Casi una hora después de terminada la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, dijo en diálogo con la diaria estar “afectado” por la instancia.
El informe en mayoría de la Jutep determinó que no había incompatibilidades entre la actividad privada que ejerció Danza en tres mutualistas de marzo a noviembre y su función pública. De todas formas, recomendó que, “para evitar cualquier suspicacia”, el presidente de ASSE “debería abstenerse de promover y aprobar cualquier contratación con las instituciones en las que trabaja como médico consultante”, aun cuando “esas contrataciones pasan por niveles gerenciales y no por el directorio”.
El directorio de la Jutep no concurrió a la interpelación, lo cual generó críticas desde la oposición; el diputado nacionalista y miembro interpelante Pablo Abdala dijo que les resultó “llamativa” la no concurrencia de dichas autoridades. En diálogo con la diaria, Asti dijo que su “primera reflexión” sobre la interpelación es que “hubo un mal planteo de la oposición en el objetivo que tenían de la interpelación, que lo que dice textualmente es interpelar al ministro para que explique la posición de la Jutep en su fallo el 6 de noviembre”. “No dice que sea la Jutep la que lo explique”, planteó.
Asti consideró que la convocatoria de este martes fue “distinta” a la que se hizo a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y recordó que cuando era legislador y la respectiva cámara “planteaba la presencia de algún servicio descentralizado, se llamaba al ministro acompañado de las autoridades del servicio descentralizado”.
Tal como lo hizo Mahía, remarcó que la Jutep “es absolutamente independiente en los aspectos técnicos y en los aspectos como el que llevó a esta resolución del 6 de noviembre, que el Poder Ejecutivo no puede ni debe intervenir en las decisiones de la Jutep”.
“En todo este proceso yo no tuve ninguna llamada del Poder Ejecutivo sobre el tema, salvo alguna para preguntarme cuándo estimaba que saldría la resolución, pero no sobre el contenido de la misma. Esta fue una decisión que tomó la Jutep, o la mayoría del directorio de la Jutep, independientemente de la posición de lo que le convenía o no le convenía al Poder Ejecutivo”, resaltó.
Por otro lado, los diputados manifestaron que la decisión de la Jutep fue política y no jurídica, y señalaron que no se tomó en cuenta el informe realizado por la asesoría letrada del organismo, que sí indicó incompatibilidades. Sobre eso, Asti remarcó que la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, “es una abogada de vasta trayectoria como tal, con una muy fuerte formación”. Dijo que esas competencias de Ferraris “dan como para que pueda hacer un informe y confrontarlo con el que recibió de la asesoría jurídica, que respetamos, gente joven que tiene unos pocos meses de presupuestada en la Jutep”.
Sobre las mociones promovidas por los partidos de la Coalición Republicana, Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que solicitaron la remoción de la presidenta, de todo el directorio y la disolución de la Jutep, respectivamente, Asti consideró que se trata de “una operación política de las oposiciones”.
“Ninguna moción de las que se presentaron tuvo mayoría, todas salieron negativas, y, por lo tanto, no hay al respecto ninguna posición contraria que nos pueda condicionar nuestro futuro como integrantes de la Jutep”, resaltó.
Asimismo, Asti mencionó que existe un documento que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados le pidió a la Universidad Católica del Uruguay, en el que “hay una posición muy similar” a la que la Jutep manejó, que es “que no hay incompatibilidades y sí prohibiciones en lo que respecta al artículo 200 de la Constitución”.