Fue expeditiva la decisión que tomaron los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado tras la comparecencia de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay. El gremio visitó días atrás la comisión para expresarse sobre un proyecto de ley que proponía transformar al Instituto Técnico Forense –actualmente bajo la órbita del Poder Judicial– en un servicio descentralizado.
La iniciativa, presentada en la anterior legislatura por la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi y desarchivada en marzo de este año, planteaba la creación del Instituto de Medicina Legal y Forense como un servicio descentralizado, sujeto, desde el punto de vista administrativo, al Ministerio de Educación y Cultura. El proyecto proponía un proceso similar al de la Defensoría Pública, cuya descentralización fue aprobada recientemente en la cámara alta.
Pero el planteo fue desestimado por los médicos forenses. La presidenta del gremio, Jaqueline Cano, argumentó que “las circunstancias han cambiado”, desde la situación que existía en 2022, “cuando se había propuesto que todo el instituto pasara a la órbita de la Fiscalía”, lo cual “implicaba que perdiéramos la independencia que teníamos en el Poder Judicial”.
Según Cano, actualmente hay “una actitud completamente diferente”. Destacó que las últimas dos direcciones generales del instituto “han reestructurado y mejorado las morgues judiciales del interior y han generado concursos para las vacantes que existían, algunas recientes y otras de muchos años”.
“Las circunstancias son diferentes. Nos volvemos a sentir como antiguamente era nuestra función dentro del Poder Judicial, con total independencia técnica, y es en esa tesitura que venimos a informarles que no estaríamos de acuerdo con la salida” propuesta en el proyecto, expresó Cano, quien de todos modos agradeció a Bianchi “por la gestión y porque en su momento entendió la situación por la que estábamos pasando”.
Segundos después de que se retirara la delegación de la Asociación de Médicos Forenses, de forma expeditiva, la comisión aprobó por unanimidad el archivo del proyecto y empezó a discutir los siguientes proyectos a tratar.
“He dicho en varias oportunidades –y lo vuelvo a expresar ahora porque va en línea con la posición del Poder Ejecutivo y porque está a estudio de la comisión desde hace mucho tiempo– que deberíamos tratar el proyecto de modificación del Código del Proceso Penal [CPP]”, manifestó entonces Bianchi.
“Hace mucho que está en la comisión y es un tema urgente”
En abril de este año, el Poder Ejecutivo dispuso mediante una resolución la creación de un “grupo asesor técnico”, encargado de analizar posibles cambios al CPP, vigente desde fines de 2017. En la resolución, el gobierno señaló que, si bien el código actual “significó un cambio sustancial en el sistema procesal penal, abandonado el viejo proceso de tendencia inquisitiva hacia un nuevo modelo acusatorio y adversarial”, hoy por hoy, a siete de años de su implementación, el sistema presenta “algunos nuevos desafíos”.
El proceso de revisión del CPP quedó bajo responsabilidad del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. El grupo a su cargo reúne a integrantes del Poder Judicial, la Fiscalía, el Colegio de Abogados, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación y Cultura.
Según informaron en su momento desde Presidencia, el análisis del CPP comprenderá, entre otras cosas, “el rol del juez de garantía, los plazos para la investigación y su duración razonable, la intervención de la víctima, la recolección de evidencias por la defensa, la evidencia y la prueba tecnológica, la cadena de custodia, el desarrollo de las audiencias, los procesos abreviados y la suspensión condicional del proceso”.
En la última sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Bianchi afirmó que la reforma del CPP “es algo urgente”. La senadora nacionalista señaló que, al margen del trabajo del “grupo asesor técnico” coordinado por Díaz, la comisión ya tiene a estudio un proyecto de ley presentado por la oposición. “Sugiero empezar a tratarlo y que se le dé prioridad, ya que hace mucho que está en la comisión y es un tema urgente”, resaltó.
Con respecto a la urgencia de la reforma, la legisladora del PN expresó: “Toda vez que tenemos problemas con Fiscalía nos damos cuenta de ello”. “Incluso, el propio doctor Díaz, que fue quien impulsó el Código del Proceso Penal junto con otras personas, ha dicho públicamente –incluso cuando se estableció este grupo de trabajo en el Poder Ejecutivo– que hay que hacerle modificaciones; [esto] quiere decir que estamos en esa línea”, agregó.
La Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta tiene actualmente 58 asuntos a estudio. En la última sesión se resolvió que las distintas bancadas fijen en la próxima instancia sus prioridades para ordenar el trabajo de la comisión. En ese sentido, Bianchi insistió: “Si los abogados y nada menos que el doctor Díaz, que lo impulsó, entienden que hay cosas para modificar, yo le daría prioridad”.
Se proponen cambios a la prisión preventiva y los acuerdos abreviados
El proyecto presentado por Bianchi para reformar el CPP, que también lleva las firmas de los senadores nacionalistas Javier García y Carlos Camy y del senador colorado Andrés Ojeda, consta de 38 artículos con modificaciones al código vigente.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se sostiene que los sucesivos cambios puntuales que ha tenido el CPP han generado “incoherencias” y “casos realmente inauditos”, por ejemplo, “la ausencia de plazos establecidos para los actos de investigación y acusación, lo cual resulta completamente incompatible con los principios fundamentales de un sistema procesal penal efectivo”. Se afirma que estas modificaciones “han originado una merma significativa de las garantías para los imputados”.
También se menciona la cuestión de la prisión preventiva en el marco del proceso judicial, algo que, en teoría, “debería ser de excepcional aplicación”. Sin embargo, “lamentablemente primigenias y sucesivas reformas posteriores introdujeron, por vía de presunciones, determinadas circunstancias que conllevan en lo procesal una presunción de existencia del fundamento para aplicarla y, por consiguiente, la inversión de la carga de la prueba en contra del imputado, quien ahora deberá demostrar que no corresponde la imposición de la misma”, en referencia a la prisión preventiva.
Asimismo, se señala que con el actual CPP “aproximadamente sólo el 5% de los procesos va a juicio oral”, lo cual marca un porcentaje de acuerdos abreviados “muy elevado”, que tiene como una de sus causas “la amenaza –cierta– de prisión preventiva”. En ese sentido, se sugiere avanzar hacia algún tipo de mecanismo para establecer que la validez del acuerdo abreviado esté sujeta a “ciertos requisitos (protocolos), como ser que la persona no se encuentre detenida al momento de realizar el acuerdo”.
En definitiva, en el proyecto presentado por la oposición se aboga por una revisión a fondo del código vigente, “advirtiendo que cualquier modificación parcial que no sea analizada de forma integral podría resultar en soluciones contradictorias que sólo aumentarían la incertidumbre procesal y la reducción de derechos y garantías”.