En una investigación titulada Urbanismo neoliberal: barrios privados en Uruguay, el especialista en urbanismo Marcelo Pérez Sánchez presenta una radiografía de los 84 barrios privados que existían en Uruguay hasta la confección de ese trabajo académico (2020). En la definición que presenta, señala que se trata de áreas destinadas al uso residencial, separadas del resto de la ciudad por vallas, muros o formas sutiles de cierre perimetral, que restringen o impiden la libre circulación a los no residentes y que, por lo general, “cuentan con infraestructura, reglamentos y equipamiento privado, además de vigilancia propia y otros servicios urbanos”.
La discusión sobre la promoción o no de estos enclaves urbanos está en el seno de la izquierda desde hace varias décadas, debido a los efectos sociales que producen y los que los causan. Sin embargo, en la práctica han sido promovidos en Canelones, uno de los bastiones históricos del Frente Amplio (FA), y resistidos en Montevideo en su forma más cerrada, pero habilitados en una modalidad semicerrada.
En las bases programáticas del FA a nivel nacional, el asunto de los barrios privados se trata directamente. Según se señala, las sociedades democráticas se “reflejan” en la “democracia de sus espacios públicos”, y se puntualiza que los “hábitats cerrados” o barrios “tipo burbuja” reproducen y “potencian las diferencias sociales entre los diferentes sectores y generan más segregación”.
“La segregación socioespacial es un proceso progresivo que va en el sentido contrario a la construcción de una sociedad de iguales”, apunta el programa, e insta a “evitar la construcción de barrios o enclaves cerrados”. “Se deberá evitar la autoexclusión en enclaves cerrados (barrios privados o cualquier eufemismo)”, reafirma.
En Montevideo, el programa aprobado la semana pasada va en línea con lo propuesto a nivel nacional. El texto indica que el próximo gobierno capitalino deberá “prestar especial atención” a las desigualdades territoriales y “continuar firmemente en el camino de desestimular procesos que generan segregación socioterritoriales y desigualdades territoriales, evitando la creación de barrios cerrados”.
Uno de sus lineamientos plantea: “Evitar procesos que generan segregación sociourbana y desigualdades territoriales, como la creación de barrios cerrados o la apropiación de espacios públicos por grupos que por vivir en las inmediaciones de plazas o espacios de interés condicionan el uso de estos para el resto de los usuarios”.
En la capital hay coincidencia entre los candidatos en que Montevideo debe continuar con esta política. Salvador Schelotto señaló, en diálogo con este medio, que su visión es la del programa nacional y departamental y defendió los instrumentos de ordenamiento territorial que le ponen “condicionantes” al desarrollo de este tipo de edificaciones. “En principio la gestión territorial debe apuntar a la ciudad pública”, dijo.
Germán Benítez, coordinador del comando de Mario Bergara, dijo a este medio que están “alineados” con el programa del FA, pero introdujo un matiz al decir que se “entiende” cuando se promueven estas urbanizaciones en “términos de la inversión” y los puestos de trabajo que crean. De todos modos, señaló que son proclives a buscar “otras formas” para incentivar las inversiones “que no tienen que ver con la creación de estos entornos”.
La preocupación en este ámbito tiene que ver con el “vaciamiento” de las zonas céntricas del departamento (que se ha visto, por ejemplo, en los datos del Censo 2023, que muestran una migración de la población montevideana hacia la costa) y con el hecho de que se forman áreas urbanas con servicios e infraestructura pero “vacías”. Esa será una de las apuestas que promoverá Bergara: producir una “redensificación” de las áreas céntricas del departamento.
La discusión en Canelones
En Canelones, la construcción del programa derivó en una discusión interna sobre qué aspectos incluir sobre este tema en el texto programático. Uno de los aportes que surgió en el intercambio con las bases planteaba “limitar” la “generación de barrios privados”, “promoviendo los espacios urbanos más democráticos e integrados”.
Según supo la diaria, ese aditivo no fue acordado y finalmente la expresión que quedó plasmada en las bases programáticas es más general. Allí se plantea que se continuará con la implementación de instrumentos de planificación territorial que regulen el uso del suelo, y se especifica: “Buscaremos proteger áreas naturales y culturales, fomentando un crecimiento sostenible y equilibrado en todo el departamento, priorizando los espacios urbanos más democráticos e integrados y promoviendo la formación de urbanizaciones incluyentes que mitiguen la desigualdad territorial”.
Otro de los aditivos planteados por las bases sugería incluir una redacción similar a la del programa nacional, que habla de “evitar” estas construcciones. En la redacción final, y según supo este medio, se entendió que esa visión era contemplada con lo establecido anteriormente.
En entrevista con la diaria realizada a mediados de marzo, el candidato único del FA por Canelones, Francisco Legnani, defendió los instrumentos de ordenamiento territorial del departamento que logran que este tipo de urbanizaciones estén “localizadas en determinados lugares”, específicamente en el este, entre el Aeropuerto Internacional de Carrasco y la costa.
Consultado sobre si es factible que el departamento tenga más zonas destinadas a este tipo de barrios, Legnani dijo que, “en la medida en que se cumpla con la normativa”, no tendrá “problemas” en “considerarlo o aprobarlo”. Asimismo, señaló que se deben buscar los “porqués” de esas construcciones y aventuró que estos habitantes buscan mayor seguridad.