Este martes, la comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene a estudio la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que está recibiendo diversas delegaciones para escuchar sus opiniones sobre la iniciativa, recibió a los arquitectos. Por separado, delegaciones de la Sociedad de Arquitectos y de la Asociación Profesional de Arquitectos, Diseñadores y Urbanistas cuestionaron ante los legisladores algunos aspectos del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo.
“En general, somos muy críticos con el proyecto que se presentó”, dijo a la diaria el presidente de la Sociedad de Arquitectos, Alberto Leira, al término de la comparecencia. Si bien valoró que “el gobierno se haya movido rápido para tratar de dar una solución” a la CJPPU -cuyas reservas, se estima, se agotarían en julio-, Leira advirtió sobre el “efecto negativo” que podría provocar el aumento de la tasa de aportación previsto en el proyecto, dado que “al hacer eso en una situación anterior, más gente se declaró en no ejercicio”.
Leira también cuestionó el nuevo gravamen que la reforma impone sobre los pasivos, quienes “ya están gravados por el IASS”, así como el ajuste de los timbres profesionales mediante una semisuma del índice medio de salarios y el índice de precios del consumo, “cuando [actualmente] las jubilaciones se ajustan por el índice de medio de salarios”.
Por otra parte, Leira señaló que entre los afiliados a la CJPPU “hay realidades muy distintas según la profesión” y, en tal sentido, propuso revisar el actual régimen de aportación. “Se está aportando sobre fictos y no específicamente sobre los ingresos; creemos que eso se tiene que rever y [también] reverse cómo se tiene que llevar adelante la fiscalización”, expresó. Bajo el sistema actual, sostuvo, “cuando ganás más no aportás por más, sino que te quedás en el ficto, entonces, ahí quienes están teniendo los mejores ingresos no están aportando de acuerdo a su realidad”.
Leira también consideró que en la discusión en torno a la CJPPU hay que “matizar” de alguna manera “cómo se puede ver a este colectivo desde la sociedad”. Aseguró que “no hay jubilaciones altísimas”, sino “dignas”, y destacó además “la importancia que tiene la formación universitaria para la sociedad”.
Sobre esto último, la presidenta de la Asociación de Arquitectos, Janet Rosenchtein, dijo a la diaria que, pese a que “la sociedad tiene esa imagen de 'mi hijo, el doctor'”, actualmente “esa no es la realidad de los [profesionales] independientes”. Rosenchtein también cuestionó el incremento de 18,5% a 22% de la tasa de aportación incluido en el proyecto. Afirmó que tras el último ajuste “a algunos ya se les hizo imposible pagar”.
El Colegio de Abogados “tiene una postura realista”, afirmó su presidenta
El Colegio de Abogados del Uruguay, en tanto, emitió el martes un comunicado dirigido a sus socios, luego de su comparecencia ante la comisión especial de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, el gremio sostiene que en este momento “sería irresponsable cualquier postura que no ponga foco en aprobar un proyecto que permita la continuidad de la CJPPU”, dada la “gravísima situación” que atraviesa el organismo previsional. En tal sentido, se advierte que, “de no mediar una solución”, en junio de este año la CJPPU “no podrá pagar las jubilaciones ni pensiones a sus afiliados y todos los aportes de los profesionales activos tendrán un destino incierto”.
En cuanto al contenido de la reforma, el gremio sostiene que el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo “es sensiblemente gravoso para los aportantes activos y pasivos”, aunque “también compromete el aporte del Estado para asegurar la sustentabilidad del instituto por 20 años”.
El Colegio de Abogados se opone al aumento “inmediato” de la tasa de aportación y sostiene que “el incremento de los aportes debe ser razonable, ya que de lo contrario los profesionales activos no podrán hacer frente a los mismos”, lo que a su vez “puede resultar en un aumento significativo de declaraciones juradas de no ejercicio”.
Asimismo, el colectivo pide “atender la situación de los profesionales jubilados”, dado que “la contribución que se establece a su cargo los coloca en una situación de vulnerabilidad, porque ven impedidas sus posibilidades de generar otros ingresos”. El proyecto establece para los jubilados profesionales un nuevo impuesto que oscilará entre 2% y 12% en función del nivel de ingresos.
En definitiva, el Colegio de Abogados subraya en el comunicado que su posición es de “extrema responsabilidad” ante “la situación que atraviesa la CJPPU tomando en cuenta el escaso margen que existe para encontrar soluciones”. El gremio señala que el proyecto actualmente en consideración “es el único que cuenta con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”, conforme a lo que establece la Constitución, lo cual “no quita que el mismo no fuera objetado por este colegio en cuanto a la situación en la que quedan los aportantes activos y los jubilados y a la ponderación de las posibles fugas de aportantes que perjudicarán directamente el sistema”.
La presidenta del Colegio de Abogados, María Laura Capalbo, sostuvo en el Parlamento que el gremio “tiene una postura realista”. “Obviamente, en otras circunstancias no estaríamos de acuerdo con este proyecto, pero nuestra posición siempre fue la razonabilidad y estamos tratando de que la Caja sobreviva”, manifestó Capalbo, según consta en la versión taquigráfica.
Los directores electos de la CJPPU rechazaron la reforma
Los arquitectos no son los únicos que han sido críticos con la reforma en el Parlamento. La semana pasada, el propio directorio de la CJPPU manifestó su rechazo a la iniciativa “en términos generales”. La postura contraria del directorio fue aprobada por unanimidad entre los cinco directores electos; tuvo los votos discordes de los dos directores designados por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo al acta de la sesión, la vicepresidenta de la CJPPU, Virginia Romero, cuestionó el aumento de la tasa de aportación. Señaló que actualmente 70% de los cotizantes está en las categorías más bajas del sistema de fictos, “con lo cual es evidente que aumentar al 22,5% va a continuar con esta tendencia”.
Con respecto al nuevo gravamen sobre los pasivos, el director de la CJPPU electo por los jubilados, Odel Abisab, sostuvo que el planteo “es imponerle a quien no puede defenderse una quita que no tendrá más remedio que soportar”. Lo cual, “desde el punto de vista conceptual, aparte de lo que eventualmente pueda tener de ilegal e inconstitucional, es de una injusticia manifiesta”.
Asimismo, Abisab cuestionó que el IASS que pagan los jubilados profesionales se destine al Banco de Previsión Social (BPS) y no a la CJPPU. “Estamos poniendo dinero, siendo parte de una entidad deficitaria operativamente, en otra entidad (...) No le vamos a sacar al BPS; estamos tratando o querríamos, porque nos parece justo y lógico, que el BPS deje de sacarle a la Caja de Profesionales”, manifestó.