“Rivera genocida”, “Nación charrúa vive”, “Salsipuedes no olvida”, fueron las frases que aparecieron escritas con aerosol, a fines de setiembre, en un cartel por los 40 años de la democracia uruguaya colocado en la fachada de la casa central del Partido Colorado (PC) el mismo día en que la fuerza política realizó un homenaje a su fundador, Fructuoso Rivera, como “símbolo de libertad y democracia”.
“Paradójicamente, grafitearon nuestro gran cartel que celebra los 40 años de democracia”, escribió ese día el secretario general del PC, Andrés Ojeda, en su cuenta de X. A raíz de este hecho, tres integrantes del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) tuvieron que declarar este martes en la comisaría 7 de Investigaciones de Montevideo, según informó la organización en un comunicado.
“Las tres personas convocadas cuentan con una amplia trayectoria en el movimiento indígena del Uruguay”, señalaron, y apuntaron que fueron “denunciados por el PC y por el operativo de seguridad policial del festival Rivera, verdad y libertad, organizado por el Grupo de Reivindicación de Don Frutos Rivera, por ‘vandalismo’ y ‘daños a la propiedad’”.
En el comunicado afirmaron que la denuncia es “una persecución política y racista que está realizando el PC”, en el marco de una “creciente visibilización de la temática indígena y de legitimación de las demandas de reparación históricas del pueblo Nación Charrúa”. La presidenta de Conacha, Gabriella Puyol, dijo a la diaria que la organización no está involucrada “con ningún grafiti ni nada” y que cuando llegó la denuncia “los tomó por sorpresa”.
Para el día del homenaje a Rivera, Conacha, Internacional Antifascista Capítulo Uruguay y Charrúa Antifascista convocaron a una manifestación en contra del evento del PC. En una publicación de Instagram manifestaron: “Nada más fascista que reivindicar a un genocida”, “una sociedad que respeta los derechos humanos no puede permitir un homenaje a un asesino que cometió delitos de lesa humanidad” en contra del pueblo indígena.
Puyol dijo que en la denuncia “se acusó únicay exclusivamente a Conacha de una manera bastante tajante”, por lo tanto, consideran que el asunto “va por la relevancia que está teniendo el tema indígena”. “Hoy en día Conacha está trabajando muchísimo junto con el gobierno y demás para conseguir el Convenio 169 [de la OIT], el reconocimiento indígena y otras cosas más que a nosotros como pueblo indígena nos son importantes. Principalmente, que se reconozca que Uruguay es un país con indios y que se nos dé la oportunidad de recibir unas disculpas por parte del gobierno por lo que fue Salsipuedes”, es decir, “un reconocimiento de genocidio”, señaló.
En vista de los avances de la organización en el fortalecimiento de “algunos derechos indígenas acá en Uruguay”, desde Conacha sienten que la denuncia se trató de “una especie de ataque directo para entorpecer un poco el trabajo de los inchalás [hermano, hermana], porque también de los inchalás marcados podría decirse justamente [que] son los que más fuerzas tienen en los sectores políticos”.
El abogado de los integrantes de Conacha, Pablo Ghirardo, dijo a la diaria que aún no han tenido acceso a la carpeta porque los denunciados fueron convocados a la sede policial, y señaló que el próximo paso es declarar ante la Fiscalía General de la Nación, algo para lo que todavía no hay fecha. Si bien aclaró que es la Fiscalía la que tiene que determinar la clasificación del delito, Ghirardo dijo que esto “estaría vinculado al delito de daños y al delito de vandalismo”.
Para el abogado “hay un avance punitivo hacia acciones que vienen llevando adelante las comunidades indígenas, porque históricamente han aparecido grafitis y señalamientos al monumento y sin embargo nunca había pasado que citaran gente”. A su vez, consideró que “se está usando el sistema penal para tratar conductas que verdaderamente no son relevantes y se pone en riesgo o en tela de acusación el derecho de la libertad de expresión que tienen las personas”.
“Me parece que citar a tres referentes de una organización indígena puede ser interpretado como una especie de persecución y hay que ser muy cuidadosos. El sistema judicial debe ser muy cuidadoso en velar por la garantía de todas las organizaciones sociales y especialmente de las que han sido víctimas o se sienten víctimas de un actuar estatal”, afirmó.
En el comunicado, la organización también remarcó la “necesidad de un debate público y democrático respecto al papel genocida de Fructuoso Rivera y el gobierno nacional de la época”. La presidenta de Conacha dijo que la sociedad está “preparada” para ese debate, “más allá de que hay ciertos grupos de personas que no están de acuerdo y no quieren saber nada del tema indígena ni abrir la cabeza”.
“Nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de la población está interesada en saber qué pasó, en escuchar la otra campana –en este caso, la nuestra–, porque siempre se supo la campana de la historia y, como sabemos bien, la historia la cuentan los ganadores. En este caso ganó Rivera, porque hubo una masacre y una serie de asesinatos más grandes, y después Salsipuedes. Una campaña de etnocidio bastante grande que hasta el día de hoy sigue estando con este tipo de cosas”, afirmó, en referencia a la denuncia.
Schipani: “No hay ninguna persecución”
Desde el PC señalaron a la diaria que la denuncia fue formulada por el gerente de la casa del partido y no por un dirigente. Esta persona relató lo que había sucedido, pero no identificó a nadie. En el partido estiman que la identificación la debe haber hecho el Ministerio del Interior a través de las cámaras de seguridad.
En diálogo con la diaria, el diputado colorado e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PC Felipe Schipani dijo que en la pintada con aerosol no sólo hubo “una agresión que generó un daño”, sino también “una actitud agraviante hacia el primer presidente constitucional y fundador del PC, que fue Fructuoso Rivera”. “Las víctimas somos nosotros; es insólito que se sientan perseguidos cuando ellos vandalizan”, afirmó. En ese sentido, dijo que “por más que hubiesen puesto cualquier otra cosa, también es un daño a un edificio”, y sostuvo que “en todo caso, los agresores son ellos”. “No hay ninguna persecución”, aseguró.