En los próximos días, en medio del período de 90 días que el Poder Ejecutivo acordó con el consorcio privado Aguas de Montevideo para “renegociar” el contrato firmado por el anterior gobierno para la construcción del proyecto Neptuno, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y la agrupación Tucu Tucu presentarán una nueva acción judicial contra la iniciativa, que pretende construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José), con una toma de agua en el Río de la Plata, para abastecer al área metropolitana.
Las organizaciones sociales están trabajando -una vez más- con el Consultorio Jurídico y la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que todavía no ha terminado la redacción del escrito. El abogado Juan Ceretta indicó a la diaria que se trata de un juicio de nulidad contra el contrato firmado por la anterior administración, el cual, sostuvo, es violatorio de la Constitución de la República.
“La nulidad de un contrato se debe pedir en un juicio ordinario; los jueces comunes pueden declarar nulo un contrato”, explicó Ceretta; a modo de ejemplo, apuntó que “si vos firmás un contrato con un empleado tuyo para que labure 20 horas al día, eso es nulo, porque viola la ley de ocho horas”. En este caso, aunque el texto “está firmado por las partes”, hay “un contrato nulo por violar la Constitución”, afirmó.
En diálogo con la diaria, María Selva Ortiz, referente de Redes-Amigos de la Tierra e integrante de la CNDAV, sostuvo que el contrato que el actual gobierno se dispone a modificar con el consorcio privado es “inconstitucional, ilegal e inconvencional”. Inconstitucional, “porque va contra el artículo 47” de la Constitución; ilegal, “porque va contra una cantidad de leyes”; e inconvencional, “porque va contra una cantidad de convenciones internacionales que el país ha ratificado, una de ellas, el Acuerdo de Escazú”, expresó Ortiz.
El artículo 47 de la Constitución, cuya redacción proviene del plebiscito constitucional de 2004, establece, entre otras cosas, que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
En tal sentido, antes del traspaso de mando, el actual ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había señalado a la diaria que el modelo de funcionamiento del proyecto Neptuno implica “una gestión pública y privada”. “Pública porque OSE opera la planta, pero privada porque el privado opera la toma de agua, la etapa inicial del proceso, que la Constitución dice que debe ser un servicio público”.
Ortiz señaló que actualmente no hay ninguna acción judicial en curso, dado que, tras la firma del contrato, el pasado 23 de enero, las organizaciones sociales resolvieron no seguir con el proceso que habían iniciado en la órbita civil. No obstante, Ortiz señaló que la presentación de la nueva acción judicial “es inminente” y apuntó que el escrito “va a estar acompañado de una medida cautelar de no innovar en relación al comienzo de obras mientras se procesa el juicio”.
Movus pide la anulación del contrato
Por su parte, y en línea con la CNDAV y la agrupación Tucu Tucu, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) manifestó a través de un comunicado que los contratos “inconstitucionales” no deben renegociarse por las actuales autoridades, sino anularse.
En el caso del proyecto Neptuno, el colectivo señala que el Poder Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi “dejó en claro su voluntad de cumplir los contratos firmados”, a pesar de que “diferentes voceros del actual gobierno han aceptado la inconveniencia del lugar elegido por las empresas para el proyecto”, así como también han cuestionado “lo caro de la financiación aceptada en el contrato y la insuficiencia del proyecto para asegurar el suministro de agua a la población”.
Según el Movus, desde el punto de vista técnico, “los únicos a favor del proyecto son los técnicos contratados por el consorcio para defenderlo, en contrario a la opinión de la academia”. El colectivo señala que “existen fuertes razones para oponerse” a la iniciativa desde “lo ambiental y técnico”, entre ellas, “la inseguridad del Río de la Plata como fuente de agua para la potabilización y la salinidad en la zona”.
Con todo, al margen de “estos argumentos racionales y fundados”, el Movus sostiene en el comunicado que “la razón para no seguir adelante con el contrato firmado es la ilegalidad del mismo, que lo hace nulo, como dispone el artículo 1560 del Código Civil”, en vista de que el contrato firmado “cede a la empresa privada parte del servicio público de agua potable”, lo cual “viola principios fundamentales de la Constitución”.
“El acceso al agua es un derecho humano y debe permanecer bajo la gestión pública para garantizar su distribución equitativa y sustentable”, subraya el Movus.