Fernanda Cardona, ministra de Industria: “El escenario de mínima es suspender la reglamentación de la ley de medios”

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Fernanda Cardona asumió la semana pasada como ministra de Industria, Energía y Minería. Se trata de un ministerio que conoce en profundidad, ya que fue directora general de Secretaría en el tercer gobierno del Frente Amplio (FA). En el último período, fue una de las caras visibles de la oposición en las empresas públicas; en concreto, se desempeñó como directora en UTE.

Una de las primeras tareas que realizó durante su primera semana en el edificio de avenida Libertador fue revisar la reglamentación de la ley de medios, un decreto que había firmado Luis Lacalle Pou 16 días antes de culminar su gestión. Al pedir información, se encontró con un documento técnico de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones que hacía múltiples observaciones al proyecto y que fue ignorado por las autoridades salientes. Por lo tanto, le propondrá al presidente Yamandú Orsi que frene la reglamentación porque entiende que hay “elementos técnicos y formales” que revisar.

En entrevista con la diaria, Cardona habla de proyectos que fueron anunciados por el gobierno de Lacalle Pou, pero “que, por la vía de los hechos, no existieron”, como el de hidrógeno verde de la empresa HIF Global, y adelanta que, con las condiciones que fueron anunciadas y negociadas con el gobierno saliente, “no va a salir”.

También evalúa que “en estos cinco años las empresas públicas perdieron” y cree que “un común denominador fue que la inversión pública fue sólo a favor del privado”. Y, adelanta, que “eso tiene que revertirse”.

¿Cómo ves el panorama actual de la industria?

Yo creo que empeoró, sobre todo por la noticia que tuvimos en medio de la transición [el cierre de Yazaki]. Tuvimos sólo dos reuniones con el ministerio saliente, dejamos 50 preguntas antes de terminar diciembre, de las cuales más de la mitad no están respondidas. Es muy gráfico lo que estoy diciendo, uno no puede entender cómo puede trasladarse la realidad de una cartera, que tiene todas estas áreas estratégicas para Uruguay, en sólo dos reuniones y algún documento. Lo de Yazaki es otro ejemplo muy gráfico. Nos encontramos con la noticia de que casi 1.200 personas se iban a quedar sin trabajo en el interior del país. Entonces, no hubo un pienso a nivel territorial y no hubo un pienso de medidas específicas dirigidas a determinadas industrias, porque uno no puede pensar un plan de industria nacional sin pensar en lo que necesita la gente en cada lugar. Ese es uno de los pilares que establecí la semana pasada cuando asumí como ministra. El presidente Yamandú Orsi nos pidió, y por supuesto que comparto cien por ciento, que tenemos que tener presencia en el territorio, escuchar las necesidades de la gente y, con base en eso, elaborar la política nacional, si no, estamos elaborando una entelequia o algo muy teórico que después cuando lo vas a aterrizar a territorio y a la necesidad de la gente, no tiene aplicación. Entonces, este gabinete viene con una idea muy pragmática de la industria nacional. No tenemos tiempo –y así lo ve el presidente– de estar elaborando grandes diagnósticos y demorar un año en eso. No tenemos tiempo porque hay gente desempleada, hay gente que no llega a fin de mes, y la mayoría son mujeres en todo el país, son jefas de hogar.

El caso de Yazaki se suma al de otras empresas que están cerrando a nivel nacional. ¿Han pensado en alguna medida para impedir los cierres de manera abrupta por parte de las multinacionales?

Hace una semana, cuando asumí formalmente, anuncié dos medidas vinculadas a este tema. Una tiene que ver con impulsar un observatorio que había dejado la anterior administración [del FA], que buscaba que fuera permanente. ¿Por qué? Porque teníamos que tener un mapeo permanente de la realidad de Uruguay, sobre todo considerando el mercado. Uno ve a parte del gabinete saliente diciendo que este es un mercado costoso, que no tiene competitividad. Lo dijo [Walter] Verri con lo de Yazaki. A mí me llamó mucho la atención que el subsecretario saliente hiciera esas declaraciones y que tuviera conocimiento de la realidad de Yazaki y en las reuniones de la transición donde estuvo presente no me lo hubiera dicho como un tema a trabajar. El Estado tiene que estar viendo el bosque, es el que tiene la responsabilidad de tener toda la información y trabajar con todos los actores del sistema. El observatorio nos tiene que permitir adelantarnos a esa realidad y que no nos pase que la bomba nos explote en la cara y no hayamos tenido un diagnóstico previo. No nos podemos permitir más no prevenir en la industria, no sólo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y ese es otro de los ejes que planteo, que es la integración regional. Si tengo el mapeo, pero no sé hacia dónde va Brasil o Argentina, no tiene sentido. Y el otro punto es que elaboramos el acto administrativo de llamar a un Consejo de Industria, que tenga participación de todos los actores, y que fue una de las preocupaciones y de las solicitudes de los sindicatos que tuvimos en la transición.

En las bases programáticas del FA se habla de “ajustar los mecanismos de promoción de inversiones”. En concreto, ¿qué pensás que se debería modificar de la ley de inversiones?

Tenemos un diagnóstico y sabemos que las inversiones tienen que pensarse a nivel nacional y con estrategia; tenemos que poder direccionar las políticas. Lo que vimos en estas semanas de institucionalidad real es que existen instrumentos o herramientas financieras y económicas que se habían dejado de la antigua administración y que de alguna manera perdieron el criterio de cuál era la política o el espíritu de ese instrumento. Nos pasa con fondos sectoriales, fondos específicos, fondos creados para innovación. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo, y lo comparto plenamente, que 80% de las empresas no innovan en tecnología. El diagnóstico tiene que darnos la alarma de que evidentemente los instrumentos que teníamos no estaban funcionando como creíamos que tenían que funcionar. Si para la industria láctea doy un fondo creado específicamente para innovación y desde el Estado no chequeo que realmente ese fondo se haya ido en lo que pretendí y no mido el resultado de esa inversión, evidentemente no estoy haciendo bien mis deberes.

En materia de inversiones para el quinquenio, ¿han empezado conversaciones o se ha hablado de una posible instalación de UPM3?

Por ahora no. Estamos siendo muy cautelosos con proyectos que tienen esa envergadura. Algunos se habían anunciado por parte del gobierno que se va y no existieron, como el de hidrógeno verde. Se anunciaron hace dos años en una coyuntura en que muchos departamentos, particularmente Paysandú, requerían empleo, y en la vía de los hechos no existieron.

¿A qué te referís con que no existieron? El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, terminó renunciando luego de que el gobierno resolviera que la petrolera estatal debía renunciar a su derecho de participar en el proyecto de hidrógeno verde de HIF Global.

Tuve una primera reunión con la empresa en noviembre del año pasado, aún siendo directora por la oposición, cuando ya había un resultado electoral. Hasta ese momento, estando en UTE, no tenía conocimiento de ninguna negociación. Cuando me reúno con ellos en noviembre, me cuentan cuál era su idea y les digo que había condiciones que para el gobierno entrante o para mi fuerza política no eran de recibo. A su vez, me entero en ese momento de que tampoco tenían financiación todavía, ni la tienen. Entonces, por eso digo que hay una responsabilidad en un anuncio a la opinión pública, no sólo nacional, sino internacional, de un proyecto que, en la vía de los hechos, no había avanzado. Firmar un MOU [Memorando de Entendimiento] y decir que hay una “intención de...” me parece que es una irresponsabilidad. Lo ato con la pregunta de UPM y lo que digo es que hay que ser muy cuidadosos con los proyectos nacionales, porque primero tienen que tener una línea base técnica y de diagnóstico. Cuando digo ‘técnica’ tiene que ver con el triple impacto [de los proyectos de industria] en lo ambiental, lo social y lo económico. También es necesario saber cuál es la realidad de ese negocio antes de anunciarlo. No se concretó ninguno de los proyectos de hidrógeno que se anunciaron, ni los grandes ni los chicos que tenían que ver con vehículos, con carga y demás.

¿Y entonces en qué situación está el proyecto de HIF actualmente?

No hay una decisión de inversión de parte de Ancap y de ALUR. Hubo un memorándum por el cual renuncia el presidente en representación del Partido Colorado en Ancap porque no estaba de acuerdo con haber quitado una de las cláusulas que eventualmente iban a permitir que el Estado decidiera si participaba en el negocio. Con UTE fui una de las defensoras acérrimas de que en esas condiciones no podíamos firmar nada y de hecho no ha salido nada todavía. Lo que estamos es atando cabos y viendo cuál es la realidad de los proyectos que se habían anunciado, que nos dimos cuenta de que no existen al día de la fecha. Con las condiciones que hoy se anuncian o que se negociaron con el gobierno saliente pero no están firmadas, este gabinete no está de acuerdo, así que en esas condiciones no va a salir.

En materia de combustibles, el gobierno de Lacalle Pou introdujo un nuevo sistema de fijación de precios. ¿Tienen pensado continuar con ese sistema o revisarlo?

El de los combustibles es uno de los grandes temas que se vienen analizando en la transición, sobre todo considerando la normativa que el gobierno saliente dejó. Hoy la LUC [ley de urgente consideración] no nos deja mucho margen respecto del plazo que uno puede considerar para fijar el precio, es decir, podríamos pasar de un mes a dos, y eso no nos mueve la aguja en ese sentido. Eso nos tiene que hacer replantearnos cuál es la composición de ese precio y cómo podemos ayudar en esa composición. El precio del combustible no tiene mucho margen y tiene muchos actores en el medio, y lo que hay que analizar es cómo vamos a jugar con cada uno de esos actores para que sea lo más equilibrado posible, incluyendo a Ancap como empresa pública. Estamos trabajando en analizar la composición del precio y con los actores que están en el medio para que realmente haya una revisión real del tema.

Otro de los temas en los que la gestión anterior de Ancap intentó avanzar fue en el negocio del pórtland, que hace décadas registra pérdidas. ¿Has pensado con las nuevas autoridades de la empresa pública alguna alternativa?

El tema del pórtland es uno de los temas a trabajar con Ancap, porque además lo habíamos trabajado en el gobierno anterior del FA. En lo personal, lo que me pasó con el tema del pórtland es que estoy queriendo entender qué me faltó de la película. Me quedé con una idea de cuántos hornos teníamos, de la cantidad de trabajadores que tenía la industria y de cuál era el mercado en 2019. Lo que me pasó ahora es que me perdí una parte, en el sentido de que tenemos algunos actores privados que entraron a jugar en el mercado y lo que estamos haciendo es un diagnóstico. ¿Por qué puede ser un mercado o nicho para algún privado y no pasó así con Ancap? Los trabajadores nos han dicho que están con el mínimo imprescindible de trabajadores para pórtland, es decir, están en el momento de mayor crisis de personal en ese tema y hay que ser muy quirúrgicos en las decisiones que tomemos con ese diagnóstico, considerando que son puestos de trabajo, que puede ser un golpe a la industria nacional. También nos tenemos que preguntar para qué, cuál es la realidad de la demanda y qué nichos podemos generar a nivel nacional e internacional. Esto toca a otras carteras, porque no podría pensar en pórtland sin pensar en Vivienda, entonces tenemos que trabajar en salidas en conjunto prontamente, dejar de ver al Estado como compartimentos estancos y dejar de ser ineficientes.

La discusión sobre una nueva ley de medios se dio durante casi todo el período de gestión anterior. La normativa finalmente se aprobó y a mediados de febrero se reglamentó. ¿Hay intenciones de revisarla?

Ya la revisamos. En lo personal, uno de los temas de esta semana fue una reunión particular por la reglamentación de la ley de medios, donde tomé conocimiento de que los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones habían tenido su propia opinión del tema y habían hecho observaciones al proyecto que estaba discutiéndose. La dirección saliente no consideró ese informe, contrató a un estudio particular y con ese informe se elevó esa reglamentación récord, sin considerar que se tenía por lo menos tres meses más para poder trabajar ese tema. Las fechas coinciden en que se tomó la decisión antes de que el gobierno entrante asumiera. Eso es algo objetivo. Por lo tanto, voy a elevar un informe a Presidencia de la República y al presidente en el cual voy a transmitir que lo que creo que tenemos que hacer, como un escenario de mínima, es suspender la aplicación del decreto de reglamentación de la ley, porque encontramos elementos técnicos y formales que tienen que ser de resorte de análisis en el tiempo que nos quede, para honrar esos plazos de parte de Presidencia de la República y el presidente Orsi. Por ejemplo, hay tres artículos que exceden o que establecen condiciones que no están ni siquiera en la ley. Eso me comprende incluso hasta como abogada, porque no debería pasar. El reglamento debería ser un complemento de lo que la ley establece. Si yo me exorbito en lo que la propia ley dijo, es técnicamente cuestionable. Después está la pregunta de por qué me exorbité y por qué dije en la reglamentación récord lo que no decía la propia ley. Te doy un ejemplo. Se modifica que las empresas que están pidiendo autorizaciones acrediten su personería o su composición con el estatuto y que lo hagan sin un certificado notarial. Y desde el punto de vista notarial, a mí me cambia sobremanera eso. Porque el estatuto no me dice quién tiene la composición actual. Toca otros artículos, no sólo de la reglamentación, sino de la ley. Esto es necesario para saber ni más ni menos quiénes son los responsables de los medios. Entonces, eso es un tema técnico que voy a presentar la semana que viene a Presidencia. La propuesta personal va a ser esa, pero por supuesto que el presidente de la República y el equipo analizarán el resto de las cuestiones que entiendan pertinentes políticamente y con la seriedad que estamos teniendo en todos los temas.

¿Esto incluye revisar la autorización para que los cableoperadores puedan utilizar la fibra óptica de Antel para vender internet?

Está dentro de todo lo que implica la reglamentación. Nosotros tenemos que poder buscar equilibrios nacionales. En lo personal, y sé que el presidente en eso me acompaña, queremos que todos los actores participen y que haya equilibrios. Cuando el gobierno saliente decía que había competencias desleales de parte de las empresas públicas, por ejemplo, en el caso de Antel o de UTE, no decía que había competencia desleal respecto de las empresas públicas. Es decir, ellos mismos no cumplían con su máxima de defender la competencia leal, porque si vas a poner un mercado de competencia y lo vas a defender, permití que todos los actores compitan de verdad, no de manera desleal. Lo que pasó es que la competencia iba en contra de las empresas públicas. Lo de compartir infraestructura es un ejemplo claro de eso. En UTE también pasó lo mismo. ¿Las empresas públicas pueden generar inversión con la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones]? Es un tema que tenemos que discutir con Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque ahí sí tenés parámetros claros de competencia. No puede ir la competencia en contra de lo público y sólo a favor de lo privado. Si es la competencia, es la competencia para todos. En estos cinco años las empresas públicas perdieron y creo que un común denominador fue que la inversión pública fue sólo a favor del privado. Y eso tiene que revertirse. ¿Estoy diciendo con esto que no juego con los privados? No, no estoy diciendo eso. Porque tenemos sendos ejemplos en que los gobiernos del FA anteriores trabajaron con los privados y hubo inversiones públicas y privadas. Pero no puede quedar afuera el Estado, ni las empresas públicas.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, planteó la necesidad de generar una política de riego a largo plazo. ¿Qué tendría que incluir esa propuesta?

Ya tuvimos reuniones con el ministro Fratti y con empresas privadas que están interesadas en el tema. Escuchamos propuestas que tienen, e incluso nos proporcionaron información que nos pareció absolutamente de interés, porque hay algunas empresas que tienen un mapeo de eventuales requerimientos de riego a nivel nacional. Eso hay que relacionarlo sí o sí con UTE, porque no puede haber riego sin líneas eléctricas que lo sostengan. Entonces ahí hay otro ejemplo de articulación pública que es absolutamente necesaria, y a la primera conclusión que llegamos con el ministro Fratti es que tenemos diferentes situaciones. Por ejemplo, hay demandas de riego en determinados lugares que pueden tener un tipo de solución y tenemos demandas de riego en otras partes del país que pueden tener otra. Ese tema lo había anunciado el presidente no sólo en campaña sino en las 48 medidas que se presentaron en Colonia. El riego es una política nacional que se anunció y en la que ya estamos trabajando los ministerios correspondientes. Hay un ecosistema que deberá trabajar necesariamente en conjunto –Economía y Finanzas, Ambiente, Transporte– para tener un plan nacional que realmente tenga todas las aristas que necesarias y que sea sostenible en el tiempo.

¿Qué va a pasar con la ley de riego vigente de 2017? ¿Qué evaluación hacés de la normativa?

Yo distingo dos planos, y esto capaz que es por mi formación. Uno tiene que ver con normas que establecen criterios, objetivos y una dirección hacia dónde tenemos que ir, y después tiene que haber una ejecución de la política pública, y para eso estamos nosotros. Entonces, con el conjunto de normativa que tenemos, que quedó de la administración del FA, con el diagnóstico que estamos haciendo de las realidades que estamos viendo de todas las carteras, hay que tomar decisiones. Capaz que la decisión más rápida no viene por tocar en este momento la ley o discutirla. Hay un desvelo que tiene este gabinete y que el presidente de la República lo ha comunicado y son los tiempos que tenemos para la gente. No tenemos tiempo. Ya lo dijo el ministro [Gabriel] Oddone el otro día, estamos siendo muy serios en cómo analizamos con qué contamos y muy serios en cómo manejamos el tema para, justamente, dar la tranquilidad de que lo estamos trabajando con responsabilidad. Pero también tenemos una realidad que hay que gestionar en este momento. Entonces, todo viene a la vez, los recursos con los que contás, las necesidades de la gente, y ahí tenés que ver cómo sos más eficiente.