anunció la conformación de una mesa de trabajo con delegados del Congreso de Intendentes y de varios ministerios (Transporte, Economía, Industria y Ganadería) para introducir modificaciones en la normativa vinculada a la caminería rural.
El tema fue colocado en la agenda por el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, cuando días atrás, también en la Comisión de Presupuestos, propuso “ir afianzando el concepto de que el que rompe paga”, sobre todo, porque hay sectores productivos que “rompen más que otros”. En particular, Olivera apuntó contra la forestación, cuya planificación, sostuvo, “se ha desmadrado”.
Las declaraciones de Olivera ameritaron una rápida respuesta por parte de la Sociedad de Productores Forestales. A través de un comunicado, la gremial puntualizó que “las plantaciones requieren autorizaciones expresas por parte de organismos públicos competentes” y planteó que “cualquier medida que se evalúe sea técnica, equitativa y aplicada con criterios objetivos”, para evitar que sus eventuales efectos “recaigan de forma exclusiva sobre un solo sector”.
Etcheverry señaló que el punto de partida de la mesa de trabajo con las intendencias es que “los problemas de la caminería rural no se resuelven con un cambio de jurisdicción”. “No se trata de decir que 'este camino es departamental', y entonces que se encargue el gobierno departamental, [o decir ] 'este camino es nacional' y que se encargue el Ministerio de Transporte”, afirmó.
La ministra resaltó que la carga del transporte “ha cambiado muchísimo” en las últimas décadas; mencionó que “en 2004, 2005, rondó las ocho millones de toneladas, y en 2023, 2024, terminó con 40 millones de toneladas”.
En el primer encuentro de la mesa de trabajo, según señaló Etcheverry, se empezó a tratar “la jerarquización de la caminería rural”, así como también posibles soluciones, principalmente con base en “cuánto se conectan” los caminos rurales con las rutas nacionales y “dónde tendemos la acumulación de determinados productos y dónde no”.
Ante los senadores de la Comisión de Presupuestos, la ministra recalcó que no se trata de “un tema de jurisdicción, sino de recursos, para lo que hay que generar, obviamente, recursos genuinos”. “Algunos intendentes ya han hablado del pago por uso, o del que rompe paga. Son conceptos que hay que trabajarlos más, y que tienen que garantizar efectivamente la preservación de la infraestructura con una mirada a nivel de cada una de las regiones y de la producción”, manifestó.