Este jueves, la diaria Radio recibió a Daniel Olesker, vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para abordar desde aspectos presupuestales hasta la inminente interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a raíz de la situación contractual de Álvaro Danza, presidente de la institución, instancia parlamentaria que sigue en pie tras su desvinculación del sector privado y una resolución favorable de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Respecto de la interpelación a Lustemberg, Olesker dijo que lo vienen procesando a la interna, incluso de forma previa al informe de la Jutep, porque “cuando en diciembre Yamandú [Orsi] y Cristina [Lustemberg] le plantearon la presidencia a Álvaro, y luego Álvaro en enero me la planteó a mí, él ya tenía claro este asunto, pidió informes al respecto y el de la Jutep lo reafirmó”. En palabras del vicepresidente de la institución, “es claro que no hay ningún conflicto de interés” porque “las instituciones en las que Álvaro trabajaba no tenían convenios firmados con ASSE y son marginales en lo que contrata, además de que no ocupa ningún cargo directivo, no es cooperativista ni propietario de ninguna”, reafirmó.
En ese sentido, respecto del artículo 26 de la Ley 17.060 (Ley Cristal, que prevé que “los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros” en la institución que integran), Olesker dijo que “en estos siete meses no hubo ninguna decisión de esas”, y sobre las que sí se registraron aseguró que se trató de “algunas decisiones de gastos casi cotidianos, marginales y de toda la vida con instituciones en las unidades ejecutoras”.
Evaluó que si ocurre “alcanza” con que la persona en cuestión se retire de la votación y que, en todo caso, “el problema central del conflicto de interés está en el vínculo de propiedad con la organización”. Ahondó sobre las votaciones y reiteró que el directorio de ASSE, de cara a los próximos cuatro años, tendrá dos directores sociales: “Si el presidente se abstiene, la norma no sale, por más incidencia que quiera tener. Si los dos directores sociales entienden que está mal, no tienen dependencia del Poder Ejecutivo”, acotó.
Consultado por la dedicación y la forma de repartir el tiempo entre los distintos vínculos laborales antes de renunciar, Olesker apuntó a lo mismo. Comentó que “preside un directorio que tiene tres miembros y tendrá cinco en 15 días; un gerente general, cuatro gerentes de área, cuatro gerentes regionales y unos 70 directores de las unidades ejecutoras”, lo que configura “una organización de dirección colectiva”. Sin embargo, aseguró que “su presencia en ASSE es abrumadora”. “Para mí ASSE logró destrabar dos grandes problemas que tenía el período anterior: la falta de medicamentos y los tiempos de espera. Como no encontraron cosas para golpear, encontraron esto y se ensañaron”, concretó.
De acuerdo con Olesker, “todo tiene un límite” y más “cuando se meten con tu gente, con tu familia”, lo que llevó a la renuncia de Danza a las mutualistas privadas, “sabiendo que había informes jurídicos claros”. “Se ensañan de una manera injustificada, insólita y con mucha mala leche”, por lo que “llega un momento en que la persona dice ‘estoy dispuesto a sacrificar esto porque no banco más’”. Respecto a los informes que se generaron a raíz del caso, dijo que “sólo conoce” el del abogado Augusto Durán Martínez, porque “el de la Facultad de Derecho todavía no lo conozco”, pero, sin embargo, aclaró que “los que importan desde el punto de vista institucional son los del MSP y el de la Jutep: el tema está terminado”, consignó.
Presupuesto en ASSE y una “actitud payasesca” de la bancada opositora
Este miércoles una delegación de ASSE compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para repasar los lineamientos de su articulado. Olesker cuestionó la “actitud payasesca” de la oposición al no retirarse de la sala pero optar por tampoco formular preguntas: “No hicieron ninguna pregunta; fue una discusión entre ASSE y legisladores de la bancada frenteamplista. Participaron sentados usando el celular y a la mitad se fueron”, criticó.
Respecto del presupuesto, adelantó que desde la administración están “muy conformes” y señaló la existencia de “dos bloques”. El primero implica recursos adicionales para ASSE que van en “tres componentes”: “Fortalecer el primer nivel de atención por 100 millones de pesos a través de recursos humanos –médicos, enfermeros, psicólogos y asistentes sociales–, ya que ellos destrozaron el primer nivel”; trabajar en salud mental “por 170 millones de pesos repartidos entre recursos humanos y gastos de funcionamiento para cumplir con la Ley de Salud Mental”, y finalmente unos “50 millones de pesos para una visita domiciliaria a todos los niños y niñas que nacen en ASSE antes de los diez días para los que estén en condiciones de riesgo y 30 días para los que no”, lo que calificó como “un cambio radical” inspirado en Europa.
Por otro lado, en el segundo bloque, el jerarca adelantó “un cambio radical en la capacidad de ASSE para competir en el mercado de la salud” con tres artículos. En uno de ellos, “las ventas de servicios van a un fondo de inversión que puede ser utilizado por ASSE como incremento presupuestal”, otro en el que “todo usuario Fonasa que se incorpore a ASSE, por encima de los 588.000 que ya tiene, es un incremento presupuestal”, y un tercero que implica que “no se va a dar incrementos” al ente, sino “anticipar presupuesto”, para “comprar elementos propios que permitan destercerizar”.
En el eje de la tercerización, sobre el final de la entrevista, Olesker se refirió a la decisión del directorio de rescindir el convenio entre ASSE y el Círculo Católico por el alquiler de servicios que derivó en una investigación administrativa por el MSP, al tiempo que otro acuerdo con Casmu se venció. “Tenemos una mirada crítica, en primer lugar, por el volumen muy grande de recursos que se traslada”, consignó. Según explicó, “son unas 15 camas de CTI en cada uno” y “30 camas de moderados”, más recursos humanos especializados. También preocupa “la tarifa plana” –ya que se paga siempre lo mismo, independientemente de lo que se utilice–, porque “atenta contra la productividad del servicio”.
Como alternativa listó “un acuerdo con Sanidad Militar para tener siete camas de CTI” y dijo que en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología “se abrió un CTI en la pandemia que ahora está vacío”, al igual que “tanto en el Maciel como en el Español se aumentaron las camas y luego se dio marcha atrás”, por lo que “hay espacio para suplir una gran parte de ese convenio con camas propias”.