Casi tres años después de que Uruguay presentara su solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), en la madrugada del jueves pasado sorprendió la noticia de que los países miembros levantaron sus objeciones para que Uruguay inicie oficialmente el proceso de adhesión.
El CPTPP reúne a 12 países, principalmente de Asia, Oceanía y América, y más recientemente de Europa: Japón, Malasia, Singapur, Vietnam y Brunei Darussalam; Australia y Nueva Zelanda; Canadá, México, Perú, Chile; y el Reino Unido. Este último se convirtió en 2024 en el primer país por fuera del grupo original de miembros en unirse, tres años después de presentar su solicitud formal. Por su parte, Costa Rica inició en noviembre de 2024 el proceso de adhesión.
El acuerdo –firmado en 2018– es una reconfiguración de la original Asociación Transpacífica (TPP), que nunca llegó a entrar en vigor debido a la retirada de Estados Unidos en 2017, durante el primer gobierno de Donald Trump. Además de ser un acuerdo sobre comercio de bienes, servicios y temas arancelarios, el CPTPP abarca un amplio conjunto de aspectos en materia de regulación estatal, empresas públicas, compras del Estado, propiedad intelectual, comercio electrónico, servicios financieros, telecomunicaciones, políticas de competencia, inversiones e incluso temas laborales y ambientales.
En diálogo con la diaria, el economista y experto en comercio internacional, Marcel Vaillant, explicó que el ejercicio que debe hacer Uruguay sobre todos los componentes del acuerdo es “contrastar la normativa doméstica en relación a lo que el acuerdo implica respecto al estándar requerido”. En ese sentido, distinguió entre los cambios que Uruguay deberá realizar para adherir, los que podrá anunciar para, de alguna manera, comprar tiempo, y los que excluirá.
“Todos estos acuerdos, obviamente, tienen la posibilidad de reflejar las particularidades de los países en el sentido de que pueden establecerse excepciones al cumplimiento de tales disciplinas, tanto en los plazos como en la posibilidad misma de que la provisión específica se cumpla”, señaló. Acotó que será “un ejercicio novedoso” para Uruguay; no obstante, “es un tipo de acuerdo que se está convirtiendo en un estándar internacional y con una vocación global”, dijo.
El economista consideró que en momentos “de deterioro y erosión de las reglas multilaterales de comercio y de las reglas de la cooperación multilateral, estos acuerdos plurilaterales se convierten en ámbitos en donde, sobre todo los países pequeños, pueden encontrar un lugar para refugiarse, defenderse y mantener condiciones de acceso basadas en reglas”.
La inserción internacional vía TLC “choca de lleno contra otros objetivos de la hoja de ruta del gobierno”
Por su parte, la analista internacional Natalia Carrau, integrante de Redes-Amigos de la Tierra –que analizó en 2016 el TPP y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)–, enmarcó la promoción del acuerdo bajo el actual contexto de proteccionismo comercial, según el cual este tipo de tratados –como también el acuerdo Mercosur-Unión Europea– “que antes parecían muy negativos, malos o que no eran convenientes, empiezan a aparecer como opciones, entre comillas, viables para diferentes países”. No obstante, advirtió que eso “no implica que dejen de tener riesgos”.
Para la analista, la respuesta a ese contexto no puede ser que “hay que firmar este tipo de tratados porque si no te caés del mundo”. “No necesariamente los Tratados de Libre Comercio (TLC) y una política de inserción internacional basada en este tipo de instrumentos son garantía de alcanzar el desarrollo”, sostuvo.
Al mismo tiempo, consideró que la vía de inserción internacional mediante acuerdos de este tipo es “peligrosa” y “choca de lleno contra otros objetivos que parecen también estar dentro de la hoja de ruta del gobierno actual”. Aunque aclaró que “no sabemos si es este el camino que está queriendo tomar el gobierno”, apuntó que se contradice con la política de promoción de la integración regional que ha impulsado: “Corre en un camino que no es paralelo al de una inserción internacional vía TLC, sino que son caminos contrapuestos y que, en algún momento, se van a chocar”.
Vaillant señaló que Uruguay debería establecer el criterio de no discriminación con sus socios en la negociación con terceros. “Si le entregás la tasa consular en el Transpacífico y dejás de cobrarla, no le vas a seguir cobrando 3% a Argentina y Brasil, como estamos haciendo ahora”, ejemplificó. En ese sentido, consideró que “también va a ser liberalizador para las relaciones en el comercio interregional”.
Neutralidad competitiva: “Limita la capacidad de acción de las empresas y monopolios del Estado”
Carrau señaló que el CPTPP, en tanto TLC megarregional, se compone principalmente de regulaciones vinculadas a “cómo la propuesta regulatoria del Estado se ajusta y se homologa a los designios y las premisas del mercado”. Para Carrau, la denominada “coherencia regulatoria”, que busca evitar que existan normas muy dispares entre los Estados, implica, en términos políticos, moldear las regulaciones estatales “a lo que el mercado necesita, y concretamente, cuando hablamos de mercado, estamos hablando de empresas transnacionales”.
El CPTPP incorpora la “neutralidad competitiva”, según la cual las empresas estatales deben operar en igualdad de condiciones a las empresas privadas; y a su vez, elimina las preferencias para la industria local en las compras públicas. En ese sentido, Carrau consideró que se “limita la capacidad de acción de las empresas y monopolios del Estado”, al imponerles la adopción de consideraciones comerciales. La analista subrayó que el acuerdo prioriza la “función mercantil” de las empresas estatales y “desconoce el rol público, la función social que tienen”.
Vaillant apuntó que Uruguay deberá analizar qué monopolios legales “piensa mantener o no”, ya que “pueden ser obstáculos en lo que corresponde al capítulo de empresas públicas”. No obstante, señaló que “no es nada novedoso para el colectivo de países que forman el Transpacífico tener situaciones de ese estilo”, dado que varios tienen empresas estatales.
“El tema es cómo las va a gestionar el Uruguay, si va a mantener el monopolio en la refinería de petróleo o no; qué va a hacer con el monopolio legal en telefonía fija en cable de cobre –que hoy casi no tiene ningún significado, desde el punto de vista de lo que ocurrió con el cambio técnico en el tema de telecomunicaciones”, mencionó.
Por otro lado, las disposiciones en materia de propiedad intelectual “es otro de los capítulos que prende una alarma”, señaló Carrau. La analista sostuvo que hay “una agenda muy agresiva” sobre ese aspecto, y apuntó que se debe analizar “lo que implica, sobre todo en relación a lo que ya se negoció con la Unión Europea”. “Tiene que ver con las indicaciones geográficas, con las denominaciones de origen, pero también tiene que ver con cómo se patentan las patentes, los datos de prueba; está metido en el sector farmacéutico, de la medicina, de los estudios específicamente aplicados a medicina”, explicó.
Impacto en el nivel de bienestar y en la inversión
Un estudio de 2024 elaborado por el centro Pharos de la Academia Nacional de Economía y encargado por el Instituto Nacional de Carnes, analizó el impacto relativo de corto y largo plazo del CPTPP según tres escenarios: si ingresa Uruguay, si ingresa China –que está en la lista para unirse desde 2021– y si lo hacen ambos.
La economista Flavia Rovira, una de las autoras del estudio, al igual que Vaillant, explicó que los resultados muestran un impacto positivo si Uruguay ingresa al acuerdo, “una pequeña pérdida en el largo plazo” si queda afuera y un costo algo mayor en el escenario en que China ingresa y Uruguay no. En base al escenario de adhesión solo de Uruguay, el trabajo estimó una reducción de un 30% en el costo de comercio promedio que el país enfrenta para acceder a los mercados del bloque, así como un incremento del 60% en las exportaciones a esos países. A su vez, el incremento del nivel de bienestar de Uruguay –medido como cambio proporcional en el nivel de consumo– sería del 2,3% a largo plazo. Con una eventual incorporación de China, se duplicaría ese beneficio y alcanzaría el 5,27%.
Un estudio posterior de Rovira profundizó en otro escenario en el que ingrese Uruguay y China, pero también los socios del Mercosur. “El impacto para Uruguay es sustancialmente mayor” cuando sus socios comerciales también ingresan, afirmó.
En términos de oportunidades para el sector exportador uruguayo, Vaillant señaló que el agroalimentario “claramente” se verá favorecido. “Muchos de estos países compran lo que vendemos, y nosotros ahí entramos en condiciones peores que otros rivales exportadores que ya tienen acuerdos de libre comercio con ellos”, explicó.
Por otro lado, si bien el proceso de adhesión llevará tiempo, el economista consideró que “lo que sí cambia son las expectativas en términos de las posibilidades de inversión” y podría generar “nuevas oportunidades de inversión que, seguramente, se muevan antes que los acuerdos terminen de estar suscritos”.