Barrios privados

Red Unión de la Costa afirma que quien suplantará a Leonardo Herou en la subsecretaría del Ministerio de Ambiente integra una de las consultoras “que tiene más solicitudes de autorizaciones ambientales” ante la cartera, hecho que “podría influir en su función pública".

Vinculadas directamente con la segregación territorial, estas urbanizaciones han sido cuestionadas por la izquierda, pero en la práctica han sido promovidas en Canelones y aceptadas en Montevideo con algunas resistencias

El nacionalista insiste con que si es electo intendente terminará con el “clientelismo” político en la comuna canaria, al no renovar 50% de los contratos directos, lo que ahorraría “30 millones de dólares en cinco años”

La comuna deberá presentar un decreto que habilite su construcción ante la Junta Departamental; Lima remarcó que su aprobación “daría una fortaleza en el arranque de este tipo de inversiones”, que espera que “puedan llegar más seguido”

El abogado, propuesto por el PS para competir en mayo, propone un mayor involucramiento del gobierno departamental para garantizar el acceso a la vivienda y afirma que en su perfil “está priorizar lo social por sobre otras cosas”

Si bien se puede hacer estimaciones de este incremento, no existen registros oficiales que agrupen a estos territorios ni tampoco criterios que los definan

En sus bases programáticas, la fuerza política prevé medidas para aplacar la “emergencia habitacional”, como la creación de un régimen paralelo de alquileres y “estudiar” la Ley 18.795 para evitar las “operaciones inmobiliarias meramente especulativas”

La firma detuvo tres obras y argumenta no tener fondos para abonar a los obreros; la organización sindical se comunicó con el Ministerio de Trabajo y solicita que “alguien se haga cargo de la situación”

Montevideo los prohíbe en su modalidad completamente cerrada, pero la mayoría de las intendencias los promueven

Ediles del FA señalaron que en el expediente no se acreditó la salida fiscal de la tierra y la anuencia de la Dinama y que, para su aprobación, se aplicó un decreto de la dictadura, a pesar de que fue derogado en 1994 por el intendente Burgueño.