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Archivo 2020.

Foto: Ernesto Ryan

Antirracismo y reparación en la agenda afrodescendiente

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Ante los planteos de distintos colectivos y el inminente cambio de gobierno, el futuro ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se mostró partidario de profundizar las medidas afirmativas ya existentes y remarcó que existe una “deuda histórica” con la población afro.

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A diferencia de 2019, la denominada agenda de derechos no fue prioridad en la campaña electoral del Frente Amplio (FA) ni de los partidos nucleados en la coalición de gobierno. Así como las posturas y propuestas del movimiento feminista y LGTB, las de la comunidad afrodescendiente no estuvieron en la discusión política en la primera y segunda vuelta.

Pero más allá de esas decisiones políticas de excluir estos asuntos del centro de la campaña, siguen y continuarán estando presentes, en especial con los planteos y reclamos de organizaciones sociales y desde la interna de los propios partidos, y requerirán respuestas de parte del gobierno y los dirigentes políticos en general.

Puertas adentro de los partidos –en especial del FA–, activistas afrodescendientes buscan que el gobierno que asumirá el próximo 1° de marzo tenga una fuerte impronta antirracista y tome medidas de reparación para la población afrodescendiente (el 12,6% de la población, según cifras del último censo) que mejoren sus condiciones de vida, dado el amplio conjunto de datos que dan cuenta de una situación de rezago en aspectos económicos, educativos, de salud y acceso a la vivienda, entre otros, con respecto a la población no afro.

En tanto, organismos internacionales con oficinas en el país comparten el mismo diagnóstico en cuanto a las condiciones de desigualdad de la población afrouruguaya y la necesidad de políticas públicas que las reviertan.

“El foco, según lo que establece el programa del Frente Amplio tiene que estar en una política que, además de visibilizar esa injusticia estructural, aporte activamente a tratar de que no se reproduzca”, dijo a la diaria Gonzalo Civila, quien desde el 1° de marzo estará al frente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el organismo rector de las políticas públicas en lo referido a afrodescendencia.

A varias de las personas afrodescendientes que militan en los partidos políticos se les hace difícil lograr que en ellos esta temática tome relevancia y se asuma como una prioridad. Se mueven en ámbitos políticos donde siempre son minoría y muchas veces son la única persona afro presente en reuniones en las que puede haber decenas de participantes. En las discusiones políticas, el racismo y las consecuencias de la trata esclavista en la población afrouruguaya que muestran los estudios no prenden con la intensidad y urgencia que consideran necesaria.

“Una de las cosas que me importa decir en las entrevistas es que cuando me ves no es sólo a mí, porque nosotros somos un colectivo, no somos un producto personal, somos un producto de todas y de todos. O sea, probablemente si bien soy yo la que estoy hablando y pueda haber algunas otras visiones, también lo que yo digo es producto de mi colectivo”, dice Alicia Esquivel, activista afro desde hace décadas y referente de la Comisión Afrodescendiente Antirracista del FA, al iniciar la conversación con la diaria. Se muestra confiada en que haya fuertes avances en las políticas públicas para la población afro en el próximo gobierno, aunque reconoce que el asunto genera resistencias propias de la falta de conciencia o negación del racismo estructural existente en Uruguay.

Esquivel no rehúye a la autocrítica, dice que “nuestra población afro está cada vez peor, los gobiernos frenteamplistas disminuyeron la pobreza, pero muy poco la brecha de desigualdad entre afros y no afros”. Agrega que el actual gobierno cortó con muchas de las acciones que se venían llevando a cabo y que la pandemia tuvo consecuencias más negativas para la población afro que no fueron atendidas.

“Yo no digo que no se siga estudiando, buscando e investigando, pero tenemos muchos diagnósticos” sobre la población afrodescendiente, por lo que ahora es necesario “la medicina y el tratamiento a hacer”, dice Esquivel.

Y ese camino –sostiene– pasa por plantearse “algo que a veces cuesta mucho y es la necesidad de políticas antirracistas”. Dice que hay que generar conciencia en la sociedad y en el Estado, que este tenga una definición antirracista, porque de lo contrario, con suerte, se podrán mejorar casos puntuales de grupos o personas –y desea que eso también ocurra–, pero no una mejora de la situación general. “Desde la comisión estamos planteando que debemos tener una mirada antirracista en las políticas públicas” que incluya un plan diseñado con acciones y seguimiento para evaluar y modificar lo que sea necesario, indicó.

Para esto Esquivel considera que es necesario incluir el derecho a la reparación, “que es difícil de entender para muchas personas”, porque además no hay una receta ni un protocolo para ello, sino que debe hacerse “a la uruguaya”. Reconoció que este planteo, si bien estuvo presente en el Congreso del FA, generó resistencias. “No hay justicia sin reparación, vivimos hablando de la deuda histórica y las deudas se pagan, entonces hay que plantearse las reparaciones en el próximo gobierno con políticas públicas antirracistas que no sólo son económico-financieras y que no son sólo individuales, sino a veces colectivas, territoriales, y no son suficientes medidas de carácter simbólico sino también redistributivas”.

Según Esquivel, un foco es reducir la pobreza infantil, un asunto que sí estuvo en el centro de la campaña electoral y que es de un porcentaje muy superior en la población afrodescendiente. “Esos niños no nacen de una maceta, sino que nacen en hogares pobres y esos hogares pobres en general son monoparentales femeninos, que en buena medida son de mujeres afro. Entonces, sin dejar al resto de lado, tenés que focalizar en este lugar, porque si no lo hacés en los hogares de esas mujeres afrouruguayas, vas a seguir teniendo un porcentaje altísimo de niños pobres, porque son el porcentaje más alto y al que se suma población migrante, en especial, de países caribeños con alto porcentaje de afrodescendientes”.

Para Rosa Méndez, afrodescendiente, militante del Partido Nacional y directora de Promoción Sociocultural del Mides, la pobreza infantil afrodescendiente debe ser prioridad en las políticas públicas y espera que así sea en la próxima administración, ya que sobre todo la primera infancia fue un tema muy presente en la campaña del FA y la coalición de gobierno.

“La brecha racial que tenemos entre afro y no afro en las niñeces es muy grande, es alarmante y lamentablemente no se ha podido focalizar y ni siquiera se ha nombrado. Tampoco he escuchado en la nueva administración que hablen del enfoque étnico-racial en las políticas de infancia, lo que me parece un gran error”. Méndez cree que es necesario poner énfasis en medidas redistributivas, acompañadas de otras acciones, y menciona como ejemplo que la pobreza infantil no es sólo de los niños sino de las personas que están a su cargo, en un número importante, mujeres afrodescendientes.

Civila: es un tema prioritario

El futuro ministro de Desarrollo Social considera que “indudablemente” la situación de la población afrodescendiente es un tema prioritario, al que las bases programáticas del FA dedican un espacio importante. “Hay en primer lugar una preocupación por una desigualdad y un racismo estructural que existe en la sociedad uruguaya, que más allá de la percepción que podamos tener sobre el tema, está presente y se refleja en muchos indicadores. Ahí hay evidentemente una deuda histórica con las poblaciones afrodescendientes y también con otras poblaciones históricamente marginadas de espacios de poder y también desfavorecidas en la distribución de los recursos, de la riqueza y de los ingresos del país”.

Afirma que esto tiene componentes educativos, culturales, y de transformación de las estructuras que generan esa desigualdad, y que allí hay un objetivo que se puede concretar a partir, por un lado, de medidas afirmativas –algunas que existen se deben profundizar, dijo– y, por otro, a través de distintas políticas públicas que incorporen este enfoque.

Civila destacó que la mirada debe ser de transversalidad. “No se puede pensar el abordaje de este tema como específico de un ministerio o de un organismo” más allá de que el Mides tiene un rol muy relevante. “Desde el espacio y la responsabilidad que nos toca, vamos a velar por esa transversalidad de la política y por dar cumplimiento a los lineamientos que están planteados en el programa de FA”.

Otro foco será el de la multiculturalidad, adelanta Civila, y este será de “reconocimiento de la diversidad cultural que existe en el país”, lo que consideró una riqueza que Uruguay tiene y sobre la que hay que investigar. “Poder pensar esa multiculturalidad del país y su potenciación en el reconocimiento de las diferencias, pero a su vez en la integración y en el encuentro, me parece que también es un lindo desafío y está planteado en esos términos en el programa del FA”.

Fuera de campaña

Rosa Méndez dice que es muy difícil hacer entender estos temas a los dirigentes políticos, que en su gran mayoría son hombres blancos.

“Es horrible, te lo digo como mujer afrodescendiente que comenzó la gestión pública en el Mides, donde empecé a ver algunas cosas de otra manera porque tenés mayor información, tenés que estudiar mucho y aprender de quienes estuvieron y están. Y lo que me pasó es que cada vez que tengo que explicar el tema de la afrodescendencia, primero no hay un reconocimiento de la discriminación racial. Es muy difícil que las personas que no son afrodescendientes, a veces incluso algunas personas afrodescendientes, reconozcan el racismo. Ahí partimos de la base de que hay un desconocimiento y una desvalorización de lo que se está diciendo. Me ha pasado de estar horas explicando y recordarles que soy un ser humano también. Entonces, es como cansador y agotador explicarlo, porque también se genera mucha resistencia en la otra parte, eso es algo atravesado a nivel histórico y cultural, y es dificilísimo”.

Dice que no le llamó la atención que la situación de la población afrodescendiente no fuera parte de los temas de la campaña electoral. “Lo planteé en la interna de mi propio partido para que entre en el programa, se habló pero después no estuvo. No escuché a nadie, ni de la coalición republicana a la cual pertenezco, ni tampoco a los demás partidos, nombrar en ningún momento la población afro. Sin embargo, en esta oportunidad es la primera vez que vi más referentes afrodescendientes en las distintas listas de los partidos políticos, pero no discusión sobre la temática. A nosotros ni siquiera nos llamaron hasta para debatir, el asunto no existió en la campaña”.

Al igual que a Rosa Méndez, a Esquivel no le sorprendió, pero sí le “dolió y molestó” que el tema afrodescendiente no estuviera en la agenda durante la campaña electoral, porque “si no estamos en agenda, no existimos”.

“Lo que estamos poniendo en debate es que el modelo político tome este tema, que se plantee, además de todas las desigualdades de clase y de género. Que hagamos esta corrección sin dejar a este colectivo atrás, con un proceso de transformaciones realizables”. Esquivel dice que “cuando hablamos de estas cosas con compañeros y compañeras las resistencias son brutales, y cuando vos tenés cargos de gobierno y lugares de decisión estás luchando por el poder; nosotros trabajamos de diferentes maneras y mucho en lo personal, en grupos chicos, y ahí empiezan a destaparse capas y capas de racismo para ir desmontando”.

“Esto no es sólo una demanda del colectivo afro, le hace bien a la sociedad toda y por eso tenemos que instalar el tema. En el programa del FA metimos mucho de lo nuestro, aunque en la campaña no se ancló ni se habló sobre acciones directas”. Pero cree que hay una sensibilidad mayor que se encauzará en medidas en diferentes áreas tras desmantelar discursos y preconceptos que niegan el racismo que existe. “Por ese camino tengo esperanzas fundadas de que vamos a caminar y lograr resultados”, concluye.

Cooperación internacional

El Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) hizo una serie de estudios en los últimos años que muestran las desigualdades de la población afro en diversas áreas (ver recuadro).

Juan José Meré, asesor del Unfpa, dijo que el foco del organismo estuvo en tener un diagnóstico sobre los puntos neurálgicos en cuanto a la población afrodescendiente, con un compromiso en el abordaje de su calidad de vida, sus derechos y desarrollo, enmarcado en el Primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes. “Es un esfuerzo de reconocimiento de las deudas e injusticias históricas con la población afrodescendiente, también con otros colectivos, como ha sido el caso con las personas con discapacidad, y entonces generar acciones específicas, obviamente apoyando a los actores nacionales, la sociedad civil y los gobiernos departamentales”.

“La situación obliga al país y a todos los actores involucrados, incluyendo la cooperación internacional, a redoblar los esfuerzos, a continuar el diálogo y a comenzarlo con la nueva administración para poder establecer una cooperación estable y sostenida que permita revertir estas brechas étnico-raciales de desigualdad”.

Santiago Scialabba es especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial (BM) y trabaja con proyectos en Uruguay, Paraguay y Argentina. Dice que Uruguay es un referente regional en temas de inclusión social, que en las últimas décadas tuvo una legislación enfocada en grupos que históricamente sufren discriminación.

Pese a esos avances en legislación y gasto social, estudios del BM indican que hay grupos “históricamente excluidos” como la población afrodescendiente, sobrerrepresentada en la población pobre, con desventajas en temas como acceso a la salud, empleo y vivienda. Scialabba señala que esta exclusión abarca una dimensión geográfica, con mayor concentración de pobreza y vulnerabilidad en la parte del norte del país y en la periferia de las ciudades más importantes del país, incluyendo Montevideo.

Dice que no hay una sola receta de políticas públicas para romper con los ciclos de pobreza crónica, pero que hay que tener conocimiento de la población, las causas de su exclusión y diseñar estrategias. Afirma que se debe actualizar información con los resultados del censo y diseñar políticas efectivas y focalizadas integrales que aborden la exclusión multidimensional y que trasciendan las transferencias monetarias (que considera importantes porque colaboran en mantener a parte de la población fuera de la pobreza monetaria) que ataquen la profundidad de la exclusión, que es cultural y no sólo económica, y que incluye la discriminación y la falta de oportunidades.

Hace énfasis en la necesidad de políticas integrales, multidisciplinarias y que promuevan la participación de la población afrodescendiente con voz y voto en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas que aseguren que sean parte de los temas que la afectan.

Meré sostiene que cuando uno trabaja con políticas afirmativas en torno al empleo y la educación en afrodescendencia, discapacidad o con personas trans, “no está trabajando exclusivamente para revertir las desigualdades de la población afro, trans o con discapacidad. Está trabajando en la constitución de una sociedad más inclusiva, más democrática, más productiva, y que les da oportunidades a todas las personas, más allá de su orientación, de su color de piel, de toda característica personal o particular”.

“El resultado del entendimiento de este tema es la adhesión de todas las personas, el gesto cotidiano de cada ciudadano para acabar con el racismo, con el capacitismo, con la homofobia. Entonces, esto no es beneficio, es reparación, la reparación de una injusticia histórica. Y por eso Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 2024, hace apenas poco más de un mes, proclamó el Segundo Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes. Con más razón que nunca son necesarias las acciones de reparación, de justicia, de reconocimiento, de desarrollo”, comenta Meré.

Brechas de desigualdad étnico-racial

El porcentaje de personas que se identifican como afro o negras aumentó de 8,1% en 2011 a 10,6% en 2023, según los datos del último censo realizado en Uruguay el año pasado. Los departamentos con mayor proporción de personas afrodescendientes son: Rivera, Artigas, Montevideo, Salto y Tacuarembó.

Un informe del Unfpa concluye que la exclusión socioeconómica de los afrodescendientes en Uruguay es persistente y multifacética. Entre 2006 y 2023, la incidencia de la pobreza monetaria en los hogares afrodescendientes ha sido sistemáticamente más del doble que en los hogares no afrodescendientes. Aunque en la última década se observaron descensos en los niveles generales de pobreza, la crisis derivada de la pandemia de covid-19 intensificó estas desigualdades y afectó de manera desproporcionada a los afrodescendientes.

La inclusión productiva de los afrodescendientes en Uruguay enfrenta obstáculos significativos, reflejados en la participación laboral, los niveles salariales y la calidad del empleo. Las mujeres afrodescendientes enfrentan las mayores desventajas, ya que sufren una doble penalización debido a la intersección de género y raza. Esto se refleja en mayores tasas de desempleo, salarios inferiores y una representación desproporcionada en el trabajo doméstico o no calificado. Además, la inserción temprana de los afrodescendientes en el mercado laboral informal, especialmente entre los jóvenes, limita sus posibilidades de acumular capital humano y acceder a mejores oportunidades a lo largo de sus vidas.

A esto se suma que la inclusión política de los afrodescendientes es limitada, con una representación mínima en cargos de decisión tanto en el sector público como en el privado. Esto afecta la capacidad de los afrodescendientes de influir en políticas públicas que aborden sus necesidades específicas. Además, el marco regulatorio vigente no ofrece garantías en términos de eficacia y de protección suficientes a las víctimas de discriminación étnico-racial, indica el informe.

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