El Ministerio de Defensa Nacional resolvió sancionar a cuatro jerarcas de la Armada Nacional, entre ellos el excomandante en jefe Jorge Wilson, por faltar a la verdad en el intercambio de información sobre la autorización del pago correspondiente al segundo hito del contrato con el astillero español Cardama, destinado a la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV), y por haber tomado de forma unilateral la decisión de realizarlo.
Tal como adelantó en primera instancia el periodista Eduardo Preve en X, la sanción surgió del trabajo de un equipo de “confianza” designado por la ministra, encargado de “recopilar la información necesaria para el proceso que llevó a la adjudicación”, indicó Lazo en entrevista con Informativo Sarandí.
De acuerdo a lo informado por El Observador, los otros tres jerarcas sancionados son los contralmirantes Miguel de Souza, director general de Finanzas, y José Ruiz, director general de Material Naval, y el capitán de navío Marcelo da Silva, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Wilson. Los jerarcas recibirán sanciones de arresto a rigor por la falta.
La ministra explicó que, durante el proceso de transición, su equipo solicitó acceso al contrato y a la información técnica adjunta, que fue entregada por las autoridades salientes. Al asumir encargó a integrantes del equipo que “conocieran en qué estaba el proceso de la construcción” de las patrullas, en el entendido de que “tenía que tomar decisiones a corto plazo, porque se sabe que se iban cumpliendo hitos, ante los cuales había que entregar sumas de dinero importantísimas”.
Así es que “surgieron versiones” de que el excomandante Wilson había liberado el pago del segundo hito del contrato, afirmó la ministra, quien, en ese momento, decidió esperar “que llegara el expediente”. El 20 de marzo fue informada de que el pago se había liberado y “no era una decisión que pasaba por el ministerio, sino que efectivamente se habían pagado los más de ocho millones de dólares respectivos”. Para Lazo, “no podía pasar que se tomaran decisiones por personal legítimo sin el consentimiento de la ministra de Defensa Nacional”.
“Se liberó el dinero sin que el expediente llegara nunca, nosotros nos enteramos después de que eso sucedió, y bueno, la verdad es que entendemos que no es una decisión que se toma unilateralmente”, sostuvo la ministra. En ese marco, el 24 de marzo Lazo resolvió conformar el grupo de trabajo, compuesto por “adscriptos y asesores desde el orden jurídico, político y técnico”, explicó.
Entrevistada por Doble click, Lazo explicó que algunos jerarcas fueron sancionados por haber tenido “una posición indisciplinada” al brindar información al grupo de trabajo: algunos demoraron en la entrega de “información o documentación que estaba en su poder”, mientras que “entendimos que [otros] nos volcaron información falsa”, dijo la ministra. En el caso del excomandante en jefe, “entendimos que faltó a la verdad” en el intercambio que se hizo con los representantes de la ministra.
Esto ocurrió cuando el grupo de trabajo indagó en los motivos por los que Wilson no le informó a la ministra sobre la liberación del pago del segundo hito durante una reunión que mantuvieron pocos días antes de su asunción, relató Lazo en Informtivo Sarandí. En ese momento se respondió que “la orden aún no había sido firmada”, pero, al consultar a la Armada, el equipo de trabajo comprobó que la orden había sido firmada al mediodía y la reunión había sido en la tarde.
Lazo aclaró que “la resolución de estas sanciones no son sobre el proceso” de adjudicación de la construcción a Cardama. Indicó que el grupo de trabajo también se reunió con representantes del astillero español, que “se comprometieron a mantener un intercambio fluido de información”.
Actualmente, señaló Lazo, “el grupo está analizando la última información encontrada”, que ha sido difícil de recopilar, más allá de que el exministro Armando Castaingdebat “entregó la información”, acotó la titular.
La compra de los dos buques OPV por 82,2 millones dólares fue resuelta en la gestión del exministro de Defensa Nacional Javier García en julio de 2023, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia de la Armada Nacional. El Frente Amplio ha sido crítico del proceso de adquisición de los patrulleros oceánicos desde un principio por “la forma desprolija en que entendimos que se dio”, recordó esta mañana la ministra: “Lo calificamos en algún momento como poco transparente”, acotó. Además, entiende que la opinión técnica “faltó bastante en todo este proceso”.
La adjudicación a Cardama motivó en su momento el cuestionamiento de la empresa estatal China Shipbuilding Trading Company porque los requisitos del llamado ganado por el astillero español no estuvieron definidos. Asimismo, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, quien estuvo a cargo del análisis de las ofertas para la adquisición de los buques y ubicó a Cardama en último lugar, adelantó su pase a retiro.