A principios de este año, una persona privada de libertad presentó a la organización Familias Presentes, que nuclea a familiares de presos y presas, una iniciativa para generar un marco normativo que obligue al Estado a mejorar la situación de las cárceles. A raíz de eso, el colectivo se contactó con algunas abogadas para comenzar a trabajar en una idea distinta, pero con la esencia de mejorar las condiciones de reclusión.
Lo que plantea la iniciativa, según dijo a la diaria Gabriela Rodríguez, referente de Familias Presentes, es que “no puede haber más personas que las que el sistema puede admitir”. Según el último informe presentado en setiembre por el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, la cantidad de personas privadas de libertad se ubicó en 16.624 en diciembre del año pasado, y desde 2020 ingresan al sistema penitenciario en promedio casi 1.000 personas por año.
El informe de Petit –quien dejó el cargo días atrás– advierte que el hacinamiento de las cárceles es crítico y que es “mayor de 120% en casi todo el sistema”, es decir que en las celdas hay más del doble, triple o cuádruple de personas que tendrían que estar alojadas. De acuerdo con Rodríguez, con base en datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la capacidad que tiene el sistema para las personas privadas de libertad está en el entorno de 13.000, por lo que “hay un déficit de unas 3.500 plazas”.
Rodríguez señaló que el INR indica que ese déficit “está subvalorado”, ya que “en realidad en esas 13.000 están también aquellos lugares que ya se han convertido en dormitorios siendo comedores, pasillos, planchadas, etcétera”.
Con eso en mente, Familias Presentes desarrolló la idea junto al Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur). Ambos consultaron al autor inicial de la iniciativa y comenzaron a discutirla con otras organizaciones sociales, como el Servicio de Paz y Justicia, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y La Vida Vale; también con la Universidad de la República (Udelar).
¿Qué propone el proyecto de ley?
La iniciativa, a la que tuvo acceso la diaria, “contribuye a mejorar la administración penitenciaria a través de la adopción de la regla de numerus clausus en los establecimientos carcelarios de Uruguay, con el objetivo de reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de reclusión, promover el uso de medidas alternativas a la privación de libertad y contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, según se sostiene en la exposición de motivos del proyecto de ley.
La regla de numerus clausus, o de capacidad máxima, que figura en el artículo 1, establece que la ocupación de los establecimientos penitenciarios no puede exceder el número de plazas disponibles conforme a su infraestructura y su finalidad. “La regla opera como un límite legal a la privación de libertad, al reconocer que el sobrecupo y el hacinamiento constituyen formas de trato cruel, inhumano o degradante, prohibidas por el artículo 26 de la Constitución de la República y por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado uruguayo”, sostienen.
En su tercer artículo, el proyecto define la plaza carcelaria como “un conjunto de espacio, bienes y servicios que permitan la continuidad del desarrollo vital de toda persona privada de su libertad ambulatoria, sin agregar mortificación que exceda a la derivada de la propia privación de libertad dispuesta de acuerdo con la ley”. En ese sentido, el artículo siguiente dispone una prohibición del alojamiento en establecimientos que tengan un número de personas superior al cupo.
Dicho cupo, que se mide en plazas carcelarias, será determinado anualmente por la Comisión Especial de Control de Cupo Carcelario, a crearse a partir de la aprobación de la iniciativa. Esta comisión estaría bajo la órbita de Presidencia de la República –en tanto no se cree el Ministerio de Justicia–, y estará integrada por el secretario de Presidencia, el Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación, el INR, la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, la Dirección Nacional del Liberado, los ministerios de Salud Pública y Economía y Finanzas y el comisionado parlamentario penitenciario.
A su vez, esta comisión tendrá como cometido establecer de forma bimestral una nómina de las personas que “podrían estar en las mejores condiciones de acceder a medidas alternativas a la privación de libertad o a otros institutos excarcelarios”, así como también determinar “la cantidad de plazas carcelarias que deben ser liberadas para readecuar el número de personas privadas de libertad al cupo de alojamiento disponible”.
El artículo 10 establece que los jueces deberán disponer el alojamiento de las personas únicamente en los establecimientos que tengan plazas disponibles, lo cual será informado por la comisión creada. En ese sentido, antes de disponer el cumplimiento de una pena privativa de libertad, el juez “deberá contar con una evaluación individual de la persona condenada, realizada por un equipo interdisciplinario” que contemple, entre otras cosas, la pertinencia de aplicar medidas alternativas, así como la disponibilidad de cupo.
En el caso de que no haya cupos, luego de haber oído al Ministerio Público y Fiscal y a la defensa, el juez deberá aplicar alguno de los siguientes regímenes: medidas no privativas de libertad, reasignación a establecimientos o unidades con disponibilidad de plazas, prisión domiciliaria o libertad anticipada u otro mecanismo de egreso, si correspondiere por ley.
Gianella Bardazano, docente de la Facultad de Derecho e integrante de Ielsur, consideró, en diálogo con la diaria, que si bien la iniciativa no se traduce en liberar personas, es necesario “racionalizar la privación de libertad”.
La investigadora dijo que, en caso de que la iniciativa prospere, “hay un montón de cosas que necesariamente van a ser asunto de la reglamentación”, como “cuál es el criterio para medir las plazas”, ya que “hay varios criterios”. “Una plaza es una medida que tiene que ver con el espacio, no solo para dormir, sino también para el esparcimiento, la recreación”, apuntó.
La iniciativa ahora está en proceso de diálogo e intercambio, dijo Rodríguez, y señaló que esta “puede tener una mejora” ya que “no es una idea acabada”. A su vez, destacó que hablaron de la idea en los Encuentros por Seguridad, que fueron organizados por el Ministerio del Interior para diseñar el Plan Nacional de Seguridad Pública.
Para Bardazano, este proyecto puede ser un puntapié para que se discutan otras cuestiones vinculadas al sistema penitenciario. “Problematizar la cárcel más allá de decir ‘para tal cosa hay que crear un delito’ y mandar a la gente presa”, resaltó.